El Juzgado de Garantía de Chillán formalizó al jefe comunal Camilo Benavente por la entrega gratuita de infraestructura tasada en $184 millones tras la compra del recinto por más de $3.276 millones. El escenario judicial del edil se complica además en el frente electoral, tras el ingreso de un requerimiento de destitución ante el Tribunal Electoral Regional firmado por tres concejales.
En una jornada decisiva para el mapa político y judicial de la Región de Ñuble, el Juzgado de Garantía de Chillán formalizó la investigación penal en contra del alcalde en ejercicio de la comuna, Camilo Benavente (PPD, con militancia suspendida), imputándole la comisión del delito de fraude al Fisco. En la audiencia, liderada por la fiscal Nadia Espinoza, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el jefe comunal, luego de que el magistrado Manuel Vilches rechazara previamente una solicitud de la defensa para participar del procedimiento de manera telemática.
La formalización estuvo precedida por la irrupción del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que interpuso una querella en representación de la Municipalidad de Chillán y del Gobierno Regional de Ñuble. La acción legal se dirige contra Benavente y contra el abogado Esteban San Martín, exasesor jurídico de la casa edilicia, atribuyéndoles irregularidades en la adquisición de la antigua Medialuna de Chillán por un monto total de $3.276.160.000.
El acuerdo privado y el desmantelamiento del recinto
El origen del expediente se remonta a 2021, cuando el Concejo Municipal de Chillán autorizó la compra del inmueble de calle Palermo a la Sociedad Fiesta del Caballo Chileno con el fin de desarrollar el proyecto Parque Juan Schleyer. De acuerdo con los antecedentes aprobados por los ediles, la transacción estipulaba la adquisición del terreno con todo su equipamiento e infraestructura edificada, incluyendo graderías metálicas, corrales, pesebreras y las instalaciones del casino.
Sin embargo, el CDE acusa que las condiciones del negocio fueron modificadas al margen de la fiscalización del órgano colegiado. El 6 de octubre de 2022, el mismo día en que se otorgó la escritura pública definitiva, el alcalde Benavente y el abogado San Martín suscribieron un compromiso privado que autorizó a la sociedad vendedora a desmantelar y retirar las estructuras del recinto entre octubre de 2022 y enero de 2023, sin aplicar descuento alguno al precio pagado con fondos públicos. Las pericias y auditorías del caso fijaron el valor de dicha infraestructura traspasada de forma gratuita en al menos $184 millones.
En su declaración en calidad de imputado ante la Fiscalía, Benavente deslindó responsabilidades en el equipo legal del municipio: “Yo no tengo idea de por qué se firmó ese contrato. Yo solo iba a firmar, el por qué se firmó por separado lo ven los abogados. Yo confío en el equipo y la responsabilidad administrativa de la dirección jurídica, así funciona la municipalidad”. En el mismo interrogatorio, el edil añadió: “No poseo las herramientas técnicas ni académicas para decidir si corresponde o no incorporar algún concepto jurídico. Cómo le voy a decir yo a un abogado que incorpore o no eso en el contrato. A modo de ejemplo, nunca he leído la promesa y contrato de mi propia casa”, según consignó Reportajes T13
Testimonios sobre la dinámica interna y la intervención de Contraloría
Las diligencias instruidas por el Ministerio Público incorporaron testimonios de excolaboradores que abordaron el funcionamiento de la administración municipal. El abogado Gonzalo Guajardo Gavilán, exintegrante de la Dirección Jurídica, declaró ante los investigadores que “el alcalde y su grupo de confianza, tenían una forma de hacer las cosas que yo no comparto (…) siempre decían que todo se puede hacer, pero que solo había que buscar cómo. La palabra que buscaban era ‘tendenciar'”. Guajardo relató además que, al ser consultado por los requerimientos del ente contralor, Benavente le señaló que “tenía que responder a la confianza que me habían dado y que uno tenía que ser un fusible y estar dispuesto a ser quemado para proteger a la autoridad”.
