La Segunda Sala del organismo declaró admisible la acción constitucional del gremio de jueces en votación dividida. La decisión traslada la discusión de fondo al Pleno de la magistratura para examinar eventuales vulneraciones al debido proceso y a las garantías de inamovilidad en los procesos disciplinarios impulsados por el máximo tribunal.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados contra los procedimientos de remoción iniciados por la Corte Suprema respecto de jueces que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. La determinación se adoptó en votación dividida durante la jornada del martes 20 de octubre y abrirá paso a que el Pleno del órgano constitucional revise el fondo de la controversia. El gremio cuestiona las actuaciones del máximo tribunal al estimar que los llamados cuadernos de remoción no garantizan el debido proceso ni respetan los principios constitucionales de la función judicial.
El requerimiento fue impulsado por la directiva del gremio, representada por los abogados Elisa Walker, Claudia Sarmiento y William García. En la vereda opuesta, la defensa de la Corte Suprema ante la magistratura constitucional quedó radicada en el Consejo de Defensa del Estado. Tras escuchar los alegatos de las partes, el tribunal concluyó que la presentación cumplía rigurosamente con las exigencias del artículo 93, inciso decimoprimero, de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
La votación de la Segunda Sala contó con los votos favorables de las ministras María Pía Silva y Catalina Lagos, junto con el ministro René Gómez. En posición minoritaria, los ministros Raúl Mera y Marcela Peredo se pronunciaron por rechazar la admisibilidad de la acción. Junto con acoger la tramitación, la resolución dispuso poner el requerimiento en conocimiento de la Cámara de Diputadas y Diputados, del Senado y del Presidente de la República, otorgándoles un plazo de 20 días para formular observaciones y acompañar antecedentes ante la magistratura.
La defensa de la inamovilidad judicial
Al detallar el alcance de la acción, la abogada Elisa Walker enfatizó los reparos de la asociación frente a la falta de un marco normativo claro para sancionar a los integrantes del Poder Judicial. “¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? Que acá hay un vacío institucional a nivel legal, porque la Corte Suprema efectivamente tiene la facultad de remover a jueces y juezas cuando ellos no incurren en buenos comportamientos. Pero para tú remover tiene que haber un debido proceso, tiene que haber un proceso que dé garantías a las partes para ser escuchadas, donde tú puedas rendir prueba, donde tú tengas la claridad de que si te van a remover de la Corte Suprema tenemos que estar frente a una infracción grave, porque los jueces y juezas del poder judicial están amparados por la inamovilidad”, planteó la jurista según consigna La Tercera
En esa misma línea, la representación del gremio remarcó que la omisión de tales resguardos procedimentales vulnera garantías fundamentales protegidas por el ordenamiento constitucional. “No se respetan normas muy precisas de la Constitución, el deber de tipicidad, el resguardo de la legalidad, el debido proceso, el derecho a la igualdad y por supuesto la inamovilidad y la independencia judicial”, remarcó Walker.
Tras la decisión de la Segunda Sala, la jurista valoró la apertura de la etapa sustantiva ante el tribunal colegiado. “Para nosotros es un hito muy importante porque nos permite presentar los argumentos de fondo de la causa y explicar por qué en este caso efectivamente se vulneran principios que deben ser resguardados por el Tribunal Constitucional, que es la entidad que tiene la función de velar por el respeto de las normas constitucionales en este país”, sostuvo la profesional.
Asimismo, Walker manifestó la conformidad del equipo jurídico con el pronunciamiento procesal obtenido tras las alegaciones ante la sala. “Quedamos conformes porque nosotros argumentamos la admisibilidad de la causa, incluso pedimos poder alegar, y la Segunda Sala, en consideración a los argumentos que presentamos nosotros y los argumentos presentados por el CDE, que es quien defiende en este caso a la Corte Suprema, consideró que habían antecedentes suficientes para dar tramitación a esta causa y la causa va a ser resuelta por el pleno del Tribunal Constitucional”, concluyó la jurista.
