La auditoría de la actual administración al periodo 2022-2026 detectó más de 1.500 desviaciones e incumplimientos en el aparato estatal. El Ejecutivo remitió los antecedentes de las cuatro reparticiones más complejas al Ministerio Público y al organismo de defensa fiscal ante eventuales delitos y perjuicios patrimoniales.
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal dio por finalizada la fase de revisión del masivo proceso de fiscalización interna denominado “Inspección Total”. El programa, que apuntó a evaluar de forma sistémica la gestión de cerca de 500 organismos del gobierno central durante el periodo de la administración de Gabriel Boric entre los años 2022 y 2026, culminó con la detección de 1.529 hallazgos calificados oficialmente como desviaciones, debilidades o incumplimientos de diversa naturaleza y gravedad. Tras analizar más de 913 millones de registros de datos desde el pasado 11 de marzo, la administración resolvió remitir los antecedentes de las carteras más complejas a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y directamente al Ministerio Público para la persecución de eventuales responsabilidades penales.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, la revisión especial concentró su foco en nueve reparticiones del Estado que requerían un análisis profundo sobre transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal. Como resultado del cruce de datos, las carpetas de cuatro de estas instituciones fueron derivadas de forma directa a la fiscalía y a la defensa judicial del fisco al advertirse presuntas irregularidades de carácter delictual. Las entidades bajo la mira de la justicia corresponden a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Dirección del Trabajo (DT), la Subsecretaría del Deporte y la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. En total, el circuito de derivaciones de estos nueve casos especiales concluyó con siete expedientes enviados a Contraloría, cinco al CDE y cuatro al Ministerio Público.
La derivación de la Junaeb al estrado judicial se suma a las tensiones y denuncias previas que ha enfrentado dicho servicio, incluyendo una presentación ante la Fiscalía realizada en mayo de 2026 por el presunto pago de 14 mil millones de pesos por raciones alimenticias que nunca llegaron a ser entregadas. En tanto, las otras carteras que formaron parte de la revisión especial del comité de auditoría, pero cuyas carpetas no fueron necesariamente enviadas a sede penal por no registrar la misma gravedad, corresponden a la Subsecretaría de Vivienda, la Subsecretaría de Agricultura, la Subsecretaría de Transportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). De forma paralela a las denuncias criminales, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) recomendó formalmente la apertura de sumarios administrativos en 57 servicios públicos a nivel nacional para perseguir las responsabilidades individuales de funcionarios y autoridades ante las desviaciones detectadas.
El cierre de la auditoría también expuso una compleja “dificultad estructural del Estado” en lo relativo al control de las transferencias directas de recursos fiscales dirigidas a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro. Según detalló el informe oficial, la dispersión de la información en múltiples plataformas del aparato estatal impide contar con una visión centralizada y oportuna de los montos asignados, las rendiciones que permanecen pendientes y los plazos de retraso, lo que obstaculiza la adopción de medidas correctivas eficaces. Tras concluir esta etapa, la subsecretaria de la Segpres y presidenta del Comité Estratégico, Constanza Castillo, señaló que el trabajo permitirá comenzar una fase de correcciones y seguimiento que se plasmará en un informe final destinado a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado y al Presidente José Antonio Kast.
