En el marco de Enade, el ministro Jorge Quiroz cuestionó la lentitud en la dictación de sentencias y reveló gestiones reservadas con la magistratura para inyectar recursos a los tribunales especializados. Sin embargo, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, precisó que el rezago no se limita al ámbito medioambiental, advirtiendo que el presupuesto actual “no es del todo suficiente” para responder a las exigencias orgánicas de la judicatura ordinaria.
Durante la XLVIII versión del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), desarrollada en el centro de eventos Metropolitan Santiago y que marcó la primera intervención del gobierno del Presidente José Antonio Kast en dicho foro económico, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dirigió duros cuestionamientos a la oportunidad de las resoluciones judiciales en el país. Bajo la premisa de impulsar la inversión y destrabar proyectos claves para la economía, el secretario de Estado puso la lupa en la gestión de los tribunales ambientales.
Al abordar la tramitación de las iniciativas de inversión, el jefe de las finanzas públicas planteó abiertamente: “Qué tremendo el tema judicial”. Acto seguido, Quiroz reveló ante los empresarios las gestiones directas que sostuvo semanas atrás con el Poder Judicial para abordar la excesiva demora en la resolución de causas. “Bueno, ¿qué hay que hacer? Con el máximo respeto, hay que ir a hablar con el Poder Judicial, que es lo que yo hice hace un par de semanas. Con el máximo respeto por la independencia del Poder Judicial, y pude conversar con la Presidenta de la Corte Suprema y al respecto, y también lo tengo escrito para ser muy preciso”, expuso la autoridad.
En su intervención, el titular de Hacienda detalló que el objetivo de la cita con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue “plantearle la situación que se está presentando en los tribunales ambientales en relación con la oportunidad en la dictación de las sentencias que están en estado de fallo. Hay muchas sentencias en estado de fallo que están esperando, esperan meses”. Asimismo, añadió que “por lo que me indicó la presidenta, que se están adoptando las medidas para superar el atraso que también había sido detectado por la Corte Suprema y no solo en la competencia ambiental, y esto es muy importante, sino también respecto a las causas que se tramitan en los tribunales ordinarios de justicia a través de un plan destinado a entregar una justicia oportuna y de calidad”. Frente a dicho escenario, Quiroz ofreció disponer de fondos públicos para tareas de automatización, información y contratación de abogados.
La respuesta de Chevesich
Pese a que el canal institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ya se encontraba abierto, la decisión del ministro de ventilar públicamente el problema ante el auditorio empresarial no fue bien recibida en los pasillos de los tribunales. Consultada sobre el tema, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, optó por evitar la confrontación directa pero fijó la posición de la magistratura frente a las exigencias del Gobierno.
La ministra confirmó que se fijarán nuevos encuentros de trabajo: “Próximamente me voy a volver a reunir con la ministra visitadora y después con el ministro de Hacienda y la ministra del Medio Ambiente para ver cómo se puede apoyar el trabajo de dichos tribunales”. No obstante, Chevesich aprovechó la oportunidad para enfatizar que el problema de la oportunidad en los fallos es transversal a la administración de justicia y no responde únicamente a la judicatura ambiental.
En ese sentido, la máxima autoridad del Poder Judicial, según consignó La Tercera relató que en la misma reunión con el jefe de Hacienda expuso la compleja realidad de los tribunales ordinarios. “También le hice presente que hay atraso en la oportunidad de los fallos en los tribunales ordinarios de justicia, por múltiples razones, como por ejemplo que la dotación ha sido insuficiente y no ha sido reforzada de manera orgánica”, sostuvo Chevesich. De esta manera, la presidenta del máximo tribunal le remarcó al ministro que los recursos financieros disponibles en la actualidad “no son del todo suficientes” para cerrar la brecha de personal y responder a la demanda ciudadana.
El rezago en los tribunales especializados es bien conocido al interior de la Suprema. En la cita reservada participó también la ministra Jessica González, magistrada visitadora de los tribunales ambientales y quien maneja un informe cuantitativo sobre el atraso en la redacción de sentencias, en el que se concluye la necesidad de reforzar las plantas con más abogados escribanos. A la par, Chevesich lidera desde hace meses el despliegue del denominado plan “tablero Quantum”, herramienta orientada a monitorear y acelerar la oportunidad en los procesos judiciales a nivel nacional.
El llamado al Tribunal Constitucional por la Ordenanza de Urbanismo
El Poder Judicial no fue el único órgano jurisdiccional aludido por el titular de Hacienda durante Enade. Quiroz dedicó parte de su discurso a criticar la presentación efectuada por parlamentarios, alcaldes y el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).
Si bien el ministro aseveró que “respaldamos absolutamente la institución del TC, entidad llamada a resolver nuestras más altas controversias que conciernen al Estado de Derecho”, advirtió que “no cualquier discrepancia de política pública puede ser llevada a esta sede, porque si vamos a empezar a llevar cualquier nueva decisión de política pública a la sede del TC, lo que vamos a hacer es traumatizar nuestra vida pública y tensionar una institución que tiene un rol tremendamente importante que cumplir”.
En esa línea, el jefe de Hacienda enfatizó que “el TC no es la sede para discusiones de mera legalidad, particularmente leyes, perdón, decretos en este caso que han sido tomados de razón después de un largo periodo de consulta. No es ese el lugar, como ocurre con la impugnación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Para eso están los tribunales ordinarios, las cortes, la Contraloría”. Finalmente, reiteró que la magistratura constitucional debe abocarse a dirimir las más altas controversias del Estado de Derecho y “no a traumatizar la vida social impugnando cada decisión de política pública del gobierno”.
