En su declaración ante la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete del GORE y en prisión preventiva por una arista del caso Fundaciones, detalló cómo operaba la red de contactos entre parlamentarios y la gobernación regional para agilizar proyectos. El testimonio, salpica a los exdiputados Andrés Molina y Diego Paulsen, quienes rechazan tajantemente haber ejercido gestiones indebidas.
El avance de las diligencias en el caso Convenios en la Región de La Araucanía comenzó a destapar un frente que puede ir más allá de la asignación directa a ONG afines. En la arista Fundación Local de esta investigación, aparece una dinámica de gestiones subrepticias ejercidas supuestamente por autoridades parlamentarias, al momento de ocurrir los hechos, para asegurar recursos del Gobierno Regional (GORE) en favor de iniciativas vinculadas a sus entornos cercanos.
Los detalles de este supuesto esquema quedaron estampados en la declaración prestada ante el Ministerio Público por Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del exgobernador Luciano Rivas. En su interrogatorio ante la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco, difundido en parte por Radio Bío Bío, el imputado describió la trastienda de los “telefonazos” e intermediaciones que ingresaban a la gobernación para priorizar la entrega de fondos estatales a través de programas de reactivación y desarrollo.
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Según el testimonio de Leonelli, la captación de recursos no respondía únicamente a la revisión técnica de los comités evaluadores, sino que estaba precedida por llamadas directas de congresistas al propio gobernador Rivas. El exjefe de gabinete precisó cómo se canalizaban internamente esas solicitudes para verificar si los proyectos contaban con viabilidad financiera.
“Ellos llamaban directamente al gobernador, pero él me mandaba a mí o a Badilla a preguntar a Claudina si estaban dentro de los proyectos que se financiarían, por eso lo sé”, declaró Leonelli ante los fiscales. En su relato, la mención a “Claudina” alude a Claudina Uribe Bórquez, exgerenta de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo, entidad encargada de administrar los programas de financiamiento del GORE.
Entre los nombres mencionados en la carpeta investigativa por Leonelli figuran el exdiputado y expresidente de Evópoli, Andrés Molina, a quien atribuyó gestiones relacionadas con proyectos de embarcaderos; y el actual embajador de Chile en Reino Unido y expresidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, a quien vinculó con llamados para consultar por iniciativas ligadas a su círculo familiar.
Junto con describir el flujo de las llamadas, Leonelli reveló un episodio de emergencia ocurrido en el edificio gubernamental una vez que las irregularidades presupuestarias tomaron estado público. De acuerdo con su confesión, la máxima autoridad regional convocó a un grupo reducido de asesores a su despacho privado para eliminar registros de comunicaciones. “El gobernador me citó a mí, a Andrés Albornoz y a Carlos Badilla, y nos ordenó formatear nuestro WhatsApp delante de él y él hizo lo mismo”, sostuvo, agregando que Rivas justificó la acción señalando “que si bien no había nada malo era por precaución”.
Las imputaciones vertidas por Leonelli generaron un inmediato rechazo entre los aludidos, quienes descartaron de forma categórica haber utilizado sus cargos o influencias para beneficiar a terceros o intervenir en las decisiones del GORE.
Consultado por Biobío sobre los dichos del exjefe de gabinete, el exdiputado Andrés Molina desmintió cualquier tipo de gestión indebida: “Nunca lo llamé ni a él ni al gobernador por algún proyecto o para algún cargo. Que yo sepa nunca hubo proyecto de muelles o embarcadero de alguien relacionado conmigo en donde yo haya hecho gestiones”.
Por su parte, el embajador Diego Paulsen remitió una declaración pública para desestimar las imputaciones del imputado, enfatizando su apego a la legalidad y remarcando que al momento de la asignación de los fondos no ejercía cargos parlamentarios. “Nunca he ejercido presión sobre funcionarios públicos para beneficiarme a mí o mi familia. Esto deja en evidencia una intención de dañar mi imagen o la de mi familia”, aseveró el diplomático. En su escrito, agregó que cesó en sus funciones parlamentarias en marzo de 2022, mientras que las bases de los concursos cuestionados se lanzaron meses más tarde.
En tanto, el exgobernador Luciano Rivas optó por guardar reserva frente a los señalamientos de su excolaborador, indicando mediante un escrito que no considera oportuno pronunciarse sobre piezas de una carpeta investigativa en trámite ante el Ministerio Público.
La arista Fundación Local
Esta arista por presuntas presiones políticas se enmarca en la causa madre por los traspasos del GORE de La Araucanía a la Fundación Local, investigación que lidera la Fiscalía de Alta Complejidad y que busca esclarecer el destino de más de 2.100 millones de pesos transferidos por la gobernación.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Fundación Local operó como una estructura de papel para triangular fondos públicos. En su declaración, Leonelli explicó que la idea original impulsada supuestamente por el entorno de Rivas era utilizar una entidad naciente llamada Chile Puede Más, pero la Ley de Presupuestos exigía una antigüedad mínima de dos años. Ante esa traba, se recurrió a la Fundación Local, domiciliada originalmente en Viña del Mar, para modificar sus estatutos e instalar un nuevo directorio integrado por personas de confianza del gobierno regional.
Para evitar el escrutinio del Consejo Regional (CORE), los programas confeccionados por la gobernación eran fragmentados en montos inferiores a las 7 mil UTM, lo que permitía a la autoridad regional disponer la asignación directa de los recursos.
Actualmente, Juan Pablo Leonelli permanece en prisión preventiva en el Centro de Detención de Victoria tras ser formalizado por múltiples delitos de fraude al fisco en las aristas Fundación Local y Manicure, luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco revocara su arresto domiciliario por incumplir las cautelares. Por su parte, el exgobernador Luciano Rivas mantiene la calidad de imputado en el expediente penal, mientras el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía avanzan en el peritaje de las cuentas y testimonios del caso.
