Una auditoría al municipio reveló más de 70 mil exámenes médicos y sensométricos validados en menos de un minuto, pruebas en cero segundos, funcionarios que evaluaron a sus propios familiares e instructores no acreditados. A ello se suma la entrega de permisos a deudores de alimentos y personas con condenas vigentes.
Un contundente informe de la Contraloría Regional de Antofagasta puso al descubierto severas anomalías e infracciones al deber de abstención en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir por parte de la Municipalidad de Antofagasta. El documento no solo derivó en la apertura de un sumario administrativo interno, sino también en la remisión inmediata de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para el juzgamiento de eventuales ilícitos penales y responsabilidades patrimoniales.
Según consta en el Informe Final N° 419 de 2026, la fiscalización abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. El análisis de las bases informáticas municipales permitió constatar que miles de evaluaciones físicas, sensoriales y prácticas se despacharon sin cumplir los lapsos mínimos que exige la normativa técnica para garantizar la aptitud de los conductores.
Exámenes express, cero segundos e instructores no habilitados
El hallazgo de mayor volumen consignado por el organismo fiscalizador corresponde a 70.661 exámenes médicos y sensométricos registrados con una duración inferior a un minuto. De ese universo, un total de 70.425 evaluaciones figuraban como aprobadas, condición que, a juicio de la Contraloría, impide dar por acreditado que las pruebas se hayan efectuado con la rigurosidad necesaria para certificar las condiciones sensoriales y de salud de los postulantes.
El desglose del informe expone registros aún más drásticos: se identificaron 253 evaluaciones de visión y audición consignadas en el sistema con “cero segundos” de ejecución, de las cuales 250 resultaron aprobadas. Asimismo, se contabilizaron 55.442 evaluaciones realizadas en lapsos de entre 1 y 10 segundos.
A estas anomalías en gabinete se añadieron fallas en los controles prácticos y técnicos. En las pruebas de conducción para licencias no profesionales clase B, la auditoría detectó 265 evaluaciones ejecutadas en tiempos de entre 2 y 24 minutos, contraviniendo la exigencia legal de duración mínima. De ellas, 204 se despacharon en apenas 10 minutos. Por otra parte, la casa edilicia otorgó tres licencias clase D a postulantes que registraban exámenes psicométricos reprobados en sus expedientes.
En cuanto a la idoneidad del personal evaluador, la revisión determinó que 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por funcionarios que no lograron acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para desempeñarse como examinadores habilitados.
Conflictos de interés y vulneración de inhabilidades legales
En el capítulo dedicado a las faltas a la probidad administrativa, la fiscalización estableció que al menos cuatro funcionarios municipales intervinieron directamente en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos (madre, hermano, sobrino y cuñado), vulnerando el deber legal de abstención. En uno de los casos más críticos, un servidor municipal actuó como examinador de su propio proceso para la obtención de la licencia de conducir.
El informe abordó también la omisión de restricciones legales expresas. La municipalidad emitió 402 licencias de conducir a personas que se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de la entrega del documento. Frente a este hecho, el organismo de control instruyó fijar un plazo de 60 días hábiles para que el municipio acredite el inicio de los procedimientos de invalidación administrativa correspondientes.
Finalmente, la auditoría detectó la entrega de 198 licencias a solicitantes que registraban condenas penales dentro de los cinco años anteriores a la petición, antecedentes que debieron ser ponderados por la autoridad municipal al momento de calificar el requisito de idoneidad moral impuesto por la Ley de Tránsito.
Con la remisión del informe completo a la Fiscalía Local de Antofagasta y al CDE, la arista judicial buscará determinar si estas actuaciones constituyen delitos de falsedad, fraude al fisco o negociación incompatible en el ejercicio de la función pública.
