El Reporte N° 6 de Fenómenos Criminales, elaborado por la División de Estudios y la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, evidencia una disminución del 17,6% en los ingresos por secuestro durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, el órgano persecutor advierte que las cifras se consolidan muy por sobre los registros históricos previos a 2021. La implementación de un nuevo estándar analítico permitió delimitar con exactitud los casos vinculados al crimen organizado, identificando operaciones de agrupaciones como el Tren de Aragua, el Cártel de Jalisco y Los Trinitarios.
La División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos (DIVEST) de la Fiscalía Nacional, bajo la dirección de Ana María Morales Peillard, y la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD), liderada por Ignacio Castillo Val, entregaron de forma conjunta una detallada radiografía sobre la evolución del delito de secuestro en el territorio nacional. El documento —que corresponde al sexto reporte de fenómenos criminales publicado por la institución— sistematiza los antecedentes registrados durante el año 2025 y el primer semestre de 2026, aportando evidencia empírica clave para la formulación de estrategias contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento de la persecución penal en el país.
De acuerdo con los datos extraídos desde el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), el ingreso de denuncias por secuestro muestra una leve tendencia a la baja en el último período analizado. Durante el año 2025 se contabilizaron 849 ingresos por este delito a nivel nacional, lo que representa una disminución del 2,2% en comparación con el récord histórico de 2024, cuando se alcanzaron los 868 casos. En tanto, durante el primer semestre de 2026 ingresaron 394 denuncias, cifra que equivale a una contracción del 17,6% frente a los 478 ingresos reportados en idéntico tramo de 2025.
No obstante, el Ministerio Público enfatiza que, pese al descenso reciente, el fenómeno delictivo permanece estabilizado en una meseta muy superior a los niveles observados con anterioridad al año 2021. El quiebre definitivo de la serie histórica se registró en el año 2022, cuando los ingresos anuales por secuestro experimentaron una violenta escalada del 67,8%, saltando de 492 a 826 ingresos en un solo año y manteniéndose de forma sistemática sobre la barrera de los 800 casos anuales desde entonces.
Para entregar una caracterización con rigor criminológico, los analistas de la fiscalía aplicaron un exhaustivo proceso de depuración de las bases de datos lógicas, excluyendo casos duplicados, falsas denuncias, delitos tentados, frustrados o causas que correspondían jurídicamente a la sustracción de menores contemplada en el artículo 142 del Código Penal. Tras este filtro, el órgano determinó la existencia de 607 secuestros validados durante 2025 y 258 durante el primer semestre de 2026. Al restar de estas cifras los secuestros simulados, fraudulentos o autosecuestros, el Ministerio Público identificó un universo neto de 570 y 244 casos de secuestro efectivo, respectivamente.
La innovación metodológica para aislar el Crimen Organizado
Uno de los principales hitos doctrinarios que introduce el reporte es una modificación sustantiva en la forma de identificar y clasificar las causas vinculadas al crimen organizado. En los informes de años anteriores, esta categoría se calculaba agregando de manera general todos los secuestros asociados a fines extorsivos, de explotación sexual, ajustes de cuentas o disputas de bandas, lo que sugería que hasta un 37,8% de los casos de 2024 pertenecían a esta tipología.
Sin embargo, con el propósito de avanzar hacia una caracterización rigurosa de los hechos, la DIVEST definió variables específicas que permiten catalogar un secuestro bajo la categoría de crimen organizado, distinguiéndolo de actividades delictivas grupales comunes. Para esta calificación estricta se exige la concurrencia copulativa o ponderada de variables tales como la multiplicidad de imputados, la utilización de vehículos para el rapto, el uso de armas de fuego o disparos múltiples, y la presencia de atentados graves a la integridad física (como signos de tortura) cometidos por miembros de bandas estructuradas.
