El trabajo de la Fiscalía de Análisis Criminal junto a unidades especializadas de la PDI permitió ejecutar masivos allanamientos en cuatro comunas y dependencias de Codelco. La investigación penal imputa la sustracción sistemática del metal en faenas como El Teniente, el acopio clandestino y el lavado de activos generado por su venta en el mercado informal.
En el marco de una compleja investigación por delitos contra la propiedad y crimen organizado, la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins lideró la ejecución de la denominada operación “Veta Roja”, procedimiento que culminó con la detención de 59 personas vinculadas a una estructura dedicada a la sustracción masiva, acopio y comercialización informal de cobre en la zona central del país. El despliegue policial y judicial, que movilizó a más de 300 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), contempló la entrada y registro a cerca de 70 inmuebles en las comunas de Rancagua, Machalí, Coya y Mostazal, además de la intervención en oficinas de empresas contratistas y reparticiones operativas de Codelco.
La acción persecutora se extendió al propio corazón de las faenas mineras de la estatal. Durante el operativo, detectives de la PDI aprehendieron a dos trabajadores en el interior de la mina El Teniente mientras cumplían sus turnos laborales, en el marco de las órdenes judiciales gestionadas por el Ministerio Público ante los tribunales de garantía de la Región de O’Higgins.
Rastreo de lavado de activos
El eje central de la indagatoria radicó en el trabajo de análisis criminal del ente persecutor, unidad que asumió la tarea de articular los antecedentes dispersos sobre robos de material estratégico en la región. La estrategia del Ministerio Público encomendó el procedimiento a dos brigadas especializadas de la PDI: la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), enfocada en la reconstrucción de los ilícitos de sustracción y robo con fuerza, y la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC), orientada a seguir la traza financiera y patrimonial de las ganancias ilícitas.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que la organización no operaba como una cuadrilla aislada, sino como un entramado criminal jerarquizado capaz de intervenir toda la cadena del negocio ilícito. De acuerdo con los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa, las faenas de sustracción abarcaban tanto el retiro no autorizado de insumos y piezas de cobre desde bodegas de empresas proveedoras de Codelco como el corte sistemático de cableado perteneciente a firmas de distribución eléctrica de la zona.
Intervención en faenas
El material extraído desde las instalaciones mineras y las redes de servicios era trasladado hacia centros de acopio no regulados para su posterior introducción en el mercado informal. Para la Fiscalía, la captura de funcionarios, operadores de la minera y personal de empresas contratistas resulta clave para fundamentar las futuras formalizaciones de cargos, al evidenciar la existencia de facilitadores internos que permitían vulnerar los perímetros de seguridad y los controles de inventario en la división El Teniente.
Con el total de los 59 imputados a disposición de los juzgados de garantía correspondientes para sus audiencias de control de detención y formalización de cargos, el Ministerio Público se alista para exponer las medidas cautelares personales y reales requeridas para asegurar el éxito de la investigación. Desde el ente persecutor se enfatizó que las diligencias continúan en desarrollo y que no se descartan nuevas detenciones a medida que avance el peritaje de la evidencia incautada en las decenas de inmuebles allanados.
