La Fiscalía Metropolitana Sur concluyó la extensa audiencia en el Centro de Justicia tras cuatro jornadas de presentación de cargos. El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva para los nueve capturados en operativos de la PDI y confirmó que los diez imputados restantes continuarán recluidos en diversos penales del país, fijando un plazo de 120 días de investigación para desarticular la red.
Luego de cuatro jornadas de audiencia desarrolladas en el Centro de Justicia, el Poder Judicial dio por finalizada la formalización de cargos contra los 19 integrantes de la primera célula con presencia confirmada en Chile de la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC). La resolución del tribunal dejó a la totalidad de los imputados privados de libertad, decretando la medida cautelar de prisión preventiva para los nueve detenidos en operativos externos y ratificando la continuidad de la reclusión para otros diez miembros que ya cumplían condenas o cautelares previas en diferentes recintos penitenciarios del país.
El procedimiento penal derivó del despliegue denominado “Operación Sintonía 1533”, una indagatoria desarrollada durante dos años por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. La ofensiva policial contempló el allanamiento simultáneo de 24 inmuebles en tres regiones del país y la inspección de nueve centros penitenciarios distribuidos desde Arica hasta Lebu, operativo en el que se incautaron armas de fuego de grueso calibre, dinero en efectivo y sustancias ilícitas.
Durante la imputación de cargos liderada por el fiscal regional Héctor Barros, junto a los fiscales Alex Cortez y Yans Escobar, el Ministerio Público atribuyó a los imputados los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para el narcotráfico, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas. Al exponer la mecánica de la organización, el fiscal Barros explicó que los acusados “estaban en una etapa de reclutamiento de personas que pertenecen al sistema carcelario de nuestro país principalmente”, detallando además que “fueron personas bautizadas dentro de la estructura criminal y algunos llevan bastantes años formando parte de ella”.
Las evidencias reunidas por el ente persecutor permitieron acreditar que la banda transnacional buscaba asentar en el territorio nacional sus denominadas “sintonías”, correspondientes a divisiones especializadas encargadas del tráfico de drogas, acopio de armamento, lavado de activos y trata de personas. Asimismo, los peritajes sacaron a la luz la utilización de estatutos internos que incluyen el “libro blanco”, destinado al catastro y adoctrinamiento de los miembros formalmente integrados, y el “libro negro”, registro donde figuran las expulsiones y decretos de muerte contra exintegrantes.
Al término de la instancia judicial, el tribunal acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y decretó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, periodo en el cual se desarrollarán las diligencias periciales y de análisis financiero pendientes.
