El tribunal de alzada acogió el recurso de la Fiscalía de Los Ríos y anuló el dictamen de primera instancia que había beneficiado a Javier Troncoso Chuñil. El sujeto, formalizado por asfixiar a su madre tras un robo al verse sorprendido e inhumarla ilegalmente, es el único de los hermanos que permanece privado de libertad en el marco de la indagatoria que conmocionó a la comuna de Máfil.
La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió revocar la decisión que el pasado viernes 4 de septiembre había adoptado el Juzgado de Garantía de Los Lagos, ordenando que el imputado Javier Troncoso Chuñil regrese a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Con este pronunciamiento, el tribunal de alzada acogió el recurso presentado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, desestimando la resolución de primera instancia que había modificado la reclusión del imputado por un régimen de arresto domiciliario total. De este modo, Troncoso Chuñil se mantiene como el único de los hermanos involucrados en la causa que permanece privado de libertad tras las rejas.
La causa penal se originó tras la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, una mujer mapuche de quien se perdió todo rastro en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil. De acuerdo con la tesis que sostiene el Ministerio Público, el imputado dio muerte a su madre mediante asfixia, acción que habría ejecutado luego de que ella interviniera de manera directa para evitar que sus hijos le robaran dinero a un adulto mayor de 90 años de edad. Debido a estos hechos, y tras el posterior hallazgo del cuerpo, la fiscalía formalizó cargos en contra de Troncoso por los delitos copulativos de parricidio, robo con intimidación e inhumación ilegal.
El imputado se encontraba cumpliendo prisión preventiva en esta causa desde el pasado 16 de enero de 2026. No obstante, la defensa técnica de Troncoso había logrado que el Juzgado de Garantía de Los Lagos sustituyera dicha cautelar extrema por el arresto domiciliario total, decisión que fue rápidamente apelada por el ente persecutor para evitar la liberación del imputado. Al resolver la apelación, los ministros del tribunal de alzada determinaron que la libertad del sujeto constituye un peligro evidente para la seguridad de la sociedad.
El dictamen de la Corte de Apelaciones de Valdivia argumentó que la necesidad de cautela en este caso se justifica plenamente en la cantidad y gravedad extrema de las infracciones penales imputadas, así como en las altas penas asociadas a los delitos de parricidio y robo, circunstancias que imposibilitan legalmente la concesión de penas sustitutivas en un eventual juicio. El tribunal relevó asimismo la obligación de resguardar de manera prioritaria bienes jurídicos de rango fundamental, tales como el derecho a la vida, el respeto al vínculo de parentesco, la propiedad y la integridad física de las personas involucradas.
La investigación formal del caso sigue bajo desarrollo por parte de los equipos especializados del Ministerio Público. Fuentes de la causa confirmaron que la fiscalía se encuentra a la espera de los resultados de diligencias científicas consideradas críticas, específicamente pericias de carácter arqueológico y análisis comparativos de ADN, cuyos informes complementarios serán determinantes para esclarecer de manera científica la dinámica precisa de los hechos y consolidar la acusación penal en el estrado.
