En el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago comenzará la etapa procesal donde la Fiscalía Oriente, el CDE y la defensa discutirán más de 15 mil evidencias e hito testimonial que incluye al actual alcalde Tomás Vodanovic. Con solicitudes de pena del Ministerio Público que superan los 23 años de presidio y pretensiones del querellante estatal que llegan a los 37 años de cárcel, la exjefa comunal busca la absolución cuestionando los cálculos del presunto desfalco municipal.
En la sala 901 del Centro de Justicia, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago da inicio este lunes 19 de octubre, a partir de las 09:00 horas, a la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra. La diligencia constituye el filtro definitivo para determinar qué evidencias, peritajes y nóminas de testigos serán admitidos para su posterior reproducción ante el tribunal oral en lo penal, en el marco de la investigación iniciada en 2021 por delitos de corrupción pública.
La cita judicial se concreta tras sortear tres postergaciones. Fijada originalmente para febrero de este año y trasladada sucesivamente a agosto y al 7 de octubre, la audiencia debió reprogramarse por última vez hace doce días a raíz de la inhabilitación del juez Juan Carlos Silva. En esa oportunidad, el municipio de Maipú planteó una recusación amistosa (a la que adhirieron la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado), luego de que el magistrado transparentara una relación de amistad de más de 15 años con el abogado José Miguel Barahona, quien junto a Cristóbal Bonacic integró el equipo defensor de Barriga durante la etapa investigativa y actualmente representa a su cónyuge, el exdiputado Joaquín Lavín León. La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, respaldó el alzamiento del juzgador señalando que “lo que se busca con esta medida que está tomando el juez es justamente blindar el procedimiento con transparencia”.
Lo que piden la Fiscalía y el CDE
En el libelo acusatorio de casi dos mil páginas presentado ante el tribunal, la Fiscalía Metropolitana Oriente atribuye a la exjefa comunal cuatro delitos reiterados en el ejercicio de su cargo: fraude al fisco, falsificación de instrumento público con uso malicioso, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La pretensión de pena articulada por la fiscalía suma 23 años y 183 días de presidio efectivo, desglosados en 10 años y 1 día por fraude al fisco, 7 años por falsificación documental, 5 años y 1 día por malversación y 541 días de reclusión por negociación incompatible, junto con multas e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), actuando como querellante institucional, elevó el listón sancionatorio exigiendo un total de 37 años de cárcel para la exautoridad. Mientras la Fiscalía sitúa el perjuicio patrimonial entre los $31.000 millones y $33.515 millones, la estimación del CDE calcula el desfalco en $32.884 millones. La tesis acusatoria sostiene que durante la gestión de Barriga se instauró una estructura orientada a realizar gastos de manera irregular, ocultar déficits financieros, eliminar deudas de la contabilidad oficial y emitir certificados de disponibilidad presupuestaria sin respaldo contable.
Los testimonios clave
La complejidad del expediente queda reflejada en el volumen de la carpeta investigativa, que acumula 50 tomos, más de 14 mil páginas y cerca de 32 terabytes de información digital. Para respaldar su teoría del caso en el juicio definitivo, el Ministerio Público ofreció la inclusión de 232 testigos, 13 peritos, 15.876 documentos, 142 pruebas materiales y 3.307 evidencias diversas, entre las que figuran registros audiovisuales, conversaciones telefónicas, chats corporativos y peritajes contables.
Entre la nómina de declarantes propuestos por la Fiscalía destacan efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) que lideraron los peritajes, exfuncionarios de la corporación municipal y el actual edil de Maipú, Tomás Vodanovic, cuya administración interpuso la querella inicial en diciembre de 2021 tras asumir el mando comunal. En el marco del proceso, seis excolaboradores de la administración de Barriga ya recibieron condenas mediante procedimientos abreviados, cumpliendo sus penas bajo libertad vigilada o medidas alternativas.
La estrategia de la defensa
Tras la renuncia del equipo de abogados particulares encabezado por Cristóbal Bonacic, la representación técnica de la exalcaldesa fue asumida por la Defensoría Penal Pública, recayendo en los defensores Pablo Sanzana, Eduardo Camus y Renato González. La defensa sostiene una línea de combate enfocada en la absolución total de la Cathy Barriga, controvirtiendo de forma sustancial las fórmulas empleadas por los querellantes para calcular el presunto déficit financiero municipal.
El planteamiento de los defensores se apoya en auditorías contables de la Contraloría General de la República correspondientes a agosto de 2022, las cuales indicaban que al cierre del ejercicio 2020 el municipio registraba más de $31.643 millones en cuentas pendientes de cobro por percibir. Bajo esa premisa, la defensa argumenta que el estado de las arcas municipales debe evaluarse considerando dichos activos por ingresar, descartando la existencia de un caótico escenario patrimonial o de responsabilidad penal.
Al arribar al edificio judicial, la exalcaldesa reiteró su posición frente a los cargos manifestando estar “muy tranquila con mi defensa. Han hecho un gran trabajo. Estoy muy conforme con el trabajo de la defensa”. En esa misma línea, al ser requerida por la prensa a la salida de las dependencias judiciales, Barriga enfatizó que “la defensa es mi voz… hace muchos años se sabe solo la parte de una historia y es el momento en que en tribunales mi defensa tenga mi voz”. Se prevé que el debate de admisibilidad probatoria ante el Noveno Juzgado de Garantía se extienda por varias jornadas dada la abundancia del material presentado por las partes.
