Frente al impacto generado por la investigación a un exfiscal y a policías activos por delitos de secuestro extorsivo en el caso Clan Chen, el fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó la tesis del desmarque institucional. La máxima autoridad del Ministerio Público detalló un paquete de reformas que abarca la trazabilidad tecnológica de carpetas digitales, la creación de Asuntos Internos y la aplicación de un estricto régimen de supervisión sobre los fiscales.
El impacto generado por la investigación penal por secuestro extorsivo que involucra al exfiscal Vinko Fodich y a funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) en causas ligadas al denominado Clan Chen gatilló una profunda revisión en los mecanismos de contención del Ministerio Público. Lejos de recurrir a un desmarque institucional por los años transcurridos desde que el abogado dejó la repartición, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fijó la posición oficial de la entidad ante el caso: “Lo peor que podríamos hacer nosotros como institución ante un incidente como este es decir ‘no, porque se fue hace 15 años atrás que no tiene nada que ver con nosotros’”.
La máxima autoridad del órgano persecutor reconoció la gravedad del impacto en la opinión pública, señalando que resulta entendible que la ciudadanía se pregunte si un profesional “que actúa con estos estándares éticos” habrá aplicado los mismos criterios en su etapa como servidor público. En el ámbito judicial, el jefe del Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Supraterritorial mantiene abiertas las diligencias sobre la red de extorsión, instancia en la que los fiscales a cargo solicitaron las órdenes de aprehensión y prisiones preventivas ante los tribunales de garantía.
Para evitar que el conocimiento de técnicas de investigación sea utilizado para la comisión de ilícitos, Valencia anunció un giro en la doctrina de gestión interna del organismo, adoptando el criterio del control por sobre la mera confianza. “La confianza es valiosa en la gente con la que tú trabajas, pero es más importante el control que la confianza”, sostuvo la autoridad, detallando que esta estrategia cuenta con el respaldo normativo del Congreso y de las administraciones de los presidentes Gabriel Boric y José Antonio Kast.
El plan de contención institucional incluye el fortalecimiento de la Unidad de Contraloría Interna, la creación de una división de Asuntos Internos, la puesta en marcha de un programa de cumplimiento corporativo (compliance) y el diseño de una unidad de supervisión para fiscalizar la calidad del trabajo de los fiscales adjuntos. A estas medidas se suma la entrada en vigencia de un nuevo Código de Ética y la inversión en sistemas tecnológicos que permiten rastrear de forma individualizada quiénes acceden a las carpetas de investigación digitales. En el terreno disciplinario, la autoridad remarcó que durante su gestión se han aplicado severas sanciones ante irregularidades administrativas: “Durante este período hemos tenido que remover fiscales y no nos ha temblado la mano”.
Durante la entrevista con radio Duna el Fiscal Nacional abordó también la controversia por la filtración de antecedentes judiciales, como la causa en que se formalizó al fiscal Manuel Palma por revelar antecedentes a un abogado particular. Sobre este punto, Valencia expuso que existe un problema de diseño estructural en la legislación procesal penal, la cual obliga a la fiscalía a entregar copias completas de las investigaciones a múltiples querellantes e intervinientes. “Una vez que tú entregas estos antecedentes a múltiples personas, es muy difícil el rastreo porque tienes 10 posibles sospechosos”, explicó, añadiendo que la institución invierte recursos en licencias de trazabilidad pero pierde el control físico del material una vez reproducido externamente.
En materia de persecución penal de alta complejidad, la jefatura del Ministerio Público confirmó un cambio de criterio para indagar los incendios ocurridos en la red de Metro durante el estallido social de 2019. Tras desestimar la estrategia de 2019 que fragmentó los casos entre las cuatro fiscalías regionales de Santiago, Valencia decidió agrupar todas las causas vigentes en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, a cargo del fiscal Héctor Barros, para indagar los hechos como un fenómeno criminal integral. Finalmente, la autoridad respaldó la aprobación legislativa que amplía la ventana temporal de la flagrancia policial a 24 horas, argumentando que la normativa vigente desde los años 90 rigidizaba la acción de Carabineros y la PDI en las primeras horas críticas de la investigación.
