El Consolidado N° 26 (CIC N° 26) acreditó un desplome general del 63% en el uso de permisos de salud para salir del país durante 2025 tras las advertencias del organismo fiscalizador. Pese al freno inhibitorio, la persistencia de un grupo irreductible de más de 500 funcionarios, llevó al ente de control a exigir sumarios en un plazo de cinco días y abrir el paso a acciones disciplinarias, querellas fiscales e investigaciones en el Ministerio Público.
El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, dado a conocer este 2 de octubre por la Contraloría General de la República, expuso un contraste rotundo entre el efecto inhibitorio de las fiscalizaciones masivas y la persistencia de un núcleo duro de infracciones en el aparato estatal. Si bien las salidas al extranjero de servidores públicos con licencia médica cayeron un 63% durante 2025 al registrarse 7.207 casos frente a los cerca de 20 mil detectados anualmente en 2023 y 2024, el examen detallado sacó a la luz que 566 funcionarios salieron del país estando con licencia durante los tres años consecutivos del período revisado. A ellos se suman 4.522 empleados públicos que reiteraron la conducta en dos de los tres años analizados, configurando una práctica sistemática que ahora enfrenta un severo torniquete disciplinario y judicial.
Frente a la constatación de este grupo infractor, el ente fiscalizador activó de inmediato la vía sancionatoria e interinstitucional. La Contraloría notificará a las reparticiones públicas involucradas para que dispongan la instrucción de procedimientos disciplinarios en un plazo fatal de cinco días desde su notificación, exigiendo que las resoluciones se informen exclusivamente a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD). En paralelo, el organismo fiscalizador remitió el CIC N° 26 y sus antecedentes de respaldo al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), abriendo la puerta a investigaciones penales por eventual fraude de subvenciones o licencias ideológicamente falsas, así como a las acciones de restitución de caudales públicos que corresponda interponer al Fisco.
El reporte oficial acreditó que las medidas preventivas dispuestas a partir del CIC N° 9, emitido el 20 de mayo de 2025, generaron un cambio sustancial en el comportamiento de la administración estatal. En el lapso comprendido entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2025, las licencias eventualmente irregulares utilizadas para viajes internacionales se redujeron a 1.497 casos, lo que representa una baja del 92% en comparación con el mismo período de 2023 y de un 90% respecto de 2024. Sin embargo, la revisión posterior a esa circular identificó a 1.299 servidores que continuaron cruzando las fronteras con licencia médica, de los cuales 320 ya figuraban en los registros de los años previos.
Al examinar la distribución institucional de los registros en 2025, el informe ubicó en los primeros lugares a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) con 346 funcionarios, seguida por la Fundación Integra con 326, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro con 207, la Municipalidad de Arica con 165 y el Servicio de Salud Magallanes con 162 casos. Cabe precisar que el estudio abarcó a la Administración Central, empresas públicas, universidades estatales y municipalidades, excluyendo de este cómputo al Poder Judicial, Congreso Nacional, Ministerio Público, Banco Central, CDE y a las fuerzas armadas y de orden que cotizan en Capredena o Dipreca, cuyo desglose específico se encuentra en elaboración.
Con la remisión de los ficheros individualizados a la Fiscalía y al CDE, el organismo fiscalizador cerró una etapa de levantamiento de datos y traspasó el foco a la persecución de responsabilidades personales y patrimoniales. Desde la Contraloría advirtieron que mantendrán la supervisión continua sobre esta materia, fiscalizando el cumplimiento efectivo de las sanciones administrativas y el avance de los sumarios que deberán abrirse en cada servicio público.
