El desglose de 33 de los 56 decretos exentos tramitados por el Ministerio de Justicia revela que las reducciones favorecieron a hombres sentenciados por abuso sexual y violación a niños, niñas y adolescentes, con penas originales que promediaban los 8,7 años de cárcel. Los actos administrativos fueron firmados mayoritariamente por el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva, e incluyen a figuras mediáticas como el pastor evangélico conocido como “Hermano Quelo” y un exmilitar.
A medida que se conocen los detalles de las decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el alcance de las reducciones de pena concedidas a 56 condenados por delitos de connotación sexual en contra de menores de edad comenzó a revelarse en el plano documental. Tras la divulgación del contenido de 33 de estos decretos por parte de Radio Bío Bío, se establecieron los perfiles de los favorecidos, la cuantía de los beneficios otorgados y la cadena de autoridades que visaron los actos exentos.
El análisis de los 33 expedientes conocidos hasta ahora da cuenta de que la totalidad de los beneficiarios corresponde a hombres sancionados por ilícitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Del grupo, 18 sujetos fueron condenados por el delito de abuso sexual, siete por violación y los ocho restantes por la concurrencia de ambos ilícitos. Las penas privativas de libertad impuestas originalmente a estos 33 acusados promediaban 8,7 años de presidio, situándose en un rango que abarca desde los 541 días de cárcel hasta una condena de 22 años y un día de presidio por estupro, abuso sexual y violación. En términos generales, la escala de castigos se concentraba entre los 5 y los 10 años de privación de libertad.
Respecto de las reducciones concedidas, según datos consignados por La Tercera los descuentos de condena fluctuaron entre los tres y los 30 meses. Al promediar las rebajas otorgadas en estos 33 casos, la disminución efectiva de la pena alcanzó los 14,7 meses. El beneficio de menor cuantía, correspondiente a tres meses, le fue otorgado a Juan José Soto, sujeto condenado a 541 días de cárcel por abuso sexual infantil, cuya pena final quedó fijada en 451 días.
La cadena de subrogancia y los firmantes de los decretos
La revisión de las resoluciones administrativas permitió identificar a las autoridades de la cartera que plasmaron su firma en los documentos, descartando que el proceso estuviera concentrado exclusivamente en el titular del ministerio.
De los 33 actos exentos analizados, un total de 22 decretos fueron firmados directamente por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Por su parte, otros 10 decretos llevan la firma del subsecretario de la cartera, Luis Silva. En tanto, un único decreto fue suscrito por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, actuación que obedeció al cumplimiento estricto de un fallo judicial que ordenó la dictación del acto. A estos se suman tres decretos que, según dio a conocer el medio Interferencia, fueron visados por el jefe de la División Judicial, Patricio Cuevas.
La presencia de distintas autoridades en los documentos responde al orden de subrogancia legal del ministerio. Dicha cadena establece que las resoluciones corresponden a la firma del ministro Rabat, pero en caso de ausencia de la autoridad titular, la subrogación recae en el subsecretario Silva. Ante la eventual ausencia de ambos, asume el subsecretario Mira. En el caso de Cuevas, su intervención se produjo durante los meses en que se desempeñó como subrogante de la Subsecretaría de Justicia.
Entre los 22 decretos rubricados por el ministro Rabat figura la rebaja concedida a Luis Alberto Caamaño Mora, condenado a 22 años de cárcel, así como el de Germán Leas, sentenciado a 20 años de presidio por violación y abuso sexual, quien obtuvo un descuento de 36 meses de condena. El resto de los decretos visados por el secretario de Estado abarca penas que oscilan entre los 5 y los 22 años de presidio. En la nómina de diez casos firmados por el subsecretario Silva, la pena de mayor cuantía corresponde a Juan Aceval, condenado a más de 12 años por abuso sexual a un menor, quien recibió un descuento de 27 meses.
Prontuarios mediáticos
Entre los nombres contenidos en las resoluciones administrativas figuran sujetos cuyas condenas habían generado impacto público al momento de ser juzgadas.
Uno de los casos corresponde a Luis Alberto Caamaño Mora, de 75 años, conocido como el “Hermano Quelo”. A fines de 2005, el pastor evangélico de Talcahuano ingresó a prisión preventiva en la cárcel El Manzano tras ser imputado por la Fiscalía Regional del Biobío por delitos de violación, estupro y abusos sexuales contra tres menores de edad, de entre 10 y 16 años. En su rol de líder religioso, Caamaño decía a sus víctimas que obtendrían “salvación eterna” si no denunciaban los abusos, hasta que el padre de una de las afectadas presentó la denuncia formal. Tras convertirse en referente religioso en los módulos del penal, fue condenado a penas que sumaban 22 años y un día de presidio. Su beneficio consistió en una rebaja de 30 meses de condena mediante un decreto firmado por el ministro Rabat.
Otro de los favorecidos es Gabriel Hernán Reyes Rebolledo, de 80 años, quien cumplía una condena de 15 años de presidio en el Centro de Detención Preventiva de Petorca por violación y abuso sexual de un menor de 14 años, pena que comenzó a ejecutar en enero de 2014. En abril de 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus, Reyes solicitó un indulto conmutativo argumentando padecer hipertensión arterial y mantener una “conducta muy buena”, petición que fue rechazada al determinarse que su vida no corría peligro. El sujeto registra además antecedentes penales por el delito de robo con fuerza.
La lista incluye asimismo a un exuniformado. El 17 de febrero de 2015, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes condenó a José Luis Hernández Paredes, en ese entonces cabo activo del Ejército, a la pena de 16 años de cárcel por los delitos de violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico. El imputado fue procesado por el Ministerio Público tras abusar de dos hijas de compañeros de armas de entre 6 y 7 años, agresiones que se prolongaron por cerca de cinco años al interior de una vivienda facilitada por el regimiento y en las que el agresor entregaba obsequios a las víctimas para evitar ser descubierto.
Pese a los antecedentes conocidos, el Gobierno aún no difunde la totalidad de los 56 decretos dictados por la cartera ni ha precisado el estado procesal actualizado de cada uno de los beneficiados.
