El Ministerio Público comunicó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago que, tras más de tres años de diligencias y casi 30 mil fojas de antecedentes, no reunió pruebas suficientes para fundar una acusación por estafa y administración desleal. El hito marca un punto de inflexión en la millonaria disputa que mantiene el grupo chino Joyvio con el empresario nacional por la venta de la salmonera.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, a través de su Fiscalía de Investigación Especializada Oriente, comunicó formalmente al 4º Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación penal dirigida en contra del empresario chileno Isidoro Quiroga. La causa penal indagaba la presunta comisión de los delitos de estafa y administración desleal en el marco de la compraventa de la salmonera Australis Seafoods, transacción de US$921 millones concretada en el año 2019.
Mediante un escrito presentado el 3 de septiembre de 2026, bajo la firma del fiscal adjunto Juan Pablo Araya Paredes, el Ministerio Público informó al tribunal de garantía que durante el desarrollo de la indagatoria no se lograron reunir antecedentes suficientes para fundar una acusación formal en contra de los imputados. La determinación, que ampara procesalmente la facultad del organismo persecutor consagrada en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, se ingresó bajo la causa RUC N° 2310018807-4 y RIT 2903-2023.
Tras la presentación del requerimiento de la fiscalía, la jueza Carolina Araya resolvió fijar una audiencia pública para el próximo 20 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, en la sala 902 del edificio B del Centro de Justicia de Santiago, oportunidad en que el Ministerio Público entregará los fundamentos detallados de su resolución ante las partes involucradas.
El cierre de una indagatoria de casi 30 mil fojas
El pronunciamiento del ente persecutor ocurre inmediatamente después de que el propio 4º Juzgado de Garantía de Santiago decretara el cierre formal de la investigación penal a fines de agosto de 2026. Aquella resolución de clausura se dictó tras cumplirse el vencimiento de los plazos legales y en medio de severos cuestionamientos de los abogados querellantes de Joyvio, quienes criticaron de manera pública que la fiscalía mantenía diligencias que consideraban incompletas. Con el cierre decretado, el Ministerio Público disponía de un plazo legal de diez días corridos para presentar una acusación, solicitar el sobreseimiento definitivo o comunicar la decisión de no perseverar, optando finalmente por esta última vía procesal.
De acuerdo con el balance entregado por la defensa de Isidoro Quiroga, el caso acumuló una exhaustiva investigación penal que se extendió por más de tres años y medio. La carpeta investigativa llegó a conformarse de 10 tomos que suman un total de 29.208 fojas de antecedentes, recopilando en su desarrollo más de 80 declaraciones de testigos e implicados, 70 requerimientos formales de información y 26 instrucciones específicas despachadas a las brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI), además de múltiples informes técnicos y jurídicos de especialidad.
Tras conocerse la resolución, el abogado de Quiroga, Alex van Weezel, sostuvo que la defensa planteó desde el primer día que la venta de Australis no adoleció de engaños ni de fraudes, argumentando que la exhaustiva indagatoria de la fiscalía comprobó que las querellas carecen de fundamento y que las acciones del grupo Joyvio han sido sistemáticamente desestimadas tanto en Chile como en tribunales del extranjero. Por su parte, el abogado Juan Domingo Acosta valoró el dictamen señalando que demuestra un estricto apego al mérito de la carpeta investigativa, descartando presiones o intentos de amedrentamiento de la sociedad querellante para forzar un resultado diferente.
El frente arbitral y los litigios internacionales
Pese a que la arista penal se encamina a su término en sede de garantía, el conflicto de fondo entre el grupo Joyvio y Quiroga mantiene abiertos otros complejos frentes de disputa. En el ámbito nacional, la firma china recurrió al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) exigiendo la nulidad del contrato y la devolución del precio pagado o, alternativamente, una indemnización ascendente a US$620 millones.
En primera instancia, el tribunal arbitral integrado por Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes descartó la concurrencia de dolo en el negocio, pero determinó que los vendedores proporcionaron información incompleta, ordenando a Quiroga el pago de US$217 millones más intereses, cifra global que se calculó en cerca de US$300 millones. Sin embargo, en un fallo inédito dictado el 24 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló íntegramente dicho laudo al constatar que los árbitros habían fallado sobre una acción jurídica distinta a la que había sido sometida formalmente a su debate. Tras el revés en el tribunal de alzada, Joyvio decidió no recurrir a la Corte Suprema y, en su lugar, ingresó una solicitud ante el CAM el pasado 14 de julio para intentar reactivar el arbitraje desde el inicio, bajo la premisa de que la anulación judicial afectó al laudo final pero no invalidó el procedimiento arbitral en sí mismo.
En paralelo, la representación de Quiroga ha destacado la resolución favorable de litigios vinculados en cortes internacionales. En su balance procesal, detallaron que las acciones judiciales promovidas por Joyvio en las jurisdicciones de Inglaterra y Gales, Florida y Delaware fueron desestimadas, mencionando que en el caso de las causas tramitadas en Londres, el grupo chino fue condenado al pago de US$3 millones por concepto de costas procesales, monto que según la defensa chilena aún no ha sido cancelado.
