La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible la apelación presentada por el Ministerio Público tras el allanamiento en que se incautó cocaína base y cartuchos en la casa de la familia de la funcionaria de Peñalolén. Mientras el tribunal de alzada alista la revisión de la detención, Carabineros abrió un sumario administrativo para definir su continuidad en la institución.
Un complejo frente judicial e institucional enfrenta una carabinera de 21 años perteneciente a la Subcomisaría de Peñalolén, luego de que la Fiscalía presentara un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Concepción para revertir la declaración de ilegalidad de su arresto durante un operativo antidrogas en Lota. La acción del ente persecutor fue declarada admisible por el tribunal de alzada penquista, abriendo una revisión procesal clave sobre las evidencias halladas en el inmueble.
El procedimiento se remonta a la tarde del pasado 24 de septiembre, cuando personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Lota, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó una orden de entrada y registro en una vivienda del sector Villa Ilusión. Al interior del domicilio, las policías incautaron 72,25 gramos de cocaína base (equivalentes a más de mil dosis), dinero en efectivo, municiones de calibres 9 milímetros y .32, una pistola de aire comprimido y cartuchos a fogueo y modificados.
La diligencia culminó con la detención de dos mujeres de 39 y 21 años, madre e hija respectivamente, confirmándose que la menor de ellas es funcionaria activa de Carabineros en la Región Metropolitana. Pese a que el juez de garantía de primera instancia declaró ilegal la detención de la mujer, la Fiscalía recurrió de alzada argumentando hallazgos directos en las dependencias donde pernoctaba la imputada.
Según consta en el escrito del recurso presentado por el Ministerio Público, las municiones fueron descubiertas en el “dormitorio donde se encontraba la imputada”, mientras que la droga incautada en el living se hallaba ubicada junto a “la placa policial” de la funcionaria. Con estos elementos probatorios, el ente persecutor busca formalizar a la carabinera por los delitos de tráfico en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones.
Desde la institución uniformada, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Renzo Miccono, confirmó la instrucción de un procedimiento disciplinario interno para evaluar su situación procesal y permanencia en el servicio. El oficial sostuvo que la funcionaria presta servicios en la Región Metropolitana y que se encontraba haciendo uso de días libres al momento de la irrupción policial.
“En el domicilio en que ella se encontraba, bajo un allanamiento, por una hora de investigar, se encontró droga. Lo que sí podemos señalar es que esta funcionaria no es de acá de la región, trabaja en la zona Metropolitana, estaba de visita en la casa de familiares y cuando se produce este allanamiento, claro, ella pasa detenida porque se encontraba en el interior. Y no obstante, nosotros iniciamos un sumario administrativo para ver su situación procesal y respecto a su continuidad en la institución”, afirmó el general Miccono.
El caso quedará en manos del tribunal de alzada penquista, sala que deberá resolver en los próximos días si revoca la resolución de garantía y valida la tramitación de la causa penal contra la funcionaria.
