El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que las peticiones ante el Ejecutivo casi cuadruplicaron la cifra registrada en abril. Las carpetas permanecen en evaluación técnica dentro de la cartera antes de ser elevadas al Presidente José Antonio Kast, descartándose plazos legales o decisiones de carácter general.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mantiene bajo procesamiento administrativo un total que supera las 100 solicitudes de indulto particular. La cifra fue dada a conocer por el titular de la cartera, Fernando Rabat, durante una entrevista concedida al programa Mesa Central de Canal 13, instancia donde detalló la evolución de los requerimientos ingresados ante el Ejecutivo.
De acuerdo con lo precisado por el secretario de Estado, el volumen principal de las carpetas presentadas se concentra en personas condenadas por hechos ocurridos en 1973. Asimismo, la autoridad confirmó la existencia de peticiones ligadas a personas sancionadas por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, aunque enfatizó que este grupo representa una proporción muy reducida en comparación con el total.
La evolución del número de carpetas y el marco normativo
El registro informado por el ministerio refleja un incremento sostenido durante los últimos meses. En abril de este año, Rabat había reportado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado la existencia de 28 requerimientos —20 ingresados antes del 11 de marzo y ocho con posterioridad a esa fecha—, cifra que en agosto ascendió a cerca de 80 y que actualmente rebasó el centenar.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, el indulto particular constituye una prerrogativa que permite remitir, reducir o reemplazar una pena impuesta por una sentencia firme. No obstante, la normativa establece que este beneficio no elimina la condena ni borra la responsabilidad penal de la persona beneficiada, recayendo la decisión final exclusivamente en el Presidente de la República.
Evaluación caso a caso y sin plazos fijados
En cuanto a la tramitación de los expedientes, la autoridad aclaró que los antecedentes se encuentran actualmente en la etapa de estudio técnico y ordenamiento de carpetas dentro del Ministerio de Justicia, existiendo un número importante de ellas en el escritorio del ministro para su análisis. En ese sentido, Rabat remarcó que las solicitudes todavía no han sido derivadas al Presidente José Antonio Kast.
Respecto de los tiempos de resolución, el titular de Justicia desestimó la fijación de un plazo legal o autoimpuesto para emitir pronunciamientos. Según expuso el ministro, la revisión exige “un estudio muy cuidadoso” que permita alcanzar una convicción fundada en el expediente administrativo, proceso que por su naturaleza resulta riguroso y gradual.
Finalmente, el Ejecutivo descartó la adopción de resoluciones generales o colectivas para grupos de condenados. La autoridad reafirmó que el proceso se ceñirá estrictamente a una evaluación individual y caso a caso sobre la base de los antecedentes de cada expediente, emitiendo una resolución fundada y ajustada a derecho para cada petición.
