Un testimonio clave prestado ante el Ministerio Público detalla las operaciones informales que la PDI realizó tres días antes de que se judicializara la denuncia por violación contra la exautoridad de Interior. El detective a cargo de las pesquisas desclasificó el uso de un sándwich de un restaurante céntrico para verificar el estado de la funcionaria, la pérdida de imágenes clave por problemas técnicos y la sobreescritura de los registros del restaurante Ají Seco.
El 10 de octubre de 2024, mientras se encontraba en el Estadio Nacional presenciando el partido entre las selecciones de fútbol de Chile y Brasil, el detective J. ,quien ingresó a la PDI en 2005 y forma parte de la Brigada de Contrainteligencia desde 2018,recibió una llamada de urgencia de su superior directo. La instrucción era perentoria: debía abandonar el recinto deportivo para sostener una reunión inmediata con la entonces jefa nacional de Inteligencia de la institución, Cristina Vilches.
En dicha cita se estructuró un grupo de tareas especializado para abordar un requerimiento directo asociado a la Subsecretaría de Interior. Según detallaría el propio detective J. en su declaración de enero de 2025 ante el fiscal Francisco Jacir y el abogado asesor José Luis Pérez Calaf, la orden consistía en reconstruir de manera reservada las actividades realizadas por el entonces subsecretario Manuel Monsalve durante la noche del 22 de septiembre de 2024. En esa fecha, según la versión de la exautoridad, posiblemente había sido objeto de una inducción por drogas que le impedía recordar los hechos. La misión asignada al equipo de contrainteligencia contemplaba averiguar los desplazamientos de Monsalve, detectar eventuales intervenciones de terceros y constatar discretamente el estado de salud y paradero de la funcionaria que lo acompañaba. Para ello, se les instruyó actuar estrictamente bajo “operaciones de inteligencia”, omitiendo la realización de entrevistas formales a testigos.
La maniobra del sándwich en el centro de Santiago
El primer foco del equipo policial apuntó a establecer contacto con la profesional dependiente de la subsecretaría, quien a esas alturas se encontraba inubicable y no respondía los llamados telefónicos de sus jefaturas. Tras descartar el levantamiento inmediato de las cámaras del edificio de la afectada en el centro de Santiago por considerarlo una medida “muy invasiva”, el detective J. ideó una estratagema informal de bajo perfil: contratar un falso servicio de delivery de alimentos para ingresar al inmueble.
El primer intento, ejecutado con la compra de un sándwich, resultó fallido debido a un error de identificación. Al omitirse el nombre de la destinataria y consignar únicamente el número del departamento, el detective que actuaba como repartidor terminó entregando el pedido a otra residente, percatándose la patrulla de que existían varias personas con el mismo nombre en la copropiedad. Para subsanar la brecha de información, una inspectora del equipo policial entabló una conversación con el conserje del edificio y obtuvo la numeración exacta de la vivienda de la víctima.
Con el dato corregido, el equipo ordenó un segundo sándwich en el restaurante “Guido”. En esta ocasión, el falso repartidor logró que el conserje se comunicara mediante el citófono del edificio. Pese a que desde el interior del departamento indicaron que no habían solicitado comida, el funcionario de punto convenció a los residentes de bajar a recibir el pedido. De este modo, el padre de la funcionaria descendió al hall, consultó si la orden se encontraba pagada y regresó al departamento con el alimento. Tras verificar físicamente la presencia de la mujer y su entorno familiar directo, el detective J. reportó formalmente a sus superiores que la afectada había sido localizada en buenas condiciones y acompañada por su progenitor, según reveló Biobio Investiga
Pérdida de registros del restaurante Ají Seco Místico y el incidente de las cámaras
En paralelo a las maniobras de ubicación, las diligencias de contrainteligencia se concentraron en recuperar registros fílmicos del restaurante Ají Seco Místico, ubicado en la calle Mac Iver, donde Monsalve y la denunciante cenaron previo a los sucesos investigados. El 11 de octubre de 2024, J. y una colega asistieron formalmente al local, reuniéndose con el administrador y el personal a cargo del sistema de cámaras.
Sin embargo, el peritaje técnico arrojó resultados negativos. Los encargados explicaron a la policía que la plataforma almacenaba videos en alta resolución que, debido al elevado espacio computacional que requerían, se sobrescribían de manera automatizada transcurrido un plazo de poco más de una semana. Al revisar el calendario del sistema, se constató que las grabaciones solo se conservaban desde el 28 o 29 de septiembre de 2024, encontrándose definitivamente eliminados los registros correspondientes al domingo 22 de septiembre.
La controversia central sobre la preservación de la evidencia se trasladó a las cámaras del Cuartel General de la PDI, colindante a la ruta que transitó Monsalve. El detective J. logró copiar los registros de dicha jornada utilizando un dispositivo USB (pendrive) externo, debido a que el sistema operativo de su unidad rechazó el disco duro institucional por razones de compatibilidad técnica.
La polémica estalló con posterioridad, al revelarse un informe interno de la PDI que advertía sobre el presunto extravío de dichos archivos multimedia. En su declaración ante los persecutores, el detective J. descartó la existencia de maniobras de ocultación intencionadas y justificó el borrado inicial de la evidencia. El funcionario argumentó que la cámara presentaba un plano restringido enfocado hacia el suelo, registrando únicamente el flujo vehicular y el paso de transeúntes, sin captar elementos de relevancia delictual. “Por no ser de interés de inteligencia, aquellas imágenes del pendrive no las copié en el disco duro y después de unos días, las borré”, declaró J.. No obstante, una vez que el caso trascendió públicamente, un laboratorio especializado de la PDI logró recuperar la totalidad de los archivos borrados del pendrive, el cual fue finalmente entregado al Ministerio Público durante la comparecencia judicial del oficial.
Dos aristas penales vigentes contra el exsubsecretario
A casi dos años de la detonación de la crisis, la situación judicial de Manuel Monsalve se mantiene estructurada bajo dos causas penales vigentes tramitadas de manera paralela en la Fiscalía de Alta Complejidad. La primera de ellas, correspondiente a la imputación por violación y abuso sexual, se encuentra a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir. La segunda línea de persecución, sustanciada por la fiscal de la misma jurisdicción, Macarena Cañas, indaga el presunto mal uso de gastos reservados asociados a su función directiva.
Aunque la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI evacuó informes técnicos entre fines de 2025 y comienzos de 2026 que acreditarían irregularidades en la rendición y destino de dichos caudales públicos, fuentes allegadas a la causa confirman que la arista financiera no ha experimentado avances sustantivos en el último período. En tanto, las imputaciones relativas a eventuales infracciones a la Ley de Inteligencia por el uso de recursos policiales de contrainteligencia antes de la denuncia formal fueron definitivamente desestimadas por el ente persecutor, al estimarse que las conductas descritas no satisfacen las exigencias de tipicidad que demanda el ordenamiento penal vigente.
