Contraloría envía al Ministerio Público informe por contratos de $758 millones con parientes de funcionarios en Municipalidad de Curacautín

Sep 4, 2026 | Actualidad

La auditoría del ente contralor detectó la tramitación de 78 órdenes de compra con proveedores inhabilitados por vínculos de consanguinidad o afinidad. El informe expone además un flanco de incompatibilidades en la Dirección de Obras Municipales, donde asesores a honorarios patrocinaban proyectos particulares que debían ser revisados por la propia entidad.

La Contraloría Regional de La Araucanía remitió formalmente los antecedentes al Ministerio Público tras detectar una serie de graves irregularidades administrativas y financieras al interior de la Municipalidad de Curacautín. El informe de investigación especial, que abarca el periodo entre los años 2024 y 2025, expuso debilidades en los mecanismos de control interno, la inobservancia de las normas sobre inhabilidades legales y un complejo entramado de incompatibilidades en la tramitación de proyectos particulares ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

El principal hallazgo de la acción de control se concentró en el área de adquisiciones de la corporación edilicia. Según detallaron los fiscalizadores, al menos 14 proveedores que mantenían vínculos de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios del propio municipio lograron suscribir contratos con la entidad pública. Estas operaciones comerciales, que contravienen de forma directa el estatuto de probidad administrativa que regula a los organismos del Estado, se concretaron mediante la emisión de 78 órdenes de compra por un monto acumulado de $758.742.525 pesos.

Negocios cruzados y doble rol a honorarios

La indagatoria del órgano contralor también identificó el caso particular de un prestador de servicios bajo la modalidad de honorarios que, de manera paralela a su vinculación contractual con el municipio, se adjudicó contratos con la misma entidad a través de una empresa que figuraba bajo su propiedad directa.

Junto con la arista de compras públicas, el informe de Contraloría desnudó un flanco de vulnerabilidades en la Dirección de Obras de la comuna. Los auditores constataron que, entre 2024 y 2025, al menos tres servidores contratados a honorarios ingresaron de forma particular expedientes de edificación ante la DOM en calidad de arquitectos patrocinantes. De igual forma, se verificó que dos prestadores a honorarios participaron de forma privada en el diseño de proyectos de especialidades asociados a permisos de edificación, cuyas carpetas técnicas debían ser sometidas posteriormente a revisión y visación por parte de la misma oficina municipal para la cual prestaban servicios.

Esta práctica se extendía incluso a profesionales contratados bajo honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de Curacautín, quienes de manera regular gestionaban expedientes de carácter particular ante la mencionada Dirección de Obras.

El nexo con Lautaro y las medidas decretadas

El alcance de las inobservancias normativas detectadas por el ente de control no se limitó a los funcionarios de la plaza local. Las pesquisas identificaron que un funcionario perteneciente a la planta de la Municipalidad de Lautaro realizó trámites relacionados con permisos de edificación en la comuna de Curacautín haciendo uso de su jornada laboral ordinaria. A raíz de esta situación, la Contraloría instruyó al Municipio de Lautaro abrir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las responsabilidades administrativas correspondientes y determinar si existió una vulneración al principio de probidad.

Ante las conclusiones plasmadas por los fiscalizadores, la Municipalidad de Curacautín comunicó el inicio de un procedimiento disciplinario interno con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad funcionaria en las infracciones descritas. Por su parte, el órgano contralor dispuso la implementación de mecanismos de control preventivo para evitar la suscripción de contratos con proveedores inhabilitados en el futuro. El total de los antecedentes ya se encuentra en manos de la fiscalía local para evaluar la eventual configuración de ilícitos penales asociados al fraude y la negociación incompatible.

 

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