El Ministerio Público ingresó el libelo acusatorio con el que cierra la investigación por cohecho, soborno, delitos tributarios y administración desleal. La Fiscalía imputa al jefe comunal haber recibido $82 millones en sobornos en efectivo a través de facturas falsas emitidas por proveedores, en un esquema que provocó un perjuicio superior a los $2.159 millones a la compañía portuaria.
La Fiscalía Regional del Bío Bío, a través de la fiscal Glenda Lagos, formalizó la presentación de su acusación en el marco del denominado caso Puerto Coronel ante el Juzgado de Garantía local. El libelo acusatorio, presentado tras el cierre de la investigación decretado el pasado 2 de octubre, solicita una pena combinada de ocho años de presidio contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro Rebolledo, e imputa graves delitos económicos, tributarios y de corrupción a otros seis involucrados, solicitando penas que alcanzan hasta los 38 años de cárcel para los principales ejecutivos de la compañía.
Concretamente, el ente persecutor acusa a Chamorro como autor de delitos reiterados de cohecho. La pretensión punitiva se desglosa en dos penas de cuatro años y un día de presidio, acompañadas de inhabilitación absoluta para ejercer cargos u oficios públicos, multas por $70 millones y el comiso de $20 millones en ganancias ilícitas ($8 millones en el primer capítulo fáctico y $12 millones en el segundo). Una pretensión de sanción equivalente a ocho años de presidio fue formulada respecto del exconcejal de la comuna, Eduardo Araya Poblete.
Facturas falsas
Según la descripción contenida en el escrito fiscal, el Ministerio Público sostiene que el jefe comunal aceptó pagos en efectivo por un monto total de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023 en razón de su cargo edilicio. La maniobra habría sido dispuesta por el expresidente del directorio de la Compañía Puerto de Coronel, Eduardo Hartwig Iturriaga, quien encomendó las gestiones operativas al entonces gerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro Madariaga.
El mecanismo operativo consistía en la emisión de facturas por parte de la empresa proveedora Transolv, de propiedad del contratista Víctor Olivares Matamala, por supuestas prestaciones de servicios y provisiones de bienes que nunca se ejecutaron o que resultaban imposibles de verificar. Dichos documentos se respaldaban con cotizaciones y órdenes de compra formales para cursar el pago mediante el procedimiento habitual del puerto. Posteriormente, Olivares retiraba los fondos en efectivo y entregaba el dinero directamente al alcalde Chamorro. La acusación detalla 18 entregas de dinero, con un pago inicial de $9 millones en mayo de 2022, cuotas mensuales de $3 millones y un incremento a $4 millones mensuales a contar de julio de 2023.
Un esquema similar se atribuye respecto del exconcejal Eduardo Araya, a quien la fiscalía imputa la recepción de $69,75 millones entre julio de 2021 y noviembre de 2023 mediante transferencias periódicas desde la misma empresa proveedora, justificadas con facturas emitidas por una firma vinculada a la exautoridad.
Penas de hasta 38 años
Las imputaciones del Ministerio Público abarcan un abanico de ilícitos que exceden los cohechos municipales, detallando un esquema de administración desleal que perjudicó a la Compañía Puerto de Coronel en más de $2.159 millones. A ello se suman delitos tributarios por la incorporación de facturas falsas en la contabilidad, uso indebido de crédito fiscal IVA y solicitudes de devolución de IVA exportador que no correspondían.
Dentro del cuadro global de penas requeridas para los siete acusados, la fiscalía solicitó:
- Eduardo Hartwig Iturriaga (expresidente del directorio): Hasta 38 años de presidio por los delitos de soborno, administración desleal y delitos tributarios.
- Daniel Chamorro Madariaga (exgerente de Administración y Finanzas): 28 años de presidio como ejecutor e intermediario de las maniobras financieras.
- Javier Anwandter Hammersley (exgerente general de Puerto Coronel): 18 años de presidio.
- Víctor Olivares Matamala (proveedor y dueño de Transolv) y Hernán Romero Sáez (representante de Servicios Caryher y hermano del exdiputado Leonidas Romero): 7 años de prisión por administración desleal y facilitación de facturas falsas
Itinerario procesal
Tras la presentación de la acusación, el Juzgado de Garantía debe notificar el libelo a las defensas técnicas y fijar la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral (APJO), la cual se prevé para fines de 2026 o comienzos de 2027. Una vez concluida esa etapa, el juicio definitivo quedará radicado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, estimándose su inicio no antes de julio de 2027.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, la solicitud de penas no constituye una condena y los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme dictada por los tribunales de justicia.
