Propietaria de Probarte Banquetería SpA, la empresaria que llegó a adjudicarse eventos del Club Naval y el certamen viñamarino se entregó tras permanecer casi tres meses prófuga de la justicia. Con un perjuicio económico acreditado que supera los $120 millones y decenas de denuncias acumuladas —incluyendo nuevos casos ingresados durante su fuga—, el perfil de la imputada queda marcado por el contraste entre un agresivo despliegue en redes sociales y las resoluciones de la Corte Suprema que desestimaron el alegato de un mero incumplimiento civil.
Hasta antes del colapso de sus operaciones, Natalia Álvarez Murillo figuraba en el rubro de eventos de la Región de Valparaíso como la propietaria, fundadora y directora general de Probarte Banquetería SpA. A través de una cuidada estrategia de marketing digital concentrada en plataformas como Instagram y WhatsApp, la empresaria captó durante años a decenas de clientes para la organización de festejos de alta gama.
La firma logró consolidar una aparente posición de solidez comercial al adjudicarse la prestación de servicios para espacios institucionales y mediáticos de alta figuración. Entre sus principales credenciales operativas destacaban su condición de banquetera oficial del Club Naval de Campo Las Salinas y la organización de la gastronomía y montaje para la Gala del Festival de Viña del Mar 2025. Dicho respaldo institucional fue utilizado de forma recurrente como garantía de solvencia ante parejas que buscaban contratar servicios matrimoniales con más de un año de anticipación.
El mecanismo del engaño y el colapso del 29 de noviembre
Detrás de la fachada de solvencia, la investigación encabezada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valparaíso estableció que la empresa arrastraba un severo déficit financiero. De acuerdo con las pesquisas contables, Álvarez continuó cerrando presupuestos, firmando contratos y exigiendo abonos de reserva del 20% e incluso pagos totales a sabiendas de que carecía del personal, los insumos y la liquidez requerida para cumplir con las fechas comprometidas. Los dineros captados eran desviados sistemáticamente para cubrir pasivos y deudas operativas previas.
El punto de quiebre de la trama se registró la tarde del sábado 29 de noviembre de 2025, cuando la firma desapareció de forma intempestiva borrando la totalidad de sus perfiles digitales minutos antes de atender cuatro matrimonios simultáneos en centros de eventos de Viña del Mar, Limache y Quintero. En recintos como el Centro de Eventos Chapanay, los novios e invitados se encontraron con dependencias absolutamente desiertas, sin mesas, comida, garzones ni equipamiento técnico. El episodio cobró alto impacto público tras la viralización de relatos de asistentes y la denuncia del comediante Juan Antonio Alcayaga (“Don Carter”), cuya nieta figuró entre las afectadas. En la causa se agruparon querellas de cerca de 60 parejas ,además de decenas de fiestas de graduación comprometidas, fijando el perjuicio global en más de $120 millones de pesos (equivalentes a cerca de 135 mil dólares).
El quiebre con su pareja y la condena de José Galarce
En la estructura operativa de Probarte, Natalia Álvarez compartía la gestión comercial con su pareja, José Galarce, quien se desempeñaba como chef ejecutivo de la banquetería y facilitaba sus cuentas bancarias personales para la recepción de transferencias. Tras el estallido del caso y la apertura del expediente penal, la trayectoria judicial de ambos tomó rumbos divergentes.
En septiembre, Galarce aceptó someterse a un procedimiento abreviado ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, reconociendo su participación en los hechos y prestando una declaración clave que reforzó la imputación contra su expareja. El tribunal le impuso una pena de 300 días de presidio ,sustituida por libertad vigilada bajo la supervisión de Gendarmería, y el pago de una multa de 5 UTM, valorando su colaboración sustancial y una reparación económica parcial a las víctimas. Los antecedentes aportados por Galarce y los peritajes del Ministerio Público determinaron que Álvarez negoció directamente con entre el 80% y el 90% de los novios y persiguió para sus cuentas personales la casi totalidad de los montos defraudados.
Por su parte, la defensa de la imputada —asumida por los abogados Felipe Herembag y Pablo Ehrenberg— ha intentado deslindar la responsabilidad penal argumentando que las contrataciones se celebraron con la persona jurídica Probarte SpA y aduciendo que los perjuicios corresponden a un incumplimiento contractual de carácter civil imputable a la gestión de Galarce.
Fianza de $5 millones, fuga a Atacama y reingreso al penal de Valparaíso
Tras ser formalizada inicialmente por el delito de estafa reiterada, Natalia Álvarez obtuvo la libertad provisoria mediante el pago de una caución (fianza) de $5 millones. La medida fue impugnada de inmediato por la Fiscalía Regional de Valparaíso y los abogados querellantes —entre ellos Agustín Walker, del estudio Luengo Montt—, logrando que la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocara el beneficio y ordenara su reingreso a prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
Al notificarse la orden de arresto, Álvarez eludió el accionar policial y se dio a la fuga, permaneciendo prófuga durante casi tres meses. Las diligencias de la PDI para dar con su paradero abarcaron rastreos en la Región de Atacama y derivaron en acciones legales presentadas por familiares de la acusada para frenar los operativos policiales. Durante el tiempo en que se mantuvo en la clandestinidad, el Ministerio Público continuó recibiendo nuevas denuncias de víctimas que no habían sido contabilizadas en la primera formalización.
Finalmente, la mañana de este martes 22 de septiembre de 2026, la imputada se entregó en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar afirmando que comparecía para “demonstrar su inocencia en un juicio oral” y alegando una supuesta tergiversación de los antecedentes. Sin embargo, el fiscal especializado en delitos económicos, Lionel González, desestimó sus descargos subrayando que tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema revisaron la causa y ratificaron la existencia de un delito penal de estafa. Tras la audiencia de control, Álvarez fue ingresada en prisión preventiva al Complejo Penitenciario de Valparaíso, a la espera de que la fiscalía solicite una audiencia de reformalización para adicionar los nuevos fraudes detectados antes de presentar la acusación definitiva.
