La Segunda Sala del máximo tribunal debió posponer los alegatos destinados a revisar el recurso del Ministerio Público y del CDE tras la marginación de la ministra María Teresa Gajardo. La magistrada dio un paso al costado por sus menciones en la arista Nombramientos del caso Hermosilla, trama en la que también figura el abogado defensor Samuel Donoso.
La Segunda Sala de la Corte Suprema debió reprogramar la vista de la causa y los alegatos destinados a resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para revertir las restricciones impuestas al peritaje de los teléfonos celulares incautados en el caso Junaeb. La ofensiva del Ministerio Público busca que el máximo tribunal anule los mecanismos de control fijados por la Corte de Apelaciones de Santiago y restablezca el acceso pleno a los chats y antecedentes contenidos en los dispositivos de autoridades y abogados indagados por presuntos actos de corrupción en licitaciones de alimentación escolar.
Sin embargo, la audiencia programada en el palacio de tribunales sufrió una suspensión a raíz de la inhabilitación presentada por la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Gajardo. La magistrada decidió restarse de la deliberación tras confirmarse su inclusión en una nómina de 18 funcionarios e intervinientes judiciales investigados por la Fiscalía Regional de Valparaíso en la causa sobre presuntas irregularidades en designaciones del Poder Judicial, derivada del denominado caso Hermosilla.
El cruce con la “arista Nombramientos”
El punto de intersección entre la causa que indaga a la Junaeb y la arista de interferencias en nombramientos judiciales se configuró a través del abogado Samuel Donoso, quien representa al imputado Darío Calderón y lidera la estrategia procesal para limitar el acceso a los teléfonos móviles de los investigados. Donoso figura en los chats y conversaciones seguidas por la fiscal de Valparaíso, Paola Castiglione, junto a los juristas Luis Hermosilla, Mario Vargas y Gabriel Zaliasnik.
En esa indagatoria paralela, la fiscalía especializada requirió al Ministerio de Justicia los antecedentes administrativos de 12 nombramientos para pesquisar la eventual comisión de delitos de “cohecho, prevaricación y violación de secreto”. En dicho listado la ministra Gajardo ocupa el octavo lugar, lo que motivó los cuestionamientos en el foro jurisdiccional por el hecho de no haberse inhabilitado previamente, toda vez que en septiembre pasado la magistrada había pronunciado la admisibilidad de una acción de amparo presentada por el propio Donoso en el expediente de la Junaeb.
La pugna de fondo sobre el peritaje telefónico
Superada la recomposición de la sala en el máximo tribunal, la contienda jurídica que deberán resolver los ministros apunta a examinar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió parcialmente los recursos de amparo promovidos por los parlamentarios Sergio Gahona y Miguel Calisto, además del abogado Darío Calderón. Si bien la resolución de alzada no prohibió la extracción de datos por parte del Ministerio Público, fijó plazos acotados de revisión y exigió establecer controles judiciales para eliminar cualquier información de carácter privado o ajena a los hechos investigados.
La estrategia de la Fiscalía y del CDE ante la Corte Suprema persigue revocar dichas exigencias al considerar que condicionan la trazabilidad de la prueba en una causa de alta complejidad. La investigación penal, conducida por la Fiscalía Oriente, busca esclarecer presuntos pagos e irregularidades contractuales en beneficio de la empresa Soser por servicios de alimentación que no habrían sido prestados efectivamente.