Por su parte, el fiscal instructor de la Contraloría Regional de Ñuble, Andrés Palma, confirmó a la Fiscalía que “al revisar este contrato (y sus borradores) se dejó establecido que, la venta de este inmueble se realizaba en especie y cuerpo cierto, con todo lo plantado y edificado en él”. Asimismo, Palma subrayó que “las autorizaciones dadas por el concejo sólo se referían a la adquisición del inmueble y en ninguna parte constaba que se iba a autorizar la entrega o el retiro de bienes por el vendedor con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa”.
El sumario administrativo de Contraloría registra además un hito institucional: el 2 de septiembre de 2024, la entonces contralora subrogante Dorothy Pérez recibió en audiencia de lobby a Benavente acompañado por los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alfonso de Urresti (PS). Al día siguiente, mediante la Resolución Exenta N° 1742, la jefatura del órgano de control dispuso el traslado del sumario desde la sede regional de Ñuble hacia la unidad de sumarios del nivel central en Santiago.
En el marco de esas indagatorias, se estableció que en junio de 2023 el municipio contrató a Benjamín Lama de Urresti, sobrino del senador De Urresti e hijo de Juan Carlos Lama, exdirector de la Sociedad Fiesta del Caballo Chileno. Las actas municipales registran que en una sesión de concejo del 29 de febrero de 2024, el propio alcalde sostuvo ante los ediles: “yo tengo cercanía con el senador de Urresti, usted entenderá que Alonso es mi amigo, es chillanejo, incluso hasta medio familiar, la vida funciona así”. Frente a estos antecedentes, desde la oficina del congresista descartaron cualquier conflicto de interés o intervención en las contrataciones, mientras que el PPD resolvió aplicar el criterio de “militante formalizado, militante suspendido” y remitir la causa al Tribunal Supremo de la colectividad.
La arremetida electoral ante el TER de Ñuble
A la presión del frente penal se suma un requerimiento de destitución ingresado el pasado 13 de octubre ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble por los concejales Carolina Chávez, Raúl Franulic e Iván Badilla. El escrito contempla 41 cargos por presunto notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.
Al fundamentar la acción, la concejala Carolina Chávez planteó que “como concejal, tengo la obligación de fiscalizar, pero también de actuar cuando considero que existen hechos de tal gravedad que deben ser conocidos y resueltos por los tribunales. Aquí no estamos hablando de diferencias políticas con el alcalde, estamos hablando de responsabilidad de administrar correctamente los recursos públicos, de cumplir con la ley, de resguardar el patrimonio de todos los chillanejos”. En esa línea, la edila agregó que “durante mucho tiempo hemos denunciado, solicitado antecedentes y advertido situaciones que consideramos graves (…) Esta acción no busca perjudicar a Chillán, por el contrario, busca proteger nuestra comuna, recuperar la confianza en sus instituciones y demostrar que la fiscalización debe tener consecuencias cuando los antecedentes así lo ameritan”.
En el mismo sentido, el concejal Raúl Franulic sostuvo que “el marco jurídico esta diseñado para que los concejales actuemos como un contrapeso y fiscalizador activo. Guardar silencio o ignorar una presunta anomalía detectada nos convierte en infractores de la ley y nos genera responsabilidad legal directa”. El abogado patrocinante de los ediles, Marcelo Brunet, recordó que Benavente ya había registrado una suspensión previa ante la justicia electoral y argumentó que “amerita tarjeta roja, y, por lo tanto, lo que amerita es la inhabilidad por el ejercicio de cualquier cargo público por 5 años y la destitución de su cargo”, dijo a diario La Discusión.
Frente al requerimiento del TER, Benavente hizo descargos públicos asegurando enfrentar el proceso “con serenidad, con la conciencia tranquila y con la convicción de haber trabajado siempre por Chillán y sus familias”. En el plano penal, su abogado defensor, Marcelo Villena, rechazó la existencia de ilícitos sosteniendo que “siempre se acordó que el vendedor podría retirar las instalaciones” y enfatizó que “tenemos la certeza que el alcalde no ha cometido delito alguno. Este proceso se inició por una querella deducida por rivales políticos”.
