Con una sala reconfigurada tras la marginación de doce magistrados e integrantes, la Tercera Sala del máximo tribunal revisará en vista conjunta cuatro causas acumuladas. En una jornada de más de 10 horas de alegatos, el Consejo de Defensa del Estado buscará reponer los castigos administrativos, mientras las defensas de los principales ejecutivos e intermediarios insistirán en la anulación y rebaja de las sanciones que marcaron la historia del mercado bursátil chileno.
La revisión de las sanciones administrativas aplicadas por la antigua Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero) entra en su etapa de resolución definitiva con la vista conjunta de cuatro causas acumuladas ante la Tercera Sala de la Corte Suprema. La audiencia contempla un total de 605 minutos de alegaciones distribuidos entre los representantes de los sancionados y los abogados del Fisco.
La concreción de este hito procesal se produce tras un entrampamiento que se extendió durante dos años desde que el máximo tribunal ordenó la tramitación unificada de los expedientes. El avance del proceso se vio ralentizado por una sucesión de inhabilidades y recusaciones que impidieron la conformación de la sala. En total, siete ministros titulares debieron marginarse tras haber intervenido previamente en resoluciones ligadas al litigio: Rosa María Leonor Etcheberry, Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Gonzalo Ruz, Mauricio Silva Cancino y Jessica González Troncoso.
A la marginación de los ministros se sumó la inhabilitación de cinco abogados integrantes: José Miguel Valdivia —recusado por el Consejo de Defensa del Estado— y María Angélica Benavides —impugnada por la defensa de Leonidas Vial—, además de los profesionales Raúl Fuentes y Eduardo Gandulfo. Tras despejar las causales de implicancia, la sala encargada de escuchar las exposiciones quedó integrada por los magistrados María Angélica Repetto, Omar Astudillo, Jorge Zepeda, Dinko Franulic y Carlos Urquieta.
El choque entre la reposición del Fisco y las defensas de los ejecutivos
Durante la maratónica jornada, los abogados defensores concentrarán un total de 445 minutos de exposición para solicitar la anulación de los castigos o la ratificación de las rebajas concedidas en instancias previas. La intervención de mayor duración estará a cargo de Florencio Bernales, quien dispondrá de 120 minutos para representar a los exejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar. En tanto, Alfredo Alcaíno expondrá durante 70 minutos por el empresario Leonidas Vial Echeverría, mientras que Gerardo Varela asumirá la representación de Larraín Vial Corredora de Bolsa por 60 minutos.
Por su parte, el abogado Rodolfo Fuenzalida asumirá la defensa del exgerente general de las sociedades cascada, Aldo Motta Camp. La nómina de representantes privados se completa con Rodrigo Cuchacovich, por Canio Corbo Atria y CHL Asset Management LLC; Andrés Tavolari, en representación de Banchile Inversiones Corredor de Bolsa; y Manuel Garrido, por Cristián Araya Fernández, exgerente de inversiones de esa misma firma.
En la vereda opuesta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contará con 160 minutos para argumentar sus recursos de casación y solicitar la reposición de las sanciones originales. La estrategia fiscal estará bajo la conducción del procurador fiscal de Antofagasta, Alfredo Larreta, quien buscará convencer al tribunal de resguardar el valor de las multas cursadas por el regulador.
Las posturas en disputa: De la anulación total a las rebajas del TC
El origen de la controversia se remonta a la Resolución Exenta N° 223 dictada en septiembre de 2014 por el organismo regulador, la cual sancionó un esquema de operaciones sobre títulos de sociedades controladoras de SQM entre 2008 y 2011 por un monto global de 4.010.000 UF. En las etapas judiciales posteriores, la justicia civil y la Corte de Apelaciones de Santiago dejaron sin efecto la multa de 500.000 UF aplicada a Leonidas Vial y la de 200.000 UF impuesta a Larraín Vial S.A., al concluir que las transacciones no revistieron carácter de clandestinas.
El tribunal de alzada revocó del mismo modo las multas de 200.000 UF y 100.000 UF que pesaban sobre Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, resoluciones que el CDE pretende anular ante la Corte Suprema. Una situación distinta enfrenta Aldo Motta Camp: aunque la Corte de Apelaciones confirmó su responsabilidad infraccional, rebajó su sanción de 600.000 UF a 75.000 UF. Dicha reducción se alineó con el criterio fijado por el Tribunal Constitucional al acoger el requerimiento del abogado Roberto Guzmán Lyon contra el artículo 29 de la Ley Orgánica de la SVS.
Esa misma jurisprudencia permitió que en octubre de 2020 la Corte Suprema disminuyera la multa de Julio Ponce Lerou desde 1.700.000 UF a 75.000 UF en un fallo dividido. No obstante, en abril de 2021 el máximo tribunal rehusó aplicar dicho beneficio al ejecutivo Patricio Contesse Fica, manteniendo su sanción de 60.000 UF ($1.767 millones) al estimar que la inaplicabilidad fue alegada de manera extemporánea.
Respecto de la arista Linzor Capital, los recurrentes acuden al máximo tribunal tras obtener rebajas en el 22º Juzgado Civil y la Décimo Tercera Sala de la Corte de Apelaciones. Dichas resoluciones fijaron la multa de Banchile Corredores de Bolsa en 7.500 UF, mientras que las sanciones de CHL Asset Management LLC, Canio Corbo y Cristián Araya fueron reducidas a 5.000 UF cada una.
El trasfondo de un caso con las aristas penal y societaria cerradas
La vista unificada en el máximo tribunal se desarrolla en un escenario donde las aristas penal y corporativa del caso Cascadas han quedado extintas. En marzo de 2024, el fiscal regional Xavier Armendáriz comunicó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la causa penal contra Julio Ponce Lerou por falta de antecedentes suficientes, decisión que estuvo precedida por la absolución en juicio oral de Aldo Motta en 2019.
En el ámbito corporativo, en junio de 2026 las sociedades Oro Blanco y Potasios de Chile modificaron sus nombres a Pampa Investments S.A. y Potasios Investments S.A., concluyendo la reorganización societaria que redujo de seis a dos las firmas del denominado Grupo Pampa que invierten en SQM.
Por su parte, la arista indemnizatoria registró un hito en mayo de 2018, cuando la jueza Patricia Ortiz, del 24° Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda de AFP Provida basada en un peritaje del académico Matko Koljatic. La resolución ordenó a los sancionados restituir 186.954 UF (US$ 8,2 millones) por las pérdidas sufridas en los fondos de pensiones. Con la reestructuración empresarial consumada y la vía penal agotada, el fallo de la Tercera Sala pondrá término definitivo al capítulo administrativo del mayor litigio del mercado financiero local.
