En una declaración pública en el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast admitió que “el Estado les falló” a las víctimas tras la controversia desatada por las 56 reducciones de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. A pesar de las presiones del Congreso por la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, el Mandatario respaldó su continuidad para encabezar la revisión caso a caso de las resoluciones e impulsar un proyecto de ley que cierre de forma definitiva los resquicios administrativos.
En una vocería entregada pasadas las 10:00 horas desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast abordó directamente el impacto político e institucional provocado por la firma de decretos exentos que otorgaron rebajas de pena a 56 condenados por delitos de abuso sexual y violación contra niños, niñas y adolescentes. Flanqueado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el titular de la Segpres, José García Ruminot; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, el Jefe de Estado reconoció el proceder como un “error” de la Administración y anunció un paquete de medidas urgentes para paralizar y revertir los beneficios.
Al iniciar sus palabras dirigidas a las víctimas y sus familias, el Mandatario enfatizó que “no hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel, ninguna”. En esa misma línea, el Jefe de Estado asumió la responsabilidad institucional manifestando que “a esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno que va más allá del Poder Ejecutivo”.
Revisión caso a caso, suspensión y reforma legal
Frente a la viabilidad de retrotraer las decisiones ya adoptadas, el Presidente informó la paralización inmediata de todas las solicitudes pendientes y la activación de revisiones jurídicas sobre los decretos vigentes. “La solución no era dejar que esto siguiera pasando, por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”, aseveró.
En la arista legislativa, el Ejecutivo adelantó que patrocinará las mociones presentadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, e ingresará una iniciativa propia para normar la materia. El proyecto buscará estructurar una prohibición explícita que, “sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño”, garantice que “nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena”. Sobre los ejes de la propuesta, el subsecretario Gonzalo Arenas precisó que el texto incluirá resguardos para el acompañamiento a las víctimas, reglas que descarten dudas sobre la aplicación retroactiva y la creación de tribunales ejecutores de penas.
El blindaje al ministro Rabat y los descargos del comité político
Pese a las exigencias opositoras y de sectores del propio oficialismo que presionaban por la renuncia del titular de Justicia por visar las resoluciones respaldándose en fallos previos de la Corte Suprema, el Mandatario descartó un ajuste en su gabinete. Al fundamentar la permanencia de Fernando Rabat, Kast contrapuso las opciones políticas señalando que “uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno. El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido”.
En esa perspectiva, el Jefe de Estado encomendó al propio ministro liderar las correcciones del sistema. “El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, recalcó. El Mandatario concluyó afirmando que “prometimos ser un Gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba, y vamos a estar a la altura, para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”.
Por su parte, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, matizó sus previas declaraciones donde tildó la tramitación de “impecable”, admitiendo que “quizás no fue la mejor expresión” y reconociendo que “humanamente, estamos en deuda”. Arenas añadió que “la comunicación a las víctimas, la participación de las víctimas en todo este proceso, sin duda que ahí hubo problemas humanos muy dolorosos”, confirmando que “el ministro Rabat está buscando una fórmula para suspenderlo”.
Paralelamente, el portavoz diferenció la falta administrativa de la evaluación política, planteando que “reconocemos no un error, sino un procedimiento que está mal hecho y que nosotros estamos comprometidos a mejorarlo en forma definitiva”, admitiendo además que “si se hubiese visto más políticamente, se habrían anticipado posibles reacciones políticas y advertir al Presidente en eso. Ahí quizás hubo un error”. Frente a la eventual acusación constitucional en el Congreso, Arenas aseveró que “el Presidente confía en el ministro Rabat” y advirtió que “si vamos a cambiar un ministro cada vez que nos amenazan con una acusación constitucional, esto sería una rotación gigantesca”.
