El secretario general del oficialismo, Vicente Bruna, fijó una inédita postura al sostener que “la justicia no es venganza” frente al pedido de libertad del condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano. La solicitud, ingresada al Ministerio de Justicia para la evaluación del Presidente José Antonio Kast, reactiva el debate sobre el alcance de las razones humanitarias en el cumplimiento de penas.
Un insospechado giro político e institucional generó la solicitud de indulto humanitario presentada por la defensa de Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano. El caso, que ingresó formalmente al Ministerio de Justicia para ser resuelto por el Presidente José Antonio Kast, sumó un respaldo clave desde el propio Partido Republicano, colectividad de gobierno que abogó por conceder el beneficio debido al cáncer terminal que padece el interno y planteó extender el mismo criterio para los uniformados recluidos por violaciones a los derechos humanos.
El exlautarista de 53 años, quien permanece internado en el Hospital Penitenciario de Santiago, padece un diagnóstico de cáncer con metástasis en pelvis, hígado y ambos pulmones, condición que mantiene su expectativa de vida acotada y con un dictamen de invalidez total y definitiva. Tras el rechazo dictado por la Corte Suprema a un recurso de amparo que buscaba modificar su régimen de reclusión, su defensa encabezada por el abogado Ricardo Bravo Cornejo elevó una carta directa al Mandatario solicitando la remisión del saldo de sus condenas o su conmutación por arresto domiciliario con cuidados paliativos.
En el escrito dirigido al Jefe de Estado, Aliste Vega reconoció el peso de sus sentencias a más de 42 años de cárcel por el atraco al Banco Security en octubre de 2007 y el crimen del efectivo policial. “Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni restar importancia al sufrimiento de las víctimas y sus familias”, expresó en la misiva, añadiendo que “mi enfermedad ha limitado casi todo lo que puedo hacer, pero todavía puedo recibir y expresar afecto”, pidiendo volver a su hogar para “escuchar a mis hijos, conversar cuando tenga fuerzas, recibir ayuda de mi esposa y sentir su presencia también en los momentos de mayor debilidad”.
La solicitud provocó un inmediato alineamiento en el Partido Republicano. Su secretario general, Vicente Bruna, apoyó abiertamente la concesión del beneficio humanitario, marcando una posición institucional que busca sentar un precedente transversal. “La justicia no es venganza y las razones humanitarias no responden a consideraciones políticas. Creemos que el terrorista y exlautarista Aliste Vega, quien hoy sufre cáncer terminal, debe ser indultado para cumplir condena en su casa”, afirmó el dirigente, agregando que desde la colectividad tienen “la convicción de que es el momento para indultar, ya, a todos los miembros de las FF.AA. y de Orden que hoy presentan condiciones de salud de consideración humanitaria y así terminen de cumplir las condenas en sus hogares”, remarcando que “en materia de indultos, la espera es fatal”.
En la misma línea, el diputado republicano Cristián Araya sostuvo que la petición “debe analizarse en su mérito, tomando en cuenta los antecedentes médicos”, argumentando que “como republicanos, creemos firmemente en la justicia, no en la venganza. La gravedad de haberle quitado la vida a un carabinero no impide evaluar una solicitud fundada en razones humanitarias”.
La estrategia planteada por la defensa del condenado apunta precisamente a un examen sin sesgos de origen. El abogado Bravo Cornejo remarcó que “el factor humanitario debe evaluarse con criterios objetivos e iguales para todas las personas”, recordando que ha presentado requerimientos similares para reclusos de Punta Peuco y Colina 1. “El presidente Kast es el presidente de todos los chilenos. Confío en que su mirada en esta materia será transversal y humanitaria, no sectorial, y que aplicará criterios objetivos a cada caso”, concluyó el jurista.
Con la carpeta médica y los antecedentes penitenciarios sobre la mesa del Ministerio de Justicia, la decisión final quedó radicada en la facultad exclusiva del Presidente de la República.
