El máximo tribunal revocó la absolución dictada por la Corte de Rancagua y sancionó a la expresidenta de la Corte de Apelaciones de Talca por intervenir en la designación del conservador de bienes raíces interino de Cauquenes. El fallo complica además su permanencia en el recién sorteado Consejo Ético del Poder Judicial.
La Corte Suprema revocó la absolución que había beneficiado a la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce, y le impuso una sanción disciplinaria de dos meses de suspensión de su cargo con goce de medio sueldo. El máximo tribunal determinó que la magistrada incurrió en faltas a la probidad administrativa ejecutadas prevaliéndose del cargo que ejercía como presidenta del tribunal de alzada maulino, al interferir de manera directa en la designación del Conservador de Bienes Raíces (CBR) interino de Cauquenes.
De acuerdo con las diligencias del expediente, el máximo tribunal dio por acreditado que Ponce se comunicó mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con la secretaria de la Corte de Talca, instruyéndole que contactara al juez del Juzgado de Letras de Cauquenes, Juan Pablo Tartari. El objetivo de dichas gestiones era asegurar que el magistrado recibiera y nombrara en el cargo suplente a un candidato específico: el abogado Matías Jorquiera, hijo de la influyente conservadora de bienes raíces de Talca, Camila Jorquiera. Jorquiera fue designado para cubrir durante un mes la vacante dejada por Yamil Najle tras su traslado como titular al conservador de Chillán, período que finalmente se extendió por casi un año hasta la llegada del titular.
El origen de la causa se remonta a las denuncias presentadas por funcionarios de la propia jurisdicción del Maule y por un integrante del pleno de la Corte de Talca, lo que provocó que la totalidad de los ministros de ese tribunal de alzada se inhabilitaran de conocer el asunto. Debido a esta inhibición masiva, el sumario disciplinario fue derivado a la Corte de Apelaciones de Rancagua y quedó bajo la instrucción del fiscal judicial Joaquín Nilo. Pese a que el fiscal Nilo formuló cargos tras constatar las irregularidades, el pleno de la Corte de Rancagua decidió absolver a la ministra Ponce de manera unánime.
Sin embargo, al revisar la apelación del caso, el pleno de la Corte Suprema revirtió de forma categórica el dictamen de primera instancia. En la resolución redactada por el máximo tribunal, los supremos concluyeron que existen antecedentes suficientes para dar por probada la instrucción impartida por Ponce para favorecer a un postulante en particular. Para graduar la medida disciplinaria contenida en el artículo 537 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales, la Corte Suprema ponderó la gravedad de la falta al haberse ejecutado desde la presidencia de la corte, aunque resolvió morigerar el tramo de la sanción atendiendo a la historia previa de la jueza y a la ausencia de reproches anteriores en su hoja de vida.
En el mismo fallo, el máximo tribunal ratificó la absolución de la magistrada respecto a un segundo cargo que le imputaba conductas de acoso laboral. En este apartado, la decisión no fue unánime, registrándose los votos de minoría de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del ministro Jorge Zepeda, quienes estuvieron por sancionar a Ponce por estos hechos.
El dictamen disciplinario genera un impacto inmediato en la alta magistratura, ya que a fines de abril de 2026 el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, sorteó a los integrantes del nuevo Consejo Ético del Poder Judicial, resultando electa de forma azarosa la ministra Ponce. Debido a que las bases del concurso excluyeron del universo elegible a todo magistrado que registrara sanciones disciplinarias, la confirmación de este fallo deja a la jueza sin los requisitos legales para continuar en dicho órgano. Pese a la contundencia de lo resuelto en última instancia, desde el entorno de la ministra trascendió que su equipo jurídico analiza la presentación de recursos para intentar revertir la decisión del tribunal supremo.
