La acción penal interpuesta por la entidad estatal persigue los delitos de falsificación y uso malicioso de documento público tras detectarse un mandato notarial ideológicamente falso. La alerta del secretario subrogante del 13° Juzgado Civil de Santiago y un oficio enviado al Ministerio Público frenaron la extracción de los fondos expropiados, mientras la notaría aludida defiende la validez de las verificaciones biométricas.
Una compleja maniobra que cruza la sede notarial, el fuero civil y la justicia castrense penal quedó al descubierto en los tribunales capitalinos, luego de que BancoEstado interpusiera una querella criminal ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal, según reveló La Tercera persigue los delitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falso en contra de Eliana Poblete Guzmán (43) y del abogado René González Nieto (65), tras detectarse el uso de un mandato judicial espurio que buscaba retirar $341.971.688 consignados en un proceso de expropiación.
El caso se originó a partir de la suplantación de la gerenta general ejecutiva de la institución, la ingeniera civil industrial Andrea Silva Da Bove, nombrada mediante el Decreto Supremo N° 285 del Ministerio de Hacienda. Según la querella patrocinada por el abogado Andrés Acevedo, el 24 de septiembre de 2026 Poblete Guzmán acudió a la 25ª Notaría de Santiago, a cargo de Zaida Sepúlveda Rivera, atribuyéndose falsamente la titularidad del cargo ejecutivo.
En el libelo penal se subrayó que “En dicho instrumento figura como compareciente, e invocando falsamente la calidad de Gerente General Ejecutivo del Banco de Estado de Chile, Eliana de Las Mercedes Poblete Guzmán”. Asimismo, el texto hizo presente que “En el artículo 25 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, el Gerente General Ejecutivo es un funcionario de la confianza exclusiva del Presidente de la República. En razón de lo anterior, mediante el Decreto Supremo N° 285 emitido por el Ministerio de Hacienda y publicado en el Diario Oficial el 13 de marzo del año en curso, dicho cargo es ejercido por doña Andrea Silva Da Bove, el cual no fue observado por el oficio notarial”.
Las facultades del mandato
La escritura pública en cuestión fue rotulada como “Mandato Judicial Especial Banco del Estado de Chile a Paulina Francisca Fernández Pavez y otros”, bajo el repertorio notarial N° 2526-2026. Mediante este documento, la falsa ejecutiva otorgó poderes de representación a doce personas: Paulina Francisca Fernández Pavez, Leyla Dennis Álvarez Pizarro, Bárbara Andrea Catalina Larraín Erazo, René Orlando González Nieto, Felipe Andrés Cataldo Moya, Victoria Cherri Vargas Aguilera, Axel Dylan Juica Silva, Lourdes Esther Gómez Matute, Carlos Alberto García Lazcano, Paulina Alejandra Sandoval Montecinos, Víctor Ignacio Guajardo Ojeda y Daniela Andrea Servat Poblete.
El mandato, cuya redacción fue efectuada por el abogado Carlos García Lazcano (quien figura entre los propios mandatarios designados), concedía facultades para representar a la institución con atribuciones para percibir dinero en efectivo, cheques y vales vista, además de suscribir finiquitos y delegar competencias.
Con el instrumento notarial en su poder, el abogado René González Nieto compareció ante el 13º Juzgado Civil de Santiago solicitando el desarchivo del expediente donde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) había consignado $341.971.688 por la expropiación de un inmueble de BancoEstado situado en Avenida Independencia Nº 3.642, en Conchalí. Para hacer efectivo el cobro, el profesional insistió en la práctica de una nueva liquidación y la emisión de un cheque a su nombre, reitera la querella: “De forma adicional, solicitó la práctica de una nueva liquidación del monto, solicitando girar un nuevo cheque, pero a nombre de este, reiterando dicha solicitud el día 2 de octubre del presente año”.
Sumario interno y descargos
El intento de cobro se detuvo cuando el secretario subrogante del 13° Juzgado Civil de Santiago, Álvaro Leiva Labbé, advirtió inconsistencias y se contactó directamente con el ejecutivo de cuentas del Poder Judicial en BancoEstado, Mario Saguas León, para confirmar la validez del poder. La consulta motivó una investigación interna en la firma bancaria que concluyó que la escritura, si bien reproducía el modelo de la filial BancoEstado Servicios de Cobranza, nunca fue emitida ni autorizada por la matriz ni sus filiales.
Frente a la evidencia de un posible fraude, el 8 de octubre de 2026 el 13° Juzgado Civil de Santiago remitió el Oficio N° 36-2026 al Ministerio Público, solicitando formalmente la apertura de la investigación penal.
Requerida sobre las imputaciones, la notaria Zaida Sepúlveda Rivera defendió las diligencias de comprobación efectuadas en su oficio. “En cuanto a las identidades, tal como en este caso, se exhibe cédula de identidad del mandante y tenemos biofirma, sistema de validación de identidad, que también consta en este caso. Existe correo electrónico de abogados que enviaron la minuta y se le confiere facultades a abogados. Apenas tomé conocimiento de la existencia de la querella por usted, hice la denuncia correspondiente y di de baja la firma electrónica del mandato judicial por los hechos que se describen en la querella”, sostuvo la titular.
Por su parte, desde BancoEstado enfatizaron la reserva del proceso, señalando que “en su calidad de querellante no emite comentarios respecto de causas penales en curso”, postura justificada en la necesidad de “resguardar la eficacia de las diligencias investigativas de los órganos de persecución penal y para que la labor de los tribunales de justicia se desarrollen con plena independencia y estricta sujeción al principio del debido proceso”.
