Lilian Tumani interpuso una querella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios ante el Tercer Juzgado de Policía Local de la ciudad jardín. La acción legal busca el cobro de $3.816 millones arrojados por una tragamonedas, el pago de $750 millones por daño moral y extiende la responsabilidad a las matrices de la operadora ante el riesgo de insolvencia por el próximo término de la concesión.
A diez meses de que una máquina tragamonedas informara el pago del premio mayor y la sala de juegos se negara a entregarlo alegando una falla técnica, la disputa judicial por el millonario pozo del Casino de Viña del Mar ingresó a una etapa determinante. La empresaria Lilian Tumani interpuso una querella infraccional por vulneración a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y una demanda civil de indemnización de perjuicios por un monto total de $4.670.095.401.
La acción fue radicada ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar y está dirigida contra Casino del Mar S.A. —sociedad concesionaria del recinto—, además de sus matrices y controladoras, Casino de Chile SpA y Enjoy S.A.. En lo sustantivo, el libelo exige el pago de $3.920.095.401 por concepto del premio adeudado reajustado por IPC e intereses, la suma de $750 millones por daño moral y la imposición de una multa de 300 UTM a la empresa por infracciones a la legislación de consumidores.
La tarde del 11 de noviembre y la intervención de la máquina
Los hechos que motivan la demanda se remontan a las 14:05 horas del 11 de noviembre de 2025. Según consta en la presentación, Tumani se encontraba apostando en la máquina tragamonedas N° 25.316 del Salón Open cuando la pantalla notificó un premio ascendente a $3.816.219.496.
Al percatarse del resultado, la jugadora requirió la presencia de personal del recinto, siendo abordada inicialmente por una funcionaria que se identificó como supervisora y la felicitó por el logro obtenido. Sin embargo, la situación cambió minutos más tarde con la llegada de otros dependientes de la empresa, quienes le manifestaron que el resultado respondía a un “error de software” o fallo de sistema y que el monto no sería cancelado.
El libelo acusatorio describe que posteriormente se presentó el jefe técnico de máquinas, quien procedió a abrir e intervenir el equipo. El texto detalla que el funcionario “extrajo un elemento de su interior, luego de desatornillarlo, que reemplazó por otro que colocó en su lugar, procediendo a atornillarlo”. Tras ser reiniciada, la pantalla pasó a mostrar una cifra diferente —de $1.888.481.589— para luego ser apagada definitivamente sin aplicar protocolos de resguardo de la información. Ante la negativa de pago, la representación legal de la afectada inició una medida prejudicial de exhibición para asegurar las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto.
El dictamen de la superintendencia
En el intertanto administrativo, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) abrió un proceso de fiscalización sobre el incidente, concluyendo el pasado 12 de agosto de 2026 que no fue posible dar por acreditado un premio válidamente obtenido debido a un funcionamiento anormal del equipo.
No obstante, los abogados patrocinantes de la jugadora, Pablo Gómez y Rodrigo Cruz, sostienen que la resolución del ente regulador no exime de responsabilidad civil a la operadora. La defensa argumentó en el escrito que las normas dictadas por la propia SCJ exigen que las tragamonedas funcionen en perfecto estado en todo momento y que, si presentan fallas, no deben ser puestas a disposición del público.
“Resulta impresentable señalar que una máquina tragamonedas con errores o fallas se encuentra perfectamente operativa para recibir dinero, pero no para pagarlo cuando el jugador ha ganado un premio (…) Cuando la casa gana, el resultado vale, pero cuando la casa pierde, ocurre un error de la máquina”, cuestiona el libelo indemnizatorio. A juicio de la defensa, el actuar del casino afecta directamente la fe pública y la confianza de los usuarios del sistema de apuestas.
Riesgo de insolvencia y solicitud a la Municipalidad de Viña del Mar
Un eje central de la estrategia jurídica apunta a extender la responsabilidad indemnizatoria hacia las sociedades matrices Enjoy S.A. y Casino de Chile SpA. La demanda fundamenta esta pretensión argumentando un “riesgo claro de vaciamiento del patrimonio” y de eventual insolvencia de la concesionaria Casino del Mar S.A., considerando que su permiso estatal de operación expira el próximo 13 de septiembre de 2028.
Asimismo, los demandantes solicitaron al tribunal de policía local que ponga la querella e indemnización en conocimiento de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. El libelo sostiene que existen intereses públicos comunales involucrados, en atención a que las rentas del casino financian directamente el desarrollo de obras presupuestarias en la comuna.
Requeridos sobre la acción judicial entablada en su contra, desde la empresa Enjoy S.A. declinaron emitir comentarios sobre el estado del proceso.
