Phd (c) Diego Quijada Sapiain
Consultor Senior en Psicología Forense, Ciencias del Comportamiento y Justicia Penal. Especialista en evaluación psicológica forense, comportamiento antisocial, psicopatía y gestión del riesgo de violencia. Director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva en Conducta Antisocial y Psicopatía (LaNCA).
La transformación de la criminalidad en Chile plantea nuevos desafíos al sistema penitenciario. El Ministerio Público (2025) ha documentado la diversificación de mercados ilícitos y modalidades delictivas asociadas al crimen organizado, incluidos secuestros, extorsiones y tráfico de armas. Aunque el Reporte anual 2025: Homicidios en Chile registra una disminución de la tasa nacional entre 2022 y 2025, también evidencia la persistencia de manifestaciones diferenciadas de violencia (Ministerio Público, 2026). Estas tendencias muestran que la evolución de la criminalidad no puede comprenderse únicamente a partir de la frecuencia de los delitos, sino también de sus modalidades y contextos. Desde esta perspectiva, resulta pertinente examinar si los programas de reinserción penitenciaria responden a las distintas necesidades criminógenas y niveles de complejidad de las personas condenadas.
En este contexto, el debate público suele tensionarse entre el endurecimiento de las penas, una mayor coerción penal y el fortalecimiento de la rehabilitación penitenciaria. Sin embargo, mayor severidad punitiva no equivale necesariamente a menor reincidencia. Nagin et al. (2009) encontraron escasa evidencia de efectos disuasorios específicos importantes del encarcelamiento frente a sanciones no privativas de libertad. Por su parte, Beaudry et al. (2021), en The Lancet Psychiatry, advirtieron que los beneficios estimados de las intervenciones psicológicas penitenciarias sobre la reincidencia dejan de ser estadísticamente significativos al excluir estudios pequeños. La discusión, por tanto, no debería reducirse a castigar más o rehabilitar más, sino a determinar qué políticas e intervenciones previenen efectivamente nuevos delitos.
Desde esta perspectiva, el modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) propone ajustar las intervenciones al riesgo de reincidencia, abordar necesidades criminógenas modificables y considerar las características individuales del condenado (Andrews & Bonta, 2010). Sin embargo, una revisión sistemática reciente identificó limitaciones en la calidad y consistencia de la evidencia que respalda sus principios (Fazel et al., 2024). Adoptar un modelo de intervención no equivale, por tanto, a demostrar empíricamente su efectividad.
La complejidad de determinados perfiles penitenciarios exige intervenciones diferenciadas, particularmente ante trayectorias persistentes de violencia, consumo problemático de sustancias, necesidades criminógenas múltiples y dificultades de autorregulación conductual. En Chile, León-Mayer et al. (2014) identificaron un 67 % de trastorno antisocial de la personalidad (TAP) y un 13 % de psicopatía en una muestra de 209 hombres condenados, destacando además antecedentes de violencia previa, abuso de sustancias e impulsividad entre los factores relevantes para la evaluación del riesgo de violencia. Estos resultados no pueden extrapolarse a toda la población penitenciaria. Aunque ambos constructos son distintos, su relevancia clínica y criminológica obliga a examinar necesidades específicas de intervención. La psicopatía constituye un factor relevante en la evaluación del riesgo de reincidencia, cuya capacidad predictiva debe interpretarse junto con antecedentes históricos y factores dinámicos (Hare & Neumann, 2009). Sin embargo, ni la violencia persistente ni la participación en criminalidad organizada implican necesariamente la presencia de TAP o psicopatía.
La investigación contemporánea ofrece avances relevantes, aunque diferenciados. Fonagy et al. (2025), en un ensayo clínico publicado en The Lancet Psychiatry, encontraron resultados favorables en la reducción de agresividad mediante tratamiento basado en mentalización (MBT) en hombres con TAP bajo supervisión comunitaria. En contraste, Ribeiro da Silva et al. (2024) identificaron evidencia todavía escasa sobre tratamientos dirigidos a personas con rasgos psicopáticos en contextos forenses, aunque con resultados preliminares prometedores, especialmente en población juvenil. Estos hallazgos no permiten equiparar TAP y psicopatía ni extrapolar automáticamente resultados comunitarios al régimen cerrado, pero fundamentan la necesidad de intervenciones especializadas y evaluaciones rigurosas.