Bajo esta nueva metodología de análisis, la fiscalía determinó que el 19% de los casos de secuestro ocurridos en 2025 estuvieron vinculados estrictamente al crimen organizado, mientras que un 21% correspondió a la categoría de actividad delictiva grupal o con fines económicos. Para el primer semestre de 2026, la distribución se mantuvo similar, registrándose un 20% de secuestros asociados a crimen organizado y un 23% a delincuencia grupal. En términos acumulados, ambas categorías alcanzan el 40%, cifra que guarda consistencia con las estimaciones de redes delictivas complejas manejadas en reportes previos.
Al analizar la distribución regional de estas agrupaciones, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte destaca con holgura a nivel país, concentrando el 39% de sus causas de secuestro en el área de crimen organizado. En contraste, la Fiscalía Regional de Valparaíso presenta una realidad diferente, donde el mayor volumen de sus investigaciones se asocia a la actividad delictiva grupal (29%) y a disputas intrafamiliares o domésticas (25%). En tanto, la recién implementada Fiscalía Supraterritorial —que inició operaciones en abril de 2026— registra un 34% de sus causas ligadas a crimen organizado y otro 34% a actividad grupal, reflejo de la naturaleza de los hechos complejos que se radican bajo su competencia.
El Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y Los Trinitarios en el mapa local
El informe entrega reveladoras cifras sobre la logística e identidad de las organizaciones criminales transnacionales que operan detrás de estos delitos en el país. A partir de las carpetas investigativas y relatos de las víctimas, en 24,3% de los casos de secuestro de 2025 se identificó la participación de una banda criminal organizada. De ese subuniverso, en 21 expedientes delictuales se mencionó de manera explícita la intervención directa del Tren de Aragua o de alguna de sus facciones operativas.
Para el primer semestre de 2026, la atribución de secuestros a organizaciones delictivas estructuradas se situó en un 22,5% de los casos (55 causas). Las declaraciones de los afectados e imputados permitieron individualizar formalmente en el estrado a tres importantes carteles y agrupaciones extranjeras de alta peligrosidad como responsables de las retenciones: el Tren de Aragua, el Cártel de Jalisco (Nueva Generación) y Los Trinitarios.
La nacionalidad de los imputados y sospechosos bajo investigación criminal ratifica la consolidación del componente transnacional. Durante 2025, el 24,7% de los secuestros contó con la participación de uno o más imputados de origen extranjero. Entre los registros administrativos con imputado conocido de ese año, el 72,2% correspondió a ciudadanos de nacionalidad venezolana y el 11,1% a personas de nacionalidad colombiana, identificándose además imputados provenientes de Bolivia, China, Ecuador, Perú y República Dominicana. En la primera mitad de 2026, el porcentaje de causas con presencia de sospechosos extranjeros se situó en 23%, registrándose imputados conocidos de nacionalidad venezolana (21 personas), colombiana (12 personas) y de otros países de la región como Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití y República Dominicana.
Un elemento de alta preocupación procesal es la reiteración delictiva de los detenidos. El 76% de los imputados conocidos en las causas de secuestro de 2025 registró la comisión de otros delitos adicionales durante ese mismo año, acumulando un promedio de 3,1 ilícitos en el período. Las figuras penales con mayor prevalencia en sus prontuarios corresponden a amenazas simples (15,1%), lesiones menos graves (8,6%) y lesiones leves (5%), figurando también con menor recurrencia causas por microtráfico, infracciones a la Ley de Armas e incluso homicidios. En el primer semestre de 2026, el 58,9% de los sospechosos mantenía registros de causas penales adicionales durante el mismo semestre.
El factor de la extorsión frente al drama intrafamiliar
El análisis pormenorizado de las tipologías de secuestro demuestra que no existe una única motivación en las calles del país. No obstante, los secuestros con fines de extorsión económica registran un alza persistente en su participación porcentual, posicionándose como la principal tipología durante la primera mitad de 2026 al concentrar el 22,5% del total de las causas validadas (58 casos). En segundo término se ubican aquellos casos donde no existen antecedentes suficientes para determinar el móvil (19%).
