María José Montesino afirmó ante la Fiscalía de Valparaíso que diversos candidatos le pidieron dinero atribuyéndose gestiones en su designación judicial. Desde el entorno del parlamentario UDI desmintieron categóricamente la acusación, mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas sobre las relaciones económicas entre conservadores, notarios y dirigentes políticos.
La investigación penal derivada del denominado caso Hermosilla sumó un nuevo antecedente en la arista “nombramientos”, luego de que la titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, María José Montesino, prestara declaración en calidad de imputada ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, repartición a cargo de la fiscal regional Claudia Perivancich. Según reveló un reportaje de CIPER Chile , la notaria aseguró que durante periodos electorales diversos postulantes a cargos públicos le solicitaron aportes monetarios atribuyéndose intervenciones directas en su nombramiento.
En su testimonio ante el Ministerio Público, Montesino señaló expresamente: “En época de campaña han llegado muchos candidatos a pedirme aportes diciéndome que ellos influyeron en mi nombramiento, Gahona fue uno de ellos, me pidió para su campaña $1 millón, como muchos otros, a los que yo me negué”. Según precisó la notaria al medio investigador CIPER, el contacto por parte del senador por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona (UDI), se habría realizado vía telefónica y estaría relacionado con la búsqueda de financiamiento para los comicios del Consejo Constitucional en 2023.
Frente a las imputaciones contenidas en la carpeta de investigación, desde el equipo de prensa del parlamentario gremialista rechazaron de forma tajante la veracidad del testimonio, señalando que desmienten “categóricamente” haber solicitado dinero o financiamiento de campaña a la titular del oficio coquimbano.
El origen de la diligencia: Las boletas de Migueles y el inmueble de Yáber
La comparecencia de Montesino ante la fiscalía de Valparaíso se concretó en el marco de las diligencias destinadas a esclarecer la emisión de nueve boletas de honorarios por un total de $6,7 millones a nombre de Gonzalo Migueles, expareja de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ante los persecutores, la jurista sostuvo que dichos traspasos monetarios correspondieron a pagos de comisiones por labores de corretaje de propiedades asociadas al arriendo del inmueble donde funcionó la notaría entre 2022 y 2023.
Dicha propiedad pertenece al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto —actualmente suspendido de sus funciones— y exconservador de Coquimbo, Sergio Yáber, quien también figura en calidad de imputado en aristas paralelas del caso. Asimismo, en la indagatoria constan pagos por $54 millones efectuados entre 2022 y 2024 a Migueles por el cónyuge de Montesino, el exnotario Fernando Martel, los cuales son analizados por la fiscalía judicial como una eventual retribución por gestiones desplegadas para su designación en el oficio de La Cisterna.
El trasfondo de las pesquisas: Nexos económicos con la clase política
El señalamiento vertido por la notaria se inserta en un expediente más amplio que examina los flujos financieros entre notarios, conservadores y figuras de la política nacional. En la ramificación denominada “trama bielorrusa”, el nombre del senador Gahona ya había sido mencionado tras detectarse un cheque por $4 millones emitido a su favor en enero de 2023 por el propio conservador Sergio Yáber, transacción que el congresista justificó públicamente como un préstamo personal.
La carpeta investigativa acumula además otros antecedentes de transferencias ejecutadas por el conservador de Puente Alto hacia parlamentarios de la zona. Entre ellos consta un traspaso de $1,6 millones registrado en mayo de 2024 hacia el senador Matías Walker, quien explicó que el monto correspondió a una ayuda de amistad para financiar una pasantía estudiantil de su hijo en el extranjero. De igual forma, interceptaciones telefónicas practicadas a Yáber dieron cuenta de menciones a una presunta entrega de $1,7 millones al diputado Cristián Araya en octubre de 2025; no obstante, el parlamentario descartó rotundamente haber recibido fondos del conservador.
