El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago impuso la pena máxima solicitada por la Fiscalía para el ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica. La resolución acreditó que el imputado no solo vigiló el departamento del exteniente y cubrió el traslado de los falsos policías, sino que además filmó la extracción del exmilitar para confirmar la operación ante la cúpula del Tren de Aragua.
El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia condenatoria en contra del ciudadano venezolano Maickel Villegas, imponiéndole una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por su responsabilidad como autor material del delito de secuestro con homicidio perpetrado en febrero de 2024 contra el exteniente del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda. La resolución judicial acogió en su totalidad la pretensión punitiva articulada por la Fiscalía Metropolitana Sur, liderada por el fiscal regional Héctor Barros y la unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad.
Tras el término del juicio oral enfocado en este imputado, el fiscal Álex Cortez destacó el resultado obtenido ante la magistratura: “donde se le impuso la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, que es la pena solicitada por el Ministerio Público. El resultado es el requerido”. El persecutor recordó además que Villegas se convierte en el segundo participante en recibir condena dentro de la causa y precisó que el expediente mantiene investigaciones vigentes, señalando que “existen aristas que se encuentran abiertas dentro de las que se encuentra el móvil político”.
Vigilancia en Independencia, desperfecto técnico y el registro para la cúpula
La reconstrucción fáctica del crimen expuesta ante el tribunal acreditó la mecánica operativa desarrollada por Villegas durante la madrugada del secuestro en la comuna de Independencia. De acuerdo con los antecedentes presentados por la Brigada Investigadora de Particulares y Antisecuestros (BIPE) de la PDI, el condenado asumió un rol central en la ejecución de la fase inicial de inteligencia y vigilancia en los alrededores del edificio residencial de la víctima.
El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, detalló que “esta persona, usando su vehículo, acompañado de este menor de edad, realiza la cobertura en el lugar del secuestro específicamente, correspondiente al domicilio en la comuna de Independencia”. Posterior a la irrupción en el departamento por parte de los captores caracterizados como funcionarios policiales, Villegas escoltó la huida simulando labores de seguridad: “esta persona realiza la cobertura en movimiento tras los vehículos utilizados, simulando ser un vehículo policial,” mientras desplazaban a la víctima por la autopista Costanera Norte.
Un elemento probatorio determinante para dar por acreditada su coautoría fue la contingencia ocurrida durante la huida. Luego de que el automóvil utilizado para la extracción sufriera un desperfecto técnico en la vía pública, Villegas prestó cobertura logística y trasladó a parte de los falsos policías hacia el sector sur de la capital.
A ello se sumó la evidencia digital obtenida por los peritos informáticos, la cual demostró que el imputado usó su teléfono celular para filmar el momento exacto del secuestro. Según explicó el prefecto Barrientos, los involucrados “realizan una grabación, un video, que es posteriormente utilizado para evidenciar a la cúpula de esta organización criminal informando que se estaba ejecutando conforme a lo planificado este secuestro y esta extracción de la víctima desde su domicilio en la comuna de Independencia”.
La ruta de fuga por Centroamérica y el proceso de extradición
Consumada la ejecución del exteniente y el posterior ocultamiento de su cuerpo, la jefatura de la organización criminal instruyó la dispersión inmediata de los ejecutores mediante salidas no autorizadas del territorio nacional. El jefe policial indicó que Villegas actuó por “instrucción de la cúpula de esta organización criminal” para “salir de nuestro país y huir hacia distintos países de la región”.
El itinerario de evasión del condenado incluyó un recorrido terrestre a través de Perú y diversos países de América Central, hasta ser interceptado y detenido en julio de 2024 por las autoridades de Costa Rica cuando intentaba cruzar la frontera desde Panamá. Tras completarse el trámite de extradición impulsado por la Cancillería y el Ministerio Público, el sujeto fue entregado a la justicia chilena en noviembre de 2024. Con la sentencia a 20 años de presidio ya firme, la investigación penal se concentra en identificar a los autores intelectuales y a los demás integrantes de la red delictiva que permanecen con órdenes de detención pendientes.
