La actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago superó la primera valla en la Comisión de Constitución del Senado para ocupar la vacante de la exministra María Teresa Letelier. Pese a que el Gobierno defiende su nominación como un nombre de mérito técnico y libre de polémicas de probidad, su postulación abrió un debate político por su perfil doctrinario, las dudas de la izquierda sobre sus fallos en derechos humanos y los pasajes menos conocidos de su dilatada trayectoria judicial.
De oficial tercera a la presidencia del tribunal de alzada capitalino
Con 63 años de edad y egresada del Liceo 1 y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Marisol Andrea Rojas Moya encarna el perfil de una magistrada formada íntegramente en las filas del Poder Judicial. Su carrera comenzó en 1987, cuando ingresó como oficial tercera en el 30° Juzgado Civil de Santiago, desde donde escaló de forma paulatina en el escalafón judicial.
En 1992 dio el salto como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, para luego asumir en 1998 como jueza titular del 28° Juzgado Civil de Santiago. Nueve años más tarde, en 2007, ascendió a relatora de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, puesto clave en el que permaneció hasta septiembre de 2012, fecha en que juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. En marzo de 2026, la abogada alcanzó la presidencia del tribunal de alzada capitalino, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar dicha instancia desde 2018.
La sucesión de Letelier y el dilema por el “cupo político”
La propuesta para llevar a Rojas al máximo tribunal del país fue formalizada mediante un oficio enviado por el presidente José Antonio Kast a la Comisión de Constitución del Senado. La magistrada integra la quina confeccionada por la Corte Suprema para llenar el cupo dejado por la exministra María Teresa Letelier, quien cesó en sus funciones por cumplir el límite de edad de 75 años, en medio de las investigaciones penales por tráfico de influencias vinculadas al exjuez Juan Antonio Poblete y al abogado Luis Hermosilla.
Durante su presentación ante los senadores, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, recalcó que el Ejecutivo buscó privilegiar una figura con distancia de los recientes escándalos de probidad que han remecido a la judicatura. Tras la audiencia, la Comisión de Constitución aprobó su nombre por tres votos a favor —de los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano)— y dos abstenciones, correspondientes a las parlamentarias Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC).
El escenario en el Congreso dejó al descubierto las complejas negociaciones no escritas sobre el equilibrio político del máximo tribunal. Aunque en el diseño informal de cuotas el Ejecutivo transmitió que Rojas podía representar una carta de consenso, sectores de la oposición y de la propia judicatura la sitúan más cercana a ideas conservadoras o de derecha. Aquello motivó el reparo de las senadoras del oficialismo. Frente a estos señalamientos, la propia magistrada fue enfática ante la comisión: “Yo no tengo tendencia política, yo soy juez. He sido toda mi vida juez, nunca tuve un trabajo diferente al Poder Judicial y siempre he fallado conforme al mérito de los antecedentes”.
Derechos humanos, causas de alto impacto y la controversia del TC
Uno de los momentos de mayor tensión en la audiencia del Senado estuvo centrado en su doctrina en causas de derechos humanos. La senadora Paulina Vodanovic la emplazó directamente por la aplicación de la “media prescripción” o prescripción gradual en crímenes de lesa humanidad (como en el caso Arévalo Yáñez). Al respecto, Rojas explicó la evolución de sus criterios, señalando que si bien en el ámbito civil aplicaba la prescripción de acciones indemnizatorias en favor del Fisco, modificó su postura tras los fallos internacionales que condenaron al Estado de Chile, entendiendo que existía una renuncia estatal a dicha excepción.
En su historial de resoluciones de alta connotación figuran fallos diversos: en abril de 2026 integró la sala que rechazó el recurso de amparo del exfrentista Galvarino Apablaza contra su orden de detención internacional; en septiembre de 2023 votó a favor de acoger la querella de capítulos contra el exministro Juan Antonio Poblete por espionaje e interceptaciones telefónicas; y ha intervenido en procesos disciplinarios contra los ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.
No obstante, su hoja de vida registra un hito controvertido dictado por la propia Corte Suprema. En enero de 2014, la Tercera Sala del máximo tribunal —encabezada por el entonces presidente Sergio Muñoz— le impuso una anotación de demérito a Rojas, junto al ministro Juan Cristóbal Mera y al abogado integrante Bernardo Lara, por haber desobedecido una orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la tramitación de un recurso interpuesto por el diario La Segunda contra la Fiscalía Nacional.
A ello se suma su pertenencia a las denominadas familias de la judicatura: su esposo, Iván Abelardo Covarrubias Pinochet, se desempeña como Oficial 1° del 30° Juzgado Civil de Santiago, mientras que su hijo, Iván Covarrubias Rojas, ejerce en el sistema notarial, antecedentes que fueron evaluados en el Senado en el marco de las exigencias de transparencia y prevención de conflictos de interés.
Con el informe favorable de la Comisión de Constitución, el expediente de Marisol Rojas pasa a la Sala del Senado, donde requerirá el respaldo de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio para convertirse en la nueva integrante de la Corte Suprema.
