El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, solicitó a la Corte Suprema levantar el secreto sobre la nómina de litigantes que representaron a los 58 magistrados indagados. El dirigente alertó por una eventual “deuda de gratitud” entre los jueces que mantuvieron sus cargos y los juristas de reconocidos bufetes que alegaron a su favor ante el pleno.
El Colegio de Abogados, a través de su presidente Ramiro Mendoza, formuló un llamado formal a la Corte Suprema para que se transparente la identidad de los profesionales que asumieron la defensa de los magistrados sometidos a procesos de remoción por el uso irregular de licencias médicas. El requerimiento surge luego de que el pleno del máximo tribunal —encabezado por la ministra Gloria Ana Chevesich— concluyera la primera etapa del juzgamiento disciplinario contra 58 jueces investigados por viajar al extranjero durante períodos de reposo laboral.
El riesgo de un “conflicto radical de intereses”
La inquietud gremial se centra en el carácter reservado que han mantenido los cuadernos de remoción y los alegatos ante el pleno, lo que ha impedido conocer oficialmente qué abogado representó a cada magistrado. Mendoza advirtió que esta falta de publicidad puede detonar un “conflicto radical de intereses” en la actividad jurisdiccional futura, especialmente respecto de los jueces que lograron salvarse de la destitución y continuarán dictando sentencia en sus respectivos tribunales.
A juicio del presidente del gremio, “cada juez que ha sido objeto de este reproche por mala conducta ha concurrido con un abogado. Y no sabemos, en realidad, qué juez fue con qué abogado”, dijo Mendoza, Frente a ello, enfatizó que “el día de mañana, ese juez que se salvó tiene una deuda de gratitud enorme con el abogado”, argumentando que si esos mismos profesionales vuelven a litigar ante ellos en representación de otros clientes, surgirán dudas severas sobre la imparcialidad del tribunal y se generará un complejo mapa de inhabilidades y recusaciones.
El balance del proceso en la Corte Suprema
El histórico procedimiento administrativo instruido por la magistratura arrojó la remoción de 11 jueces, tras alcanzarse los votos necesarios para aplicar la sanción de expulsión por mal comportamiento contemplada en el artículo 80 de la Constitución. En vereda opuesta, en 26 casos no se reunió el quórum de destitución, permitiendo que dichos magistrados continúen en el servicio activo.
El catastro del máximo tribunal se completa con 10 causas en las que el pleno estimó que no se cumplían los presupuestos para abordar la remoción, mientras que otros 11 expedientes permanecen suspendidos tras ser admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional (TC).
El “desfile” de reconocidos estudios en pasillos de tribunales
Pese a que las audiencias se desarrollaron bajo estricta reserva y en la cuenta de la tabla solo se consignaba el rol del expediente, las jornadas de alegatos estuvieron marcadas por la presencia de destacados litigantes y constitucionalistas de la plaza. De manera colectiva, la Asociación de Magistrados recomendó a sus asociados profesionales como Ciro Colombara y Hugo Fábrega, al tiempo que contrató al estudio SWG (de Claudia Sarmiento, Elisa Walker y William García) para las acciones ante el TC, y a la oficina RFU (Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa) para la arista de tutela laboral.
Entre los más de 16 nombres que han trascendido de forma extraoficial, según reveló el medio Ex-Ante figura el excomisionado experto Gabriel Osorio, quien asumió la representación de cinco jueces; el constitucionalista Tomás Jordán, a cargo de la defensa de la jueza Paola Rivas; Jonatan Valenzuela, quien asistió al juez Fernando Martínez; y Juan Carlos Manríquez, en representación del ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, José Delgado. Asimismo, el abogado Carlos Quezada asumió la defensa del juez Daniel Urrutia y de otros cinco magistrados, mientras que Colombara logró congelar temporalmente en el TC los procesos de los jueces Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla y Erna Fuentes.
Honorarios, pro bono e imparcialidad futura
La controversia también salpica el ámbito comercial de las defensas. Mientras diversos litigantes aseguraron haber cobrado sus honorarios bajo tarifas de mercado, en el foro privado trascendió que algunos profesionales ofrecieron tarifas rebajadas o asesorías bajo modalidad pro bono. Para el Colegio de Abogados, la apertura de estos antecedentes resulta indispensable para garantizar la transparencia del sistema judicial y permitir que las partes involucradas en futuros litigios puedan ejercer oportunamente sus derechos de recusación.
