El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso inició las audiencias del proceso que juzgará a exbrigadistas de Conaf, voluntarios de Bomberos y un operador de Senapred acusados de articular una estructura criminal para provocar incendios forestales. La Fiscalía solicita presidio perpetuo para la totalidad de los imputados por los delitos de asociación criminal, daño ambiental e incendio con resultado de muerte
A más de dos años de la tragedia que asoló a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso y Villa Alemana en febrero de 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso dio inicio al juicio en contra de los nueve imputados por el megaincendio que dejó 138 personas fallecidas y más de 8 mil hectáreas devastadas. El proceso judicial, que contempla la comparecencia de cientos de personas entre testigos, peritos, querellantes y abogados defensores, se extenderá por al menos dos meses para revisar una acusación penal que persigue la máxima sanción contemplada en el ordenamiento jurídico.
El banquillo de los acusados reúne a exintegrantes de las principales instituciones encargadas de la prevención y combate de catástrofes: los exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Franco Pinto Orellana, Ángel Barahona Troncoso y José Jerez Camus; los exvoluntarios de Bomberos Francisco Mondaca Mella, Maximiliano Véliz Caballería, Claudio Gamboa Ortiz y Matías Cordero de la Fuente; además del operador del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y teniente de Bomberos, Elías Salazar Inostroza, y del funcionario de Senapred José Starlin Atenas Gaete.
De acuerdo con la acusación sostenida por la Fiscalía Regional de Valparaíso, los nueve sujetos operaron entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 como una “agrupación criminal” coordinada para provocar siniestros en los bosques de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Quintay, Casablanca y Melosilla. El órgano persecutor plantea que el propósito de la red era generar emergencias de gran envergadura que requirieran sus propios servicios para combatirlas, instrumentalizando sus conocimientos técnicos y cargos para obtener beneficios operativos y económicos.
En el marco de esta dinámica, el Ministerio Público imputa al grupo la autoría de al menos cinco incendios forestales conjuntos y otros 21 siniestros provocados de manera individual. Respecto de la tragedia del 2 de febrero de 2024, la investigación situó a Franco Pinto como uno de los coordinadores operativos, a José Atenas como presunto cabecilla y a Elías Salazar, Francisco Mondaca y Franco Pinto como ejecutores directos de los cuatro focos iniciales en el Complejo Las Tablas y la Reserva Peñuelas. Para ello, emplearon dispositivos de fabricación artesanal elaborados con cigarrillos y fósforos adosados, aprovechando intencionadamente jornadas con condiciones climáticas extremas que derivaron en la descontrolada propagación del fuego sobre zonas urbanas y recintos patrimoniales como el Jardín Botánico de Viña del Mar.
En la jornada inaugural, enfocada en la revisión de aspectos previos y las condiciones de acceso de los medios de comunicación a la sala, el abogado querellante Felipe Olea, representante de familiares de más de 60 víctimas, valoró la apertura de la etapa jurisdiccional para “comenzar a hacer justicia” y fijar las responsabilidades materiales. En paralelo al juicio contra la cúpula operativa, los tribunales mantienen abiertas otras aristas investigativas orientadas a dilucidar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos en la gestión de la emergencia.
Los nueve imputados enfrentan cargos formalizados por asociación criminal, delito ambiental e incendio de bosques con resultado de muerte, sumándose en el caso de Francisco Mondaca la acusación por porte y tenencia de explosivos artesanales y fuegos artificiales. Frente a la magnitud del daño provocado y la pérdida de vidas humanas, la Fiscalía solicita la pena de presidio perpetuo para la totalidad de los acusados.
