En un veredicto unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas impuso la pena de presidio efectivo, una multa de $30 millones e inhabilitación perpetua para cargos públicos al expresidente regional de la UDI por el delito de cohecho. A la espera de la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que la Fiscalía y el CDE exigirán su ingreso inmediato a un recinto penitenciario, la defensa alista un recurso de nulidad tras desestimar la batería de escuchas telefónicas que probaron los arreglos con los ejecutivos de Itelecom.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó sentencia condenatoria este viernes 25 de septiembre de 2026 contra el exalcalde de Puerto Natales y expresidente regional de la UDI, José Fernando Paredes Mansilla, imponiéndole una pena de 5 años y un día de cárcel efectiva como autor consumado del delito de cohecho. El fallo, firmado unánimemente por los jueces Guillermo Cádiz Vatcky, Julio Álvarez Toro y Rosa Cáceres Julio, no concedió beneficios alternativos de libertad, sumando además la sanción de una multa de $30 millones, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios públicos y derechos políticos, y la prohibición de desempeñarse en órganos o empresas que contraten con el Estado durante el tiempo de la condena.
El tribunal fijó para este lunes 28 de septiembre, a las 10:30 horas, la audiencia de revisión de medidas cautelares. En dicha instancia, la Fiscalía Regional de Ñuble ,representada por la fiscal Paulina Valdebenito Sanders, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) —a través del abogado Marcel Villegas— solicitarán el ingreso inmediato de Paredes a un recinto carcelario para el cumplimiento de la pena. Una vez que el dictamen quede firme y ejecutoriado, se le abonarán al sentenciado los 373 días que ha permanecido privado de libertad bajo prisión preventiva y arresto domiciliario.
Las pruebas del juicio: Del llamado telefónico a las escuchas con los ejecutivos
La convicción del tribunal oral permitió dar por acreditado que, entre 2019 y 2020, Fernando Paredes aceptó recibir dinero por parte del Holding Itelecom con la finalidad de favorecer a la compañía en el proceso de licitación para la reposición del alumbrado público a tecnología LED en Puerto Natales, un contrato que bordeó los $1.590 millones. En el mismo pronunciamiento, las magistradas y el juez del caso resolvieron absolver al exedil del delito de violación de secreto que le imputaba el Ministerio Público.
Entre los elementos probatorios clave expuestos por la fiscalía durante las audiencias figuró un llamado telefónico registrado el 20 de julio de 2019. En dicha comunicación, la exautoridad comunal conversó directamente con ejecutivos de Itelecom sobre las especificaciones técnicas de las bases de la futura licitación. La investigación probó que Paredes facilitó su número de teléfono y correo electrónico personal para recibir comentarios y recomendaciones técnicas destinadas a direccionar la licitación en beneficio de la empresa.
El sustento probatorio del veredicto incorporó una extensa batería de escuchas telefónicas intervenidas por la Policía de Investigaciones. En los audios figuran diálogos directos entre Paredes y el operador político Cristián Ureta, conversaciones con el gerente de Itelecom, Pedro Guerra, para coordinar la licitación de luminarias, y llamadas con el gerente general del holding, Marcelo Lefort, relativas a la firma del contrato de adjudicación. A ello se sumaron los testimonios de los oficiales de la fuerza de tarea de la PDI integradamente desplegada desde Iquique y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de la Municipalidad de Puerto Natales, junto con respaldos de mensajería de WhatsApp y correos electrónicos.
El impacto en la arista nacional de Itelecom y los recursos de la defensa
La condena dictada en Magallanes forma parte de una investigación madre radicada en la Fiscalía Regional de Ñuble, bajo la conducción de la fiscal regional Nayalet Mansilla Donoso, la cual pesquisó el pago de sobornos sistemáticos a funcionarios públicos e intermediarios en múltiples municipios del país. La causa unificada —cuya arista principal se tramita ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a la espera de juicio oral— abarca también indagatorias en las municipalidades de Chillán, Negrete y Coyhaique (donde figura acusado el exalcalde Rigoberto Huala), además de derivaciones en el Ministerio de Energía por delitos de soborno, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.
De acuerdo con las cifras del Ministerio Público, la persecución penal del caso Itelecom suma 21 acusados, de los cuales 11 ya han sido condenados mediante procedimientos abreviados. Entre esas sentencias destaca la condena a la persona jurídica del propio Holding Itelecom, que aceptó como condición la disolución de seis de sus sociedades. A la fecha, las multas y comisos aplicados en la causa han permitido recaudar más de $3.272 millones para el Fisco.
Tras la comunicación de la sentencia, Fernando Paredes insistió en su inocencia, afirmando que no comparte el fallo y alegando que “nunca nadie me ha ofrecido nada y yo no he aceptado absolutamente nada de nadie”. Por su parte, el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo confirmó que alistan la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas o la Corte Suprema con el objetivo de invalidar el juicio oral y el fallo, sosteniendo que las imputaciones del ente persecutor se habrían fundado sobre “supuestos” probatorios.
