La aplicación administrativa de la Ley N° 19.856 a condenados por abusos y violaciones de menores desató una intensa controversia jurídica y política. Mientras el ministro Fernando Rabat argumenta que la cartera se limitó a acatar el criterio sentado por el máximo tribunal en recursos de amparo previos, parlamentarios de diversos sectores y la Defensoría de la Niñez cuestionan una concesión de oficio que elude la reforma legal de 2022.
Una profunda polimorfa institucional y parlamentaria se desencadenó tras revelarse que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos de abuso sexual y violación de menores de edad. Las resoluciones, dictadas mediante decretos exentos “por orden del Presidente de la República”, beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación, rechazando únicamente una solicitud dentro del periodo. La controversia se instala en el ámbito jurisdiccional y normativo debido a que ninguna de las rebajas respondió a un recurso de amparo u orden judicial directa dictada para cada caso en particular, sino que fueron concedidas y procesadas directamente en la vía administrativa por la cartera.
El procedimiento técnico involucrado se regula por la Ley N° 19.856, mecanismo en el cual Gendarmería de Chile elabora el listado anual de internos que cumplen los requisitos para que la Comisión de Reducción de Condenas califique su conducta. Posteriormente, la Secretaría Regional Ministerial respectiva verifica el cumplimiento de las exigencias y la División de Reinserción Social analiza el expediente antes de la firma ministerial. No obstante, el nudo del debate radica en la vigencia de la Ley N° 21.421, promulgada en 2022, cuerpo legal que modificó el estatuto penal para excluir de manera expresa a los autores de delitos sexuales contra menores de todo tipo de rebajas de pena o beneficios de reducción.
La tesis del ministerio: irretroactividad y acatamiento de la jurisprudencia
Al ser requerido por los fundamentos del criterio aplicado, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la actuación de la repartición se ajustó estrictamente a la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal del país. Según explicó el titular de la cartera, con anterioridad a la modificación de 2022 el ministerio solía denegar estas peticiones, pero la Sala Penal de la Corte Suprema comenzó a acoger de forma sistemática los recursos de amparo presentados por las defensas de los internos.
En esa línea, Rabat argumentó que la decisión administrativa consistió en asumir dicho criterio de forma generalizada. “La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el Ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó el secretario de Estado.
Al ser consultado sobre si no correspondía que cada condenado tramitara su pretensión de manera individual ante los tribunales de alzada, Rabat reiteró que “lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, enfatizando que “evidentemente usted tiene que acatar la doctrina que establece la Corte Suprema”. Respecto de la falta de difusión pública de las resoluciones, el ministro replicó: “¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución”.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, indicó no haber recibido antecedentes de las decisiones adoptadas en el Ejecutivo. “¿Ah, rebajas de condenas? Pero ¿en virtud de qué?”, señaló la magistrada, agregando de manera condicional que “el ministerio tendrá facultades y está ejerciendo la facultad a su respecto, no sé, en realidad; me gustaría tener más información, porque al respecto no he tenido”.
Oficio parlamentario, interpelación y cuestionamientos transversales
La revelación de los decretos generó una inmediata reacción en el Congreso Nacional. La Bancada de Diputadas y Diputados Indep-PPD formalizó un oficio dirigido al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva para exigir la nómina detallada de los 56 decretos exentos, precisando el RIT, RUC, tribunal de condena, fecha de los hechos, penas impuestas y si los beneficiados ya se encuentran en libertad.
La jefa de la bancada PPD e Independientes, Andrea Parra, cuestionó con dureza el actuar del Ejecutivo expresando que “El Ministerio de Justicia parece más el Ministerio de la Impunidad. Es incomprensible la rebaja de condena a 56 delincuentes condenados por abuso sexual y violación de menores. Por decreto se están burlando de las víctimas, y de todos quienes confiamos en la justicia”. En la misma postura, la diputada agregó que “violentan estas acciones inconsultas del Gobierno, que se llena la boca con seguridad, pero le da la espalda a mujeres y niños agredidos sexualmente. Oficiaremos para determinar todas las responsabilidades, desde el ministro Rabat hacia abajo”.
En tanto, el diputado e integrante de la Comisión de Constitución, José Montalva, planteó que “es gravísimo y por eso que como bancada vamos a solicitar las resoluciones, sus fundamentos y el criterio jurídico utilizado para considerar que no les era aplicable la exclusión de la ley 21.421 tratándose de delitos de esta gravedad. El gobierno debe transparentar si estaba legalmente obligado a conceder esta rebaja y demostrarlo caso a caso. Las víctimas y el país merecen una explicación clara”. Desde el oficialismo, el diputado Carlos Cuadrado matizó indicando que el Gobierno ha señalado estar “obedeciendo una orden judicial”, aunque remarcó la importancia de transparentar la posición política del Ejecutivo. Por su parte, el diputado Carlos Carvajal tildó el hecho de “vergonzoso e inmoral”, apuntando a que las rebajas se concedieron “sin ni siquiera que hayan mediado recursos judiciales por parte de los condenados”.
A la arremetida fiscalizadora se sumó la bancada del Partido Comunista, encabezada por los diputados Marcos Barraza e Irací Hassler, quienes confirmaron el inicio de la recolección de firmas para interpelar al ministro Rabat en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Barraza aseveró que “El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Es el Presidente de la República el que debe dar explicaciones y justificar una medida tan lesiva, dañina y aversiva contra la dignidad de los niños y las niñas”. Las críticas alcanzaron también a legisladores de otros sectores, como el diputado Evópoli Jorge Guzmán, quien cuestionó la automatización del proceso indicando que se benefició a personas por delitos gravísimos de una forma que “no debió haber ocurrido”, y el diputado republicano Luis Sánchez, quien apuntó a la necesidad de revisar los criterios jurisprudenciales garantistas.
La advertencia de la Defensoría de la Niñez
En el plano institucional de protección de derechos, la Defensoría de la Niñez emitió un pronunciamiento requiriendo formalmente a la cartera de Justicia la entrega de todos los antecedentes técnicos y jurídicos que respaldaron el cambio de criterio administrativo. El organismo recordó que la Ley N° 21.421 de 2022 fijó una barrera legal expresa para impedir cualquier tipo de beneficio a condenados por ilícitos sexuales contra menores.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que “Estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación”.
Asimismo, Quesille remarcó el deber del Estado en la materia argumentando que “el Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos”. El organismo concluyó que la adopción de un parámetro generalizado distorsiona la senda de protección infanto-juvenil y anunció que mantendrá una fiscalización permanente sobre cada uno de los 56 expedientes, sin descartar la interposición de acciones administrativas o jurisdiccionales.
