El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal acreditó que la acusada falsificó poderes ante Capredena y percibió prestaciones indebidas por casi cuatro años, además de aportes estatales durante la pandemia. La causa estuvo paralizada durante casi un año por peritajes psicológicos antes de que el Servicio Médico Legal descartara su inimputabilidad.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó dictó veredicto condenatorio en contra de Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, imputada por mantener oculto el cadáver momificado de su madre en su vivienda del sector Aguas Negras para continuar cobrando de manera fraudulenta las pensiones y beneficios estatales de la fallecida. La resolución del tribunal colegiado acogió de forma parcial la acusación sustentada por el Ministerio Público, acreditando la comisión de delitos de falsificación de documento privado y la obtención fraudulenta de prestaciones indebidas del Fisco y de organismos previsionales.
La investigación penal, encabezada por la Fiscalía Local de Curicó, se remonta a julio de 2021, fecha en que quedó al descubierto el ocultamiento del cuerpo al interior del inmueble. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio por el fiscal jefe Miguel Gajardo, la imputada mantuvo oculta a su progenitora con la “intención clara de aprovecharse de las pensiones de Montepío que ella recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.
El esquema del fraude: Poderes falsos ante Capredena y aportes de pandemia
El sustento probatorio rendido en el estrado permitió establecer que las maniobras ilícitas de la acusada comenzaron en 2017, cuando presentó ante Capredena una carta poder falsificada. Mediante este ardid, la mujer logró percibir indebidamente las pensiones de la institución militar durante un período continuo de cerca de cuatro años.
Junto con el fraude previsional, la persecución penal demostró que Castro Cáceres extendió sus ilícitos al sistema público de ayudas sociales. Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la imputada gestionó y cobró ante ChileAtiende diversos beneficios fiscales incorporando cargas familiares inexistentes, lo que generó un perjuicio económico directo al Fisco. Si bien la fiscalía acusó por la totalidad de los giros percibidos, el tribunal oral acogió parcialmente la pretensión punitiva al determinar que un sector de los períodos imputados se encontraban prescritos bajo el cómputo legal.
El peritaje clave del SML que destrabó el juicio
La tramitación del expediente judicial enfrentó un prolongado receso antes de llegar a la fase de alegatos de clausura. El procedimiento debió ser suspendido durante casi un año debido a las incidencias planteadas sobre la eventual enajenación mental de la imputada, condición que de haberse acreditado habría configurado su eximente de responsabilidad penal por inimputabilidad.
El estancamiento procesal se resolvió tras la incorporación de las pericias psicológicas y psiquiátricas evacuadas por el Servicio Médico Legal (SML). Los informes del organismo técnico concluyeron formalmente que “no había tal inimputabilidad”, permitiendo la reanudación de la causa hasta la emisión del veredicto definitivo.
Tras la entrega del fallo del tribunal oral, la fecha para la audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 25 de septiembre a las 13:00 horas. En dicha jornada, los magistrados darán a conocer el quantum exacto de la pena de presidio que se aplicará a Castro Cáceres y resolverán si la condenada cumple la sanción de forma efectiva o si resulta procedente otorgar alguna de las penas sustititivas contempladas en la Ley N° 18.216.
