El Juzgado de Garantía de la comuna acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Ríos y decretó la medida cautelar más gravosa contra el jefe comunal Luis Reyes y el empresario constructor Héctor Meza. La indagatoria penal imputa la recepción de $36,3 millones en beneficios indebidos ligados a licitaciones municipales entre 2017 y 2022, a los que se añaden otros $90 millones depositados en efectivo en la cuenta personal del edil sin origen justificado.
En una extensa audiencia de formalización de la investigación, el Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del alcalde de la comuna, Luis Reyes Álvarez, tras ser imputado por la Fiscalía Regional de Los Ríos como autor de los delitos reiterados de cohecho agravado y lavado de activos. La misma cautelar privativa de libertad fue impuesta al empresario constructor Héctor Meza, a quien el ente persecutor formalizó por el delito de soborno, en el marco de una arista penal centrada en irregularidades registradas en procesos de licitación pública entre los años 2017 y 2022.
Al resolver la solicitud de cautelares planteada por el Ministerio Público, el magistrado de garantía concluyó que la libertad de ambos imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, además de constituir un riesgo para el éxito de las diligencias investigativas pendientes. En los pasajes centrales de su resolución, el tribunal enfatizó que la conducta atribuida al jefe comunal compromete gravemente la confianza pública, la probidad administrativa y la adecuada gestión de los recursos públicos.
El esquema de licitaciones
De acuerdo con la formalización sostenida por el Ministerio Público, el jefe comunal, quien cumple su tercer período al mando de la casa edilicia tras haber ejercido entre 2008 y 2021, habría recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos provenientes de tres proveedores y contratistas. El pago de dichos montos habría tenido como contraprestación la ejecución de gestiones contrarias a sus deberes funcionarios, orientadas a favorecer a las empresas en la adjudicación de proyectos municipales.
En el desglose patrimonial presentado por la Fiscalía, se precisó que de la cifra total de los beneficios indebidos, $27.860.000 corresponden a transferencias y pagos efectuados directamente por el empresario Héctor Meza para asegurar contratos con el municipio. A dicho flujo se suma la detección de cerca de $90 millones en depósitos en efectivo realizados en la cuenta bancaria personal del alcalde, cuyos fondos no cuentan con respaldo ni origen acreditado dentro de la contabilidad investigada. Según la hipótesis del ente persecutor, parte de estos recursos fue integrada al patrimonio de Reyes para el financiamiento de bienes y la cancelación de servicios personales.
Cautelares de menor intensidad para la conviviente y coimputados
La jornada de formalización abarcó además la situación procesal de otros cuatro imputados en la causa, entre ellos la conviviente del alcalde. Respecto de este grupo, el tribunal desestimó la aplicación de la prisión preventiva y resolvió sujetarlos a un abanico de medidas cautelares de menor intensidad.
En concreto, el juzgado dispuso las medidas de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma periódica ante la autoridad, además de decretar la prohibición absoluta de comunicarse entre sí mientras se desarrolle la investigación penal. Con las cautelares decretadas, la causa entra en su etapa de diligencias periciales y patrimoniales fijadas por el tribunal de garantía.
