Tras ingresar al país custodiado por la PDI luego de un año de fianza en Colombia, Alberto Mejía Hernández será puesto a disposición del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La causa, marcada por un error de coordinación administrativa entre el tribunal y Gendarmería que le permitió huir en 2025, entra en su etapa determinante con cuatro imputados en prisión.
Con su arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez a bordo de un vuelo comercial procedente de Bogotá, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición desde Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado como presunto autor material del homicidio mediante sicariato del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. El sujeto, quien permaneció retenido durante un año en territorio cafetero tras huir de Chile, proclamó su inocencia al ser descendido de la aeronave manifestando que “yo no he matado a nadie, soy inocente”. Tras su llegada, el imputado fue derivado inicialmente a la oficina de Interpol en Independencia para una entrevista inicial y posteriormente trasladado a las dependencias de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, a la espera de ser conducido a los tribunales capitalinos para su control de detención y reingreso al penal Santiago 1.
El retorno de Mejía Hernández reabre uno de los episodios más polémicos en la tramitación de causas de alta complejidad en el sistema procesal penal. El crimen del empresario, perpetrado a tiros a plena luz del día a las afueras de un edificio en la comuna de Ñuñoa el 19 de junio de 2025, derivó en la formalización del imputado el 9 de julio de ese mismo año. En dicha audiencia, el sujeto fue individualizado inicialmente bajo el nombre falso de Osmar Ferrer Ramírez, oportunidad en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva.
Sin embargo, el procedimiento derivó en un colapso de la cadena de custodia administrativa a las pocas horas de dictada la medida. De acuerdo con los registros del Poder Judicial, la jueza Irene Rodríguez firmó la resolución de prisión preventiva a las 20:17 horas de esa jornada. Al advertirse el error en la filiación del imputado, el tribunal emitió un documento a las 20:25 horas que anulaba la orden previa, despachando a las 20:28 horas un nuevo oficio rectificado con la identidad y DNI correctos. Pese a que el juzgado informó la rectificación mediante correos electrónicos enviados a las 12:11 y 14:13 horas, Gendarmería procesó el documento de anulación y liberó al sujeto a las 20:40 horas del 10 de julio de 2025, concretándose su salida del penal Santiago 1 a menos de 24 horas de ser formalizado. Por esta grave anomalía procedimental, la magistrada Irene Rodríguez fue sancionada disciplinariamente en enero de 2026.
Apenas dos días después de abandonar la cárcel por la falla en la notificación, Mejía Hernández cruzó la frontera norte por un paso no habilitado para escapar hacia Sudamérica. Su paradero fue finalmente rastreado en agosto de 2025 mediante un operativo coordinado por el Departamento OS9 de Carabineros, la PDI e Interpol de Colombia, procediéndose a su captura en dicho país, donde al momento de su aprehensión el sujeto alegó públicamente que “me liberaron para matarme”.
El expediente sustanciado por el Ministerio Público sostiene que el homicidio del “Rey de Meiggs” correspondió a una operación por encargo motivada por disputas financieras relacionadas con préstamos informales. La investigación sitúa como presunto autor intelectual al empresario gastronómico Wilson Verdugo Díaz, quien permanece privado de libertad junto a los ciudadanos venezolanos Yonder Emilio Blanco Veliz y Neomar Andrés Arismendi Duarte, indicados como coautores materiales del ataque armado junto a Mejía.
El proceso entra ahora en su fase de reingreso penitenciario formal, previa revisión en la Corte de Apelaciones y el tribunal de garantía. Tras confirmarse la extradición, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la concreción del trámite señalando que el caso “demuestra todo lo que tenemos que mejorar en nuestro país”, añadiendo que se espera que el imputado enfrente a los tribunales y que, de ser hallado culpable, reciba una “condena ejemplar” que restablezca el imperio de la ley y el respeto al sistema de orden público.