De forma paralela, el reporte advierte que los secuestros perpetrados en el marco de disputas familiares o domésticas representan una de las variables más estables del sistema, manteniéndose firmes en torno al 18% del total de casos validados entre 2022 y 2025, y alcanzando un 16,7% en el primer semestre de 2026. En aquellos casos donde los investigadores de la fiscalía y las policías lograron determinar formalmente la existencia de un vínculo previo entre la víctima y el imputado, la relación de pareja o expareja representó el 41,7% en 2025 y el 38,9% en el primer semestre de 2026.
Desde el punto de vista de la política criminal, el Ministerio Público alerta que este tipo de secuestro opera principalmente como una modalidad extrema de violencia de género, exigiendo el diseño de abordajes e intervenciones asistenciales diferenciadas a las aplicadas contra las redes del narcotráfico transnacional. En la vereda opuesta, la tipología de secuestros perpetrados con fines de abuso sexual o violación exhibió un marcado y progresivo descenso, reduciéndose a la mitad tras pasar de representar un 10,9% de las causas en 2022 a un 5,3% en el año 2025 (32 casos).
Los “Hotspots” de la retención y la logística de los encierros
El trabajo geoespacial del Ministerio Público identificó la persistencia de una marcada concentración territorial del delito, manteniéndose la Región Metropolitana como la principal zona de ocurrencia delictiva con el 37,8% de los casos en 2025 y el 39,5% en la primera mitad de 2026.
Al georreferenciar los puntos de inicio del secuestro en la capital, los investigadores de la fiscalía identificaron puntos de alta concentración en la zona centro, específicamente al sur de la comuna de Santiago y en las inmediaciones del barrio Franklin, además de sectores de la zona poniente y comunas de la zona norte de Santiago como Independencia, Recoleta y Huechuraba. En la Región de Valparaíso, los principales focos delictuales se concentran en Playa Ancha (Valparaíso), la zona poniente de Viña del Mar, Quilpué y Limache. En la Región del Biobío, las comunas con mayor prevalencia corresponden a Los Ángeles, Mulchén, Coronel y Concepción.
En lo relativo al análisis dinámico de la comisión de los delitos, los informes policiales de la PDI exponen la gravedad de los medios comisivos empleados. Durante 2025, el uso de automóviles para perpetrar el secuestro se registró en un 54,6% de los casos, seguido por la presencia de armas de fuego (34%), armas blancas (15,3%) y objetos contundentes (10,9%). Durante el primer semestre de 2026, el empleo de vehículos motorizados subió al 58,6% de las causas y el uso de armas de fuego aumentó al 37,3%.
La vía pública constituye el principal punto de inicio del rapto (29% en 2025 y 25,4% en 2026). Sin embargo, el lugar de retención efectivo de las víctimas revela una particularidad: en el 52% de los casos de 2025 y en el 46,5% de las causas de 2026, el vehículo del propio imputado se transformó en el espacio físico de cautiverio, seguido por el domicilio del sospechoso. Es en esta fase de retención donde se registran alarmantes niveles de violencia, constatando el Ministerio Público la presencia de signos evidentes de tortura física en el 26,8% de las víctimas asistidas en 2025 y en el 15,5% de las atendidas en 2026.
Finalmente, la duración del cautiverio declarada por las víctimas también experimentó modificaciones. Durante 2025, el rango de retención predominante se fijó entre 1 y 6 horas (33,6% de los casos), mientras que el porcentaje de víctimas que permaneció secuestrada por un plazo superior a las 24 horas alcanzó el 26%. No obstante, durante el primer semestre de 2026, si bien la retención corta de 1 a 6 horas concentró el 35,7% de las causas, el volumen de víctimas que declaró haber estado privada de libertad por más de un día se disparó notablemente, alcanzando casi un 38% del total de casos.
Este preocupante panorama criminológico explica por qué la Fiscalía Nacional ha priorizado la persecución de este flagelo, integrando las indagatorias bajo la acción preferente de los equipos de Fiscalías de Foco y de los Equipos de Respuesta Temprana contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), regulados formalmente mediante el Oficio FN N° 955/2026.
