La Fiscalía Centro Norte había solicitado la prisión preventiva del abogado, quien prestaba asesorías en programas como “Calles Sin Violencia” imputándole haber intentado asfixiar, apuñalar y lanzar desde un balcón a su pareja. Pese a que el acusado registra una denuncia previa por VIF que lo llevó a realizar terapia de género, el tribunal descartó la cárcel. La repartición estatal confirmó su inmediata desvinculación.
La justicia decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para un abogado que prestaba servicios en la Subsecretaría de Seguridad Pública, tras ser formalizado por el delito de femicidio frustrado en contra de su pareja. La resolución del tribunal se concretó a pesar de la oposición del Ministerio Público, que solicitó la prisión preventiva argumentando no solo la extrema gravedad de los hechos ocurridos al interior de un departamento en la Región Metropolitana, sino también la existencia de antecedentes previos por violencia intrafamiliar que registraba el imputado.
De acuerdo con la exposición realizada durante la audiencia de formalización por el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Luis Díaz, la agresión se desencadenó tras una discusión al interior del inmueble. Según el relato del ente persecutor, el jurista atacó violentamente a la víctima intentando asfixiarla y lanzarla desde el balcón del departamento, para luego agredirla con un cuchillo en la mano, arrojarla al suelo y propinarle múltiples golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo. Tras el ataque, la mujer logró zafarse, escapar de la vivienda y llegar hasta la conserjería del edificio, donde el trabajador de turno constató sus lesiones visibles y dio aviso a Carabineros, personal que procedió a la detención en flagrancia del profesional.
Durante el debate de medidas cautelares, el Ministerio Público hizo hincapié en que no se trataba de un episodio aislado en la conducta del imputado. La fiscalía reveló en el estrado que el profesional cuenta con una denuncia anterior por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, antecedente que en su momento derivó en que fuera sometido a una terapia especializada en violencia de género. Sobre la base de estos elementos y el riesgo para la seguridad de la víctima, la fiscalía pidió la privación de libertad en un centro penitenciario, medida que fue rechazada por el juez de garantía, generando reparos en el órgano persecutor tras fijarse el régimen de confinamiento en su domicilio mientras se desarrolla la investigación.
El hecho causó un inmediato impacto en el aparato estatal, dado que el imputado se desempeñaba desde el año 2025 en la Subsecretaría de Seguridad Pública y prestaba asesorías técnicas en programas prioritarios del Ejecutivo, entre ellos “Calles Sin Violencia”. Tras confirmarse la formalización, la repartición de Gobierno informó la desvinculación inmediata del abogado, manifestando un rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres y poniendo a disposición de la afectada la asistencia jurídica y psicológica del Programa de Apoyo a Víctimas. Desde la subsecretaría precisaron que no entregarían más antecedentes sobre el sujeto. “Por respeto a la privacidad y protección de la víctima, y considerando que existe una investigación penal en curso, esta Subsecretaría no entregará antecedentes adicionales sobre los hechos”, concluyeron
