El tribunal de alzada inició este martes la revisión de los recursos de nulidad de la Fiscalía, el CDE y el SII contra la sentencia que liberó de cargos a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse. Tras un juicio de más de dos años y una sentencia de 5.000 páginas, la justicia evaluará si las contradicciones argumentativas y la tesis del correo personal justifican repetir el proceso.
A más de una década del estallido del caso SQM y tras un juicio oral que se extendió por dos años y medio, el histórico proceso por financiamiento irregular de la política vuelve al centro del debate judicial. La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará las solicitudes de nulidad presentadas por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismos que buscan dejar sin efecto el fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió a la totalidad de los acusados.
El proceso en el tribunal de alzada se inicia luego de que la Corte desestimara las peticiones de las defensas de Cristián Warner, Roberto León, Marcelo Rozas y Marco Enríquez-Ominami, quienes intentaron declarar inadmisibles los recursos de los perseguidores alegando defectos de forma. Con la admisibilidad ratificada, la audiencia estará a cargo del relator Braulio Meriño, jornada en la que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicitará tres horas para exponer los fundamentos de un escrito de 230 páginas. La extensión del alegato fue justificada por el ente persecutor en la complejidad de un juicio oral que abarcó desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025, generando una sentencia de aproximadamente 5.000 páginas y un anexo de transcripciones que supera las 8.000 páginas. Asimismo, la integración de la sala registró la inhabilitación previa del ministro Patricio Martínez, quien se restó del conocimiento de la causa argumentando una cercanía familiar con el acusado Patricio Contesse.
En términos de estrategia procesal, el Ministerio Público apunta a repetir el juicio respecto de siete imputados aduciendo razonamientos contradictorios en la valoración de la prueba. En tanto, el SII centra su impugnación en las absoluciones dictadas por delitos tributarios, mientras que el CDE concentró su ofensiva en los veredictos que liberaron de responsabilidad por cohecho y soborno al exsenador y exministro Pablo Longueira y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
Uno de los focos de mayor controversia doctrinaria se concentra en los fundamentos de la sentencia absolutoria del tribunal oral respecto a Longueira. El CDE cuestionó la interpretación de la mayoría de los jueces sobre la calidad de funcionario público del exministro y la ponderación otorgada al uso de una cuenta de correo electrónico personal para comunicarse con ejecutivos de la minera no metálica. Al respecto, el abogado y exquerellante de la causa, Mauricio Daza, advirtió las implicancias del criterio aplicado por el tribunal oral: “Obviamente, se trata no solamente de un argumento ridículo, sino también peligroso, porque se podría concluir que bastaría que un funcionario público se coloque de acuerdo con una persona para recibir un soborno a través de un correo electrónico no institucional, para que quedara impune”. Daza en conversación con radio Biobío cuestionó además que el estiramiento de los plazos procesales fuera esgrimido como fundamento para absolver, remarcando que gran parte de las dilaciones respondieron a la propia dinámica de las defensas.
Frente a las embestidas de los organismos públicos, las defensas prepararon un bloque de contención centrado en la intangibilidad del fallo de primera instancia. El abogado de Patricio Contesse, Samuel Donoso, asumirá la representación del ejecutivo ante la sala, mientras que la defensa de Pablo Longueira, encabezada por el penalista Alejandro Espinoza, insiste en que el ente persecutor no logró acreditar la comisión de delitos.
Espinoza subrayó que “la absolución de Pablo Longueira dice relación, entre otros fundamentos, pues el Ministerio Público no pudo demostrar que Longueira haya recibido ningún peso de SQM. Tampoco se demostró que haya solicitado o gestionado los aportes para políticos referidos en la acusación”.
El desenlace en la Corte de Apelaciones de Santiago fijará el destino final de la causa insignia del financiamiento irregular de la política. De acogerse los recursos, la justicia ordenará la realización de un nuevo juicio oral contra los imputados y por los delitos que abarque la declaración de nulidad; de lo contrario, la desestimación de las acciones dejará a firme las absoluciones, cerrando definitivamente las puertas a una revisión judicial sobre el caso.
