Con la meta de reactivar un proyecto estancado por años en el Congreso, la cartera de Justicia convocó a 15 destacados procesalistas de diversas universidades y organismos públicos. Divididos en dos instancias técnicas, los especialistas abordarán la actualización del texto legal y la redacción de propuestas para nudos críticos como el juicio ejecutivo, la mediación obligatoria y la casación.
Con la urgencia de destrabar una de las transformaciones estructurales más postergadas del sistema judicial en Chile, el Ministerio de Justicia configuró dos instancias de expertos para reactivar la tramitación del nuevo Código Procesal Civil. El diseño institucional contempla un comité consultivo de cinco miembros y una comisión asesora integrada por diez académicos, profesionales que acompañarán la revisión del proyecto que permanece en su segundo trámite constitucional en el Senado.
La convocatoria reúne a figuras del mundo académico, institucional y del litigio civil, con el propósito de actualizar una iniciativa ingresada originalmente al Congreso en marzo de 2012 y cuya discusión busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente desde 1903. En mayo de 2021, la Sala del Senado aprobó en general la propuesta, ocasión en que el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó el cambio como una “gran transformación” orientada a dejar atrás un modelo procesal “caro, lento y engorroso”.
El denominado comité consultivo, según consignó La Tercera, quedó conformado por cinco especialistas encargados de asesorar directamente al Ministerio en la revisión integral del articulado y durante su itinerario legislativo. Esta mesa está integrada por la consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Mariana Valenzuela; el director del programa Reformas a la Justicia de la Universidad Católica, José Pedro Silva; el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero; la académica de la Universidad de Chile, Renée Rivero; y la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Macarena Vargas.
En paralelo, la comisión asesora agrupa a diez juristas abocados a elaborar propuestas específicas sobre las materias que no alcanzaron resolución durante el primer trámite constitucional del proyecto. Este equipo lo integran los académicos Nicolás Frías (Universidad Católica), Matías Insunza (Universidad de Chile), Orlando Poblete (Universidad de los Andes), Jaime Carrasco (Universidad del Desarrollo), Sophia Romero (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Andrés Bordalí (Universidad Austral de Chile), Rodrigo Lillo (Universidad Adolfo Ibáñez), Pedro Rencoret (Universidad Católica), María de los Ángeles González (Universidad de Chile) y Gonzalo Cortez (Universidad Adolfo Ibáñez).
Entre los ejes de trabajo encomendados a la comisión asesora figura la formulación de un nuevo procedimiento ejecutivo, la reestructuración del recurso de casación, la creación de un procedimiento sumario simplificado y la incorporación de la mediación judicial previa y obligatoria para determinadas acciones civiles. Asimismo, los comisionados deberán definir la regulación de los actos judiciales no contenciosos y adecuar el proyecto a los avances de la tramitación electrónica y la inclusión de nuevas tecnologías en la función jurisdiccional.
El trabajo de ambas mesas técnicas operará de forma coordinada con la jefa de la División Jurídica del Ministerio, Pilar Hazbún, y la abogada asesora de gabinete Trinidad Zegers, quien asume el rol ejecutivo de gestionar los compromisos de la reforma. Tras sostener su primera sesión de trabajo en la sede ministerial, los integrantes de las comisiones iniciaron la revisión de las indicaciones que el Ejecutivo ingresará al Senado para reactivar el debate procesal.
