En el marco de una investigación penal por falsificación de instrumento público y cohecho en el Juzgado de Policía Local de La Granja, la Fiscalía Sur y el OS9 de Carabineros incautaron correos y archivos digitales en la sede de la concesionaria. El caso destapó una red de funcionarios que cobraban abultadas retribuciones por diligencias que nunca realizaron, dejando a cientos de automovilistas en la indefensión tras ser demandados sin haber sido notificados.
En un procedimiento instruido por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, efectivos del departamento OS9 de Carabineros ingresaron a las dependencias centrales de la concesionaria Autopista Central, emplazadas en la comuna de Las Condes. El objetivo central del operativo judicial consistió en incautar evidencia digital, correos electrónicos y registros informáticos vinculados a las tramitaciones de cobros judiciales por morosidad en el uso del dispositivo TAG.
El procedimiento se enmarca en una causa por los delitos de falsificación de instrumento público y cohecho que salpica a funcionarios del Juzgado de Policía Local (JPL) de La Granja. La semana previa a la diligencia, el Ministerio Público formalizó a ocho funcionarios del tribunal, de los cuales seis quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras la ratificación dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel. La investigación fijó un plazo de instrucción de 120 días mientras los peritos analizan el material incautado.
El mecanismo de los “estampados falsos” y notificaciones simultáneas
La hipótesis central del fiscal a cargo de la causa, Christian Toledo, sostiene que los imputados actuaban como receptores o notificadores judiciales dentro de las causas ejecutivas promovidas para el cobro de deudas del TAG. En el ejercicio de dicha función pública, los funcionarios registraban certificados de notificación en los que aseveraban haber acudido a entregar la documentación a los domicilios de los deudores en fechas y horas idénticas, pero en lugares geográficamente distantes.
De acuerdo con las verificaciones del Ministerio Público, los funcionarios declaraban en los expedientes haber notificado personalmente a un demandado en la comuna de San Bernardo a las 09:00 horas e indicar, en el mismo instante, estar realizando una diligencia similar en Colina, una incongruencia física que delató la falsedad de los estampados. Si bien las personas sujetas al cobro efectivamente mantenían deudas vigentes con la concesionaria, el fraude procedimental provocó que decenas de automovilistas jamás tomaran conocimiento de las demandas en su contra, perdiendo la posibilidad de ejercer su derecho a defensa o regularizar su situación en el tribunal.
Lucro directo y las tres aristas de la falsificación judicial
El incentivo económico detrás de las irregularidades radicaba en el sistema de pagos asociado a las diligencias de notificación. Por cada estampado presentado, la empresa concesionaria pagaba una remuneración adicional directa al notificador —sin pasar por las arcas del juzgado— que bordeaba un promedio de $30 mil por notificación. Al certificar falsamente entre 10 y 30 notificaciones diarias, los funcionarios lograban abultar sustancialmente sus ingresos mensuales.
Junto a los estampados falsos, el Ministerio Público estructuró la imputación en torno a tres aristas de falsificación: la creación de expedientes simulados que no figuraban en los libros de ingreso del tribunal, la emisión de certificados e instrumentos públicos falsificados y el despacho de oficios irregulares al Registro Civil. Mediante estos últimos documentos, los imputados obtenían información reservada de los contribuyentes al margen de causas legalmente tramitadas, lo que fundamentó la formalización por el delito de cohecho.
La alerta del juez en 2020 y las diligencias bancarias
La génesis de la causa se remonta al año 2020, cuando el entonces juez titular del Juzgado de Policía Local de La Granja, Felipe Ongaro, detectó anomalías severas en el sistema informático del tribunal. El magistrado advirtió la programación de cerca de cien audiencias de comparendo fijadas para un mismo día y hora, lo que motivó la denuncia formal ante la fiscalía por hechos que se habrían ejecutado entre los años 2019 y 2020.
Aunque la cuantía total del fraude se mantiene bajo peritaje, el fiscal Toledo confirmó que se decretó el levantamiento del secreto bancario de los ocho imputados para rastrear el flujo de dinero pagado por la concesionaria. La investigación continúa abierta para determinar si existen otros personeros o intermediarios involucrados en la red de falsificaciones que operó al interior del tribunal de la zona sur de Santiago.