Esta discusión adquiere particular relevancia frente a la legislación chilena. El Decreto Ley N.º 321, modificado por la Ley N.º 21.124, exige considerar los avances en reinserción social y los factores de riesgo de reincidencia al evaluar solicitudes de libertad condicional. Su artículo 6.º contempla intervenciones especializadas durante la supervisión posterior al egreso. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿Qué oportunidades efectivas de tratamiento especializado se ofrecen durante la ejecución de la pena a quienes presentan perfiles criminológicos de mayor complejidad, precisamente cuando después se les exigirá demostrar avances en reinserción?
La evidencia nacional refuerza esta interrogante. Gendarmería de Chile (2019) registró un 42,9 % de reincidencia a 24 meses entre personas egresadas del subsistema cerrado en 2016, identificando diferencias según factores criminógenos y trayectorias penitenciarias. Por su parte, Sanhueza y Pérez (2017) advirtieron limitaciones en la evidencia sobre el desempeño de las cárceles concesionadas y el acceso a programas de reinserción. Aunque el Estado ha avanzado en la medición de reincidencia y aprobó en marzo de 2025 un modelo nacional que contempla intervenciones diferenciadas según el perfil y la complejidad penitenciaria (Dirección de Presupuestos, 2024; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2025), su aprobación no constituye, por sí misma, evidencia de efectividad. El desafío pendiente no consiste únicamente en ampliar la cobertura de los programas, sino en demostrar, mediante evaluaciones rigurosas, su efectividad en la reducción de la reincidencia, particularmente en personas con perfiles criminológicos de mayor complejidad. Ello exige identificar qué intervenciones funcionan, para quiénes y bajo qué condiciones.
La seguridad pública exige algo más que clasificar personas según su nivel de riesgo. Requiere evaluar rigurosamente qué intervenciones contribuyen a reducir la reincidencia delictiva y, particularmente, la violencia persistente, identificando en qué perfiles y bajo qué condiciones. Si el Estado exige avances en reinserción para acceder a la libertad condicional u otros beneficios penitenciarios, también debe demostrar qué oportunidades especializadas ofrece para alcanzarlos. La verdadera reinserción no se mide únicamente por programas ejecutados, sino por su capacidad demostrada para reducir la reincidencia y contribuir a prevenir nuevas víctimas.
Referencias
Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th ed.). LexisNexis/Anderson Publishing.
Beaudry, G., Yu, R., Perry, A. E., & Fazel, S. (2021). Effectiveness of psychological interventions in prison to reduce recidivism: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet Psychiatry, 8(9), 759–773. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00170-X
Dirección de Presupuestos. (2024). Informe de egreso del sistema de cumplimiento de compromisos: Programas de rehabilitación y reinserción social. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-189326_seguimiento_compromisos.pdf
Fazel, S., Hurton, C., Burghart, M., DeLisi, M., & Yu, R. (2024). An updated evidence synthesis on the risk-need-responsivity (RNR) model: Umbrella review and commentary. Journal of Criminal Justice, 92, Article 102197. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102197
Fonagy, P., et al. (2025). Mentalisation-based treatment for antisocial personality disorder in males convicted of an offence on community probation in England and Wales: A multicentre, assessor-blinded, randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, 12(3), 208–219. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(24)00445-0
Gendarmería de Chile. (2019). Reincidencia delictual en egresados(as) del subsistema penitenciario cerrado chileno, año 2016. Departamento de Estadística y Estudios Penitenciarios.
Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2009). Psychopathy: Assessment and forensic implications. The Canadian Journal of Psychiatry, 54(12), 791–802. https://doi.org/10.1177/070674370905401202
León-Mayer, E., Cortés, M. S., & Folino, J. (2014). Descripción multidimensional de la población carcelaria chilena. Psicoperspectivas, 13(1), 68–81. https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol13-Issue1-fulltext-243
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2025). Cuenta pública participativa 2025.
Ministerio Público. (2025). Informe de crimen organizado en Chile 2025.
Ministerio Público. (2026). Reporte anual 2025: Homicidios en Chile.
Nagin, D. S., Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2009). Imprisonment and reoffending. Crime and Justice, 38(1), 115–200. https://doi.org/10.1086/599202
Ribeiro da Silva, D., Maçãs de Carvalho, I., & Garofalo, C. (2024). Treatment of youth and adults with psychopathic traits detained in forensic settings: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 76, Article 101922. https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.101922
Sanhueza, G. E., & Pérez, F. (2017). Cárceles concesionadas en Chile: Evidencia empírica y perspectivas futuras a 10 años de su creación. Política Criminal, 12(24), 1066–1084. https://doi.org/10.4067/S0718-33992017000201066
