El Fiscal Nacional cuestionó ante la Subcomisión de Presupuestos las nuevas glosas y visaciones previas que el proyecto del Ejecutivo busca imponer sobre viáticos, horas extras y el programa ECOH. La advertencia de que rendir cuentas a Hacienda expone antecedentes reservados de investigaciones llevó a los parlamentarios a suspender la votación de la partida institucional.
A un escenario de alta tensión institucional escaló la discusión de la Partida 23 del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso Nacional. Durante su exposición ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, encendió las alarmas por las nuevas exigencias de control y restricciones operativas que la Dirección de Presupuestos (Dipres) intenta imponer a la ejecución de los recursos del Ministerio Público. Pese a que la propuesta del Ejecutivo contempla un incremento global del 13,9% para la institución, alcanzando los 336.312 millones de pesos, la controversia se centró en la fragmentación de partidas y la fijación de topes rígidos que obligarían al organismo persecutor a solicitar autorizaciones previas a Hacienda para mover sus fondos.
El nudo crítico de la disputa radica en la creación de programas separados, como la glosa para la Fiscalía Supraterritorial, y el establecimiento de límites máximos para el pago de horas extraordinarias, capacitaciones y viáticos dentro y fuera del país. Bajo este esquema, ante cualquier déficit o requerimiento operativo no previsto, la Fiscalía tendría que entregar antecedentes y pedir el visto bueno de la Dipres para reasignar partidas o autorizar desplazamientos.
Para el titular del Ministerio Público, la pretensión del Ejecutivo vulnera directamente la independencia consagrada en la Carta Magna y pone en riesgo la reserva legal de las pesquisas. “Si me parece grave lo del problema presupuestario, esto me parece gravísimo”, advirtió Valencia ante los parlamentarios. El jefe de los fiscales argumentó que “una de las herramientas más frecuentes que tienen los gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los ministerios públicos, esto a nivel regional, que normalmente son autónomos, es el control presupuestario; el castigo presupuestario o el premio presupuestario”. En esa línea, recordó que “la autonomía existe precisamente para evitar que cualquier Gobierno de turno pueda utilizar el control de fondos para presionar a la institución o interferir en la persecución de delitos”.
Uno de los puntos de mayor preocupación expuestos por la autoridad penal es la incompatibilidad entre la rendición administrativa de gastos y el secreto que protege a las causas complejas de corrupción, lavado de activos o crimen organizado. Valencia ejemplificó los dilemas procesales que provocaría someter las decisiones del organismo a la burocracia financiera de Hacienda. “El riesgo de esto es que si en algún momento yo necesito tomar una decisión de mandar algunos fiscales a Colombia, y me falte plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle la autorización”, explicó. Frente a los legisladores, planteó la interrogante central del conflicto: “¿Cómo le explico si tengo reserva legal y la Dipres no es interviniente? (…) ¿Y si tengo la prohibición expresa incluso hasta de hablar de la existencia de la investigación y el Ministerio de Hacienda no es interviniente?”. Asimismo, remarcó que “¿cómo voy a tener que ir a hablar a la Dipres para decirle que necesito más plata? O sea, no es un problema de montos solamente (…) es un tema con proteger la autonomía constitucional del Ministerio Público a la que nos dedicamos”.
El choque también salpicó la continuidad de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), iniciativa financiada con 12.937 millones de pesos. Valencia sostuvo que someter el uso de estos recursos a informes mensuales y autorizaciones del Ejecutivo altera el acuerdo original con el Gobierno y afecta la labor operativa. Por ello, advirtió que “la exigencia de esta nueva medida en caso de prosperar nos obligaría a revisar eventualmente la continuidad del proyecto ECOH”, solicitando que dichos fondos se integren de manera directa al presupuesto permanente de la institución.
Ante la contundencia de las objeciones del Fiscal Nacional, la Tercera Subcomisión de Presupuestos decidió congelar la votación de la partida del Ministerio Público y enviarla en calidad de pendiente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
El choque presupuestario ocurre además en un contexto de severa presión operacional para el sistema penal. Según las proyecciones institucionales, los ingresos de causas superarán los 2 millones durante 2026, situando la carga promedio nacional en 2.542 causas por fiscal. Valencia atenuó las expectativas sobre la reciente Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, explicando que el aumento de la dotación será gradual en un plazo de cuatro años, por lo que no reducirá la sobrecarga actual sino que solo detendrá la velocidad de su incremento. A este cuadro se suma la transformación de la criminalidad, donde el 75% del alza de denuncias responde a estafas y uso malicioso de tarjetas de crédito y débito, ilícitos vinculados a estructuras del crimen organizado que ya representan una de cada cinco causas que ingresan a la Fiscalía.
