En sesión extraordinaria del Senado en San Bernardo, convocada tras frustrarse un atentado contra el jefe comunal Cristopher White, el fiscal nacional Ángel Valencia detalló el despliegue de seguridad especial. Además, anunció que las indagatorias por amenazas a autoridades serán descentralizadas a nivel regional y advirtió reparos frente al presupuesto 2027 de la institución.
Hasta las dependencias de la Municipalidad de San Bernardo se trasladó la Comisión de Seguridad Pública del Senado para sesionar de forma extraordinaria. El encuentro, calificado por los parlamentarios como “una señal de Estado”, se activó luego de que el Ministerio Público revelara un plan de atentado criminal para asesinar al alcalde de dicha comuna, Cristopher White (PS), el cual contemplaba perpetrar un ataque el próximo 17 de septiembre durante el desfile de Fiestas Patrias. Las indagatorias determinaron que la operación había sido ideada por Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan” —quien operaba en la zona y fue recapturado el pasado 31 de agosto—, gatillando una profunda preocupación sobre el nivel de exposición física que enfrentan las autoridades públicas en el combate contra las bandas organizadas.
Fue en este contexto donde el fiscal nacional, Ángel Valencia, expuso cifras hasta ahora reservadas sobre el volumen de autoridades amenazadas en el país. El jefe del Ministerio Público reveló que, a lo menos, 22 alcaldes a nivel nacional cuentan actualmente con medidas de protección. El persecutor aclaró que estas medidas no responden de forma genérica a sus perfiles de riesgo individuales, sino a que “han sufrido alguna amenaza o alguna agresión de otro tipo en razón de su cargo”. De este subuniverso, ocho de los jefes comunales cuentan con resguardo diario y permanente a través del servicio de Protección de Personas Importantes (PPI), proporcionado por funcionarios de Carabineros o la PDI.
La situación de vulnerabilidad también golpea directamente a las filas del propio órgano persecutor. Según el balance entregado por Valencia en la sesión de San Bernardo, existen 18 fiscales con medidas de protección decretadas en el contexto de causas específicas, de los cuales 10 disponen de un acompañamiento diario de escoltas PPI, mientras que los ocho restantes están sujetos a resguardos de otra naturaleza. Valencia calificó este escenario como “lamentablemente esperable”, argumentando que el circuito habitual de la delincuencia organizada incluye intentar frenar la acción estatal mediante el soborno o el amedrentamiento, advirtiendo que “el peor de los escenarios es resignarse”.
Para abordar esta contingencia y descomprimir la carga judicial, el fiscal nacional anunció una reestructuración metodológica y procesal respecto de cómo se tramitan estas causas. Hasta ahora, la Fiscalía Metropolitana Sur, liderada por el fiscal regional Héctor Barros, centralizaba la totalidad de las indagatorias por amenazas dirigidas a autoridades públicas, fiscales y jueces en el territorio nacional. Sin embargo, debido al drástico aumento en el volumen de las denuncias, el Ministerio Público dispuso que la Fiscalía Metropolitana Sur limite su competencia exclusivamente a los casos que involucren a persecutores y magistrados.
De esta forma, la persecución de las amenazas contra autoridades políticas y municipales se radicará directamente en cada una de las jurisdicciones correspondientes. Según detalló Valencia, los fiscales regionales de cada zona del país deberán asumir “personalmente” y dirigir estas causas de manera directa. Para coordinar a nivel central y de manera transversal estas indagatorias, el fiscal nacional designó al fiscal regional de Atacama, Marcos Pastén, además de disponer la creación de una unidad interna especializada en seguridad.
El rediseño operativo de la Fiscalía enfrenta, no obstante, un complejo flanco presupuestario. Valencia aprovechó la instancia para manifestar formalmente su disconformidad con la propuesta de presupuesto 2027 elaborada por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la máxima autoridad penal, “la persecución del crimen organizado es cara”, cuestionando que los plazos de entrada en vigencia del personal de apoyo y de los fiscales previstos en la ley para la nueva Fiscalía Supraterritorial se encuentran “dilatados en el tiempo”, contradiciendo la planificación del organismo y los informes financieros originales.
Durante el desarrollo del debate legislativo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, precisó que la definición, la evaluación técnica de riesgo y el tipo de custodia a implementar corresponden exclusivamente al Ministerio Público, que es el que instruye a Carabineros y a la PDI sobre los niveles de resguardo correspondientes. En tanto, el alcalde Cristopher White fustigó que el avance del crimen organizado representa un peligro para la institucionalidad democrática, asimilando la existencia de estas agrupaciones en barrios de comunas como Maipú, La Pintana, Lampa, Peñaflor, Lo Espejo, Puente Alto y San Bernardo con “un Estado dentro de un Estado”.
La sesión legislativa no estuvo exenta de tensiones políticas entre los parlamentarios asistentes. La senadora Paulina Vodanovic (PS) criticó abiertamente la postura del ministro Arrau, acusando una falta de actitud proactiva de su parte al limitarse a exponer sus facultades institucionales en lugar de proponer medidas de resguardo de carácter reservado. Sus dichos fueron controvertidos por el senador Manuel José Ossandón (RN), quien defendió al secretario de Estado argumentando que la pérdida de soberanía en diversas poblaciones excede las atribuciones de la cartera de Seguridad. Asimismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), remarcó la urgencia de avanzar en reformas estructurales contra los mercados informales del delito, mientras que el presidente de la comisión, Karim Bianchi (Ind), planteó la necesidad de revisar las medidas cautelares y prohibir cumplimientos de penas alternativos para un catálogo de delitos específicos vinculados al crimen organizado.
