Representado por el exministro Gonzalo García, Luis Maldonado volvió a acudir a la magistratura constitucional para requerir la paralización provisional del “acto reclamado” que emitirá el Ministerio de Justicia. A una semana de que expire el plazo de la reforma notarial, el escrito solicita una vista preferente para evitar un cese que la defensa califica de discriminación arbitraria, en una arremetida que se suma a los recursos presentados por otros notarios de regiones.
A solo días de que venza el plazo legal fijado para su retiro obligatorio, el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado (81 años), volvió a acudir este jueves al Tribunal Constitucional (TC) para ingresar una solicitud urgente. En la presentación, el auxiliar de la justicia requirió decretar la suspensión provisional del “acto reclamado”, correspondiente al decreto formal de cese de funciones que deberá emitir en las próximas jornadas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en virtud del artículo segundo transitorio de la Ley N° 21.772. Asimismo, según consignó La Tercera la representación del conservador solicitó al pleno de la magistratura otorgar una vista preferente a la causa y fijar alegatos de admisibilidad antes del próximo viernes 2 de octubre, con el objeto de resolver la medida cautelar antes de que se concrete su salida de la repartición.
La arremetida de Maldonado ante la instancia constitucional responde a un complejo giro procesal derivado de su estrategia para impedir el cese de sus funciones en el cargo. Hace unos meses, el conservador inició una demanda civil por discriminación arbitraria al amparo de la Ley Zamudio ante el 28° Juzgado Civil de Santiago. En el curso de dicha tramitación, la jueza titular Claudia Veloso resolvió de oficio requerir al TC para solicitar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 6, letra b), de la norma antidiscriminación. Aunque la Primera Sala del TC acogió el requerimiento a trámite de forma unánime y ordenó suspender la gestión pendiente, el congelamiento recayó de manera exclusiva sobre la causa civil que se ventila ante el tribunal ordinario y no sobre la norma transitoria de la reforma notarial.
La falencia del congelamiento civil y la tesis sobre la constitucionalidad de la norma
Debido a que la jueza Veloso no cuestionó en su oficio el artículo segundo transitorio de la Ley N° 21.772, la suspensión concedida por el TC dejó intacta la atribución del Ministerio de Justicia para ejecutar el cese de funciones a contar del 2 de octubre. Esta situación obligó a Maldonado —patrocinado ante el TC por el exministro del organismo Gonzalo García— a reestructurar la pretensión cautelar para solicitar de manera directa la suspensión del acto administrativo del Ejecutivo.
Para fundar la procedencia de la acción, la defensa sostiene que, si bien el TC ejerció el control preventivo de la reforma notarial tras su despacho en el Congreso Nacional y desestimó en esa oportunidad los planteamientos de los notarios, la disposición específica que establece la jubilación forzosa a los 75 años no fue rotulada con rango orgánico constitucional. Bajo esa premisa técnica, la representación de Maldonado argumenta que sobre dicha norma pesa únicamente una presunción de constitucionalidad al no haber existido un pronunciamiento específico sobre su fondo, lo que facultaría al tribunal a examinar si la medida constituye un acto de discriminación arbitraria o “edadismo”. Maldonado, quien ejerce el cargo desde antes de la reforma de 1995, forma parte del grupo de auxiliares de la justicia que históricamente permaneció exento de la norma de retiro que rige para el escalafón primario del Poder Judicial.
La estrategia colectiva de “los inmortales” ante la sede constitucional
La arremetida impulsada por Maldonado no representa un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una ofensiva colectiva liderada por el exministro Gonzalo García para representar a diversos notarios y conservadores de regiones que buscan mantenerse en sus funciones apelando a sus condiciones de salud. Entre las acciones en curso figura la presentación de la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery (76 años), cuyo requerimiento ante el TC fue promovido directamente por García tras no ser derivado por el tribunal civil, solicitando la suspensión provisional del acto reclamado e invocando expresamente las normas de la reforma notarial.
En una línea similar se ubica el conservador de Pozo Almonte, Enso González (80 años), quien estructuró su gestión pendiente mediante un recurso de apelación radicado en la Corte de Apelaciones de Iquique, luego de que el Juzgado de Letras y Garantía de su comuna declarara inadmisible su demanda inicial por Ley Zamudio, logrando la admisión a trámite y requiriendo del mismo modo la paralización provisional del cese. A estos expedientes se suman los libelos ingresados a favor de las notarias Linda Bosch y Lidia Chahuán, en un escenario donde el pronunciamiento que adopte el TC en los próximos días definirá si se concede la vista preferente solicitada y si se entra al fondo del debate sobre la validez del retiro forzoso en la función pública.
