Boris Hrzic Miranda
Jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos. Magíster en Derecho Penal. Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Los Lagos y de Derecho Probatorio de la Universidad Austral de Chile.
Una persona detenida tiene unos minutos para hablar con su abogado. A veces, esta conversación es un calabozo, otras veces en el pasillo de un tribunal. En ese tiempo, el imputado o imputada debe enterarse de qué se le acusa, qué puede ocurrir en la audiencia y qué viene después. En el segundo semestre de 2023, la Defensoría Penal Pública atendió a más de 82 mil personas imputadas con al menos una audiencia, y para casi todas ellas esa conversación fue el primer contacto con el sistema de Justicia.
Esa conversación es parte de la defensa y es tan importante como una buena defensa técnica. La mejor estrategia jurídica se vuelve bastante inútil si su destinatario no entendió qué se decidió en su nombre.
Por eso la entrevista merece el mismo entrenamiento que el litigio: debe enseñarse, practicarse y evaluarse.
Los datos de la propia Defensoría Penal Pública respaldan esta idea. En la auditoría externa de Ipsos de 2024, entre quienes conversaron con su defensor antes de la audiencia, los satisfechos superaron a los insatisfechos por 48 puntos porcentuales. Entre quienes no tuvieron esa conversación, esa ventaja se redujo a apenas 13 puntos: sin diálogo con su defensa, el descontento pesa mucho más. Esta distancia es mayor cuando pensamos en los resultados de la causa: en este caso, la percepción pasa de 2% a 32%: hablar con el abogado cambia incluso cómo se valora su trabajo técnico. Y una de cada cuatro personas no tuvo entrevista ni antes ni después de su primera audiencia.
El costo más alto lo paga el destinatario de la defensa. El profesor Mauricio Duce, de la Universidad Diego Portales, estudió el riesgo de condenas erróneas en los procedimientos abreviados y simplificados, donde la persona reconoce responsabilidad. En 103 audiencias observadas en Santiago, en al menos un tercio no hubo interacción alguna entre imputado y defensor; cuando la hubo, en la mayoría duró 30 segundos o menos y trató del monto de la pena, no de las consecuencias de aceptar el procedimiento. Duce describe además presiones a través de todo el sistema, como ofertas de pena atractivas y metas de gestión que empujan a cerrar casos en la primera audiencia. Su conclusión es inevitable: sin una entrevista que asegure que la persona entiende lo que acepta, la voluntariedad es una ficción y crece el riesgo de condenar a inocentes.
La única forma de ejercer efectivamente un derecho es entenderlo antes, y por eso escuchar bien se puede y se debe aprender. La medicina lo entendió hace décadas: el modelo Calgary-Cambridge descompone la consulta en habilidades que se observan y se corrigen, como presentarse, preguntar de lo abierto a lo cerrado, explicar en partes, comprobar que se entendió y cerrar diciendo qué viene. El paciente angustiado por un diagnóstico se parece mucho al imputado que llega detenido sin saber qué le espera. En Escocia, desde 2006, quienes aspiran a la licencia para ejercer como abogados son evaluados por clientes simulados: personas entrenadas que interpretan al cliente y califican la entrevista.
Chile ya tiene experiencias propias. En 2017, la Defensoría Regional de Atacama realizó un curso de entrevista simulada con un psicólogo de la Universidad Diego Portales y reportó una mejora clara en la satisfacción de sus usuarios privados de libertad; en la auditoría de 2018 obtuvo el primer lugar nacional. En 2019, Los Lagos hizo de la atención de usuarios uno de sus ejes y capacitó a abogados y asistentes en una adaptación de Calgary-Cambridge, a la que se le sumó el enfoque de género.
Debemos concentrar esas experiencias para favorecer su pedagogía. La nueva Academia Institucional de la Defensoría es el lugar natural para un módulo de atención usuaria adaptado a la defensa penal, con entrevistas simuladas y retroalimentación, dirigido a todo el equipo, porque asistentes y técnicos también atienden a las personas en oficinas, tribunales y cárceles. Y con medición: las auditorías anuales permiten seguir la entrevista antes y después de la audiencia, y así saber con datos si el entrenamiento funciona. Explicar una audiencia en lenguaje claro, sin tecnicismos, debería formar parte de ese entrenamiento.
Esa idea ya tiene un rostro cotidiano en Los Lagos: el proyecto de atención de usuarios a cargo de los y las postulantes en distintos tribunales de la región. Para quienes serán abogados es una formación en la práctica, porque aprenden a escuchar, a explicar y a acompañar antes de sentarse en una sala.
Para la institución es una política de atención usuaria hecha realidad: reconoce que las instancias de comunicación con las personas son un factor vital para sostener una defensa técnica integral, que no se limita a la audiencia. Esa defensa incluye la conversación posterior, que en 2024 solo tuvo un tercio de las personas a nivel nacional.
Quien aprende a escuchar antes de litigar sabe mejor qué defiende, y lo más importante, a quién.
