El Pleno del máximo tribunal concluyó sus jornadas de reflexión dando luz verde al marco regulatorio impulsado por el ministro Jean Pierre Matus y la Dirección de Estudios. La normativa proscribe el uso de algoritmos para valorar la prueba o redactar sentencias, pasa de un modelo individual a uno institucional bajo el control de la Comisión de Tramitación Electrónica y exige revisión humana obligatoria para todo apoyo técnico en los tribunales del país.
El Pleno de la Corte Suprema concluyó sus tradicionales jornadas de reflexión aprobando la primera política institucional sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial. La decisión se adoptó al cierre de la actividad tras una exposición a cargo del académico de la Universidad de Chile, Juan Domingo Velásquez, quien abordó el impacto técnico y ético de estas herramientas en el trabajo de los tribunales. Tras la deliberación, los ministros dieron el visto bueno a la propuesta elaborada por la Dirección de Estudios y el ministro Jean Pierre Matus, la cual derivará en la dictación de un Auto Acordado y una regulación oficial. Se prevé además que la presidenta de la magistratura, Gloria Ana Chevesich, informe públicamente los alcances del documento a los medios de comunicación.
El nuevo marco viene a complementar las directrices vigentes contenidas en el Código de Ética Judicial, elaborado por la ministra Adelita Ravanales, así como lo dispuesto en agosto mediante un oficio enviado a todas las jurisdicciones por los ministros Matus y Chevesich para fijar un marco “inicial que oriente la adecuada utilización de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial en el Poder Judicial”. La principal novedad de la propuesta aprobada radica en el cambio de paradigma, al pasar de un modelo de uso individual y desregulado hacia un esquema estrictamente institucional.
Del modelo individual al control de la Comisión de Tramitación Electrónica
A contar de la entrada en vigencia del documento, en la labor jurisdiccional y en los sistemas informáticos del Poder Judicial solo se podrán emplear herramientas de IA que cuenten con la autorización previa y expresa de la Comisión de Tramitación Electrónica. Dicha instancia evaluará detalladamente los fines específicos de uso, el tipo de información con la que se operará y las condiciones técnicas requeridas. Asimismo, la definición adoptada por los integrantes del máximo tribunal precisa que la IA es un sistema destinado a inferir resultados en función de la información proporcionada, excluyendo de dicho concepto las plantillas habituales, los modelos y los procesos de automatización.
En materia de resguardo de antecedentes, la política fija exigencias estrictas respecto de la información no pública. El texto prohíbe de forma categórica ingresar a herramientas de IA no autorizadas cualquier dato vinculado a proyectos de fallos o antecedentes personales de partes e intervinientes en procesos judiciales.
Prohibición de suplir la labor del juez y revisión humana obligatoria
En el plano funcional, el documento establece un catálogo de prohibiciones e incompatibilidades absolutas. La norma estipula que la tecnología no podrá bajo ninguna circunstancia decidir un litigio, reemplazar la función de ponderación y valoración de la prueba, ni asumir la fundamentación de resoluciones o sentencias judiciales.
De esta forma, la regulación exige que cualquier uso autorizado de IA requiera de manera indefectible la revisión humana directa. La Corte Suprema delimitó el alcance del instrumento permitiendo únicamente usos instrumentales de apoyo operativo a la gestión de los tribunales, proscribiendo los usos de carácter sustitutivo para asegurar que la decisión de cada causa permanezca bajo el arbitrio y juicio exclusivo del magistrado. Para orientar su aplicación, la institución disponibilizará una tabla de graduación de riesgos junto a un catálogo de sistemas autorizados.
Finalmente, considerando el acelerado dinamismo de estas herramientas, la política establece un modelo de gobernanza permanente encabezado por un Comité de IA, integrado por un ministro del máximo tribunal y representantes de las asociaciones gremiales del sector, el cual operará junto a un canal formal para recibir propuestas de pruebas, nuevos usos o proyectos piloto al interior de la magistratura.
