El organismo busca dejar atrás el antiguo modelo dependiente de las cortes de apelaciones e ingresar de lleno en régimen durante 2027 en el marco de la Ley N° 21.772. Mientras la valla académica dejó desiertas las primeras convocatorias en Santiago y Temuco, el gremio notarial respalda la llegada de la Alta Dirección Pública, pero exige sumar evaluaciones obligatorias de probidad a los candidatos.
El Servicio Civil apretó el acelerador para consolidar el nuevo sistema de designación de notarios, conservadores y archiveros, mecanismo que comenzó a regir el pasado 2 de abril tras la promulgación de la Ley N° 21.772 y que traspasó la gestión de los concursos desde las cortes de apelaciones hacia la Alta Dirección Pública. El organismo proyecta publicar 12 nuevos concursos antes de diciembre, con lo que completará 18 convocatorias en su primer año de vigencia (seis más que el compromiso inicial) y dejará trazada la apertura de otros 42 procesos para el primer semestre de 2027.
El plan de trabajo contempla entrar en régimen pleno a contar del próximo año. Sobre la calendarización de los llamados, el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, detalló que “Con estas 12 nuevas convocatorias que publicaremos de aquí a diciembre, concluimos la puesta en marcha del nuevo sistema. Nuestro objetivo es entrar ya en régimen el 2027, para lo cual proyectamos publicar ocho procesos en enero, diez en marzo, diez en abril, diez en mayo y cuatro en junio. Para ello esperamos contar con una convocatoria adecuada para llenar los cargos de forma eficiente y oportuna”.
Actualmente, el servicio mantiene dos procesos en etapa de postulación para notarios, conservadores y archiveros en Florida y Coelemu (con recepción de antecedentes hasta el 26 de octubre), además de dos convocatorias en fase de evaluación: la Tercera Notaría de Calama, que registró 129 postulantes admisibles, y la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, que acumuló 200 inscritos.
El filtro de los primeros exámenes
La aceleración de los procesos se produce tras un inicio marcado por el alto nivel de exigencia de los exámenes técnicos, los cuales provocaron que los dos primeros concursos bajo el nuevo estatuto terminaran declarados desiertos en agosto. El primer caso correspondió a la inicial convocatoria para la Décima Sexta Notaría de Santiago, donde de 137 postulantes solo tres superaron la prueba de conocimientos y únicamente uno alcanzó el puntaje de corte en habilidades. Una situación similar ocurrió en la Tercera Notaría de Temuco (primer concurso abierto en junio), donde solo dos de los 142 candidatos lograron pasar la evaluación teórica.
Desde el Servicio Civil abordaron estos resultados iniciales señalando que “Ambos resultados forman parte de la experiencia inicial de implementación del sistema y permitieron dimensionar el desafío que implica el nuevo mecanismo de selección establecido en la Ley N° 21.772, en orden a convocar a abogados que, además de cumplir con las exigencias legales, estén adecuadamente preparados para avanzar en las distintas instancias de evaluación”.
Frente al rigor de las pruebas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, instó a los profesionales a profundizar su preparación, planteando que “¿Por qué es importante estudiar? Porque los notarios son ministros de fe pública y, por lo tanto, tienen que estar preparados”, dijo a La Tercera.
La probidad de los postulantes
En este escenario de transición institucional, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales entregó un respaldo al nuevo modelo de selección conducido por el Servicio Civil. El presidente del gremio, Carlos Miranda, destacó que la reforma representa “una oportunidad para mostrar transparencia y mérito respecto de cómo se proveen estos cargos”, añadiendo que “Hemos sido constantes en que estamos apoyando 100% todo lo que dice relación con llevar adelante este proceso, con los mayores estándares de probidad y de transparencia”.
Sin embargo, desde la directiva del gremio advirtieron que la selección no debe agotarse en filtros teóricos, argumentando que se deben incorporar mediciones sistemáticas de la conducta ética de quienes aspiran a ingresar al sistema, asegurando “que haya transparencia y meritocracia” y “que se cumplan los estándares de probidad e integridad”.
Estos requerimientos coinciden con la renovación de la mesa directiva de la asociación, que asumirá sus funciones en enero de 2027 para liderar la adaptación del sector a los nuevos mecanismos de fiscalización fijados por la ley, entre los cuales destacan los controles ejercidos por fiscales judiciales, la supervisión del Sernac y las auditorías externas periódicas a las notarías y conservadores del país.
Al evaluar las exigencias de fiscalización, Miranda sostuvo que las nuevas reglas deben operar “con el objetivo de fortalecer los estándares de calidad del servicio que se entrega a la comunidad”. Asimismo, la representación gremial concluyó que “Esta labor profesional, que es una función delegada y mediante la cual nosotros entregamos un servicio muy fundamental para el país, debemos cuidarla como institución, porque ha sido parte importante de la estructura que ha permitido el desarrollo económico y de certeza y seguridad jurídica para el país”.
