La Segunda Sala del Tribunal Constitucional paralizó de forma temporal los cuadernos disciplinarios de cinco magistrados investigados por viajar al extranjero bajo licencias médicas, obligando a la Corte Suprema a iniciar la vista de causas revisando únicamente 53 de los 58 expedientes en carpeta. En tanto, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago volvió a recurrir en Huérfanos tras sufrir el rechazo unánime de su primera presentación.
La masiva ofensiva de los miembros de la judicatura ante el Tribunal Constitucional (TC) comenzó a alterar sustantivamente el cronograma de la Corte Suprema justo en el día fijado para el inicio de la revisión de sus cuadernos de remoción. El TC comunicó oficialmente al máximo tribunal la suspensión temporal de los procedimientos disciplinarios de cinco magistrados investigados por haber viajado fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas. Debido a esta determinación, el pleno de la Corte Suprema debió limitar el inicio de sus audiencias extraordinarias de este miércoles a la revisión de solo 53 de las 58 causas originalmente contempladas.
Según explicó el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, el proceso sumario se realiza mediante vistas sucesivas y reservadas de cada expediente, contemplando tiempos de alegato de 30 minutos para cada parte. No obstante, Sáez advirtió que la votación de los ministros no se ejecutará de forma inmediata: “No va a haber decisión hasta que se vean todos los casos que están planificados”, precisó la autoridad administrativa, detallando que las partes también conservan el derecho a solicitar la suspensión de su causa para desplazarla al final de la tabla.
Los cinco magistrados que congelaron sus expedientes
La parálisis de los cinco cuadernos de remoción se resolvió en la Segunda Sala del TC, instancia integrada por las ministras María Pía Silva y Catalina Lagos, los ministros Raúl Mera y Mario Gómez, y la ministra Marcela Peredo. En todos estos pronunciamientos, la ministra Peredo mantuvo un voto disidente, fundamentado en que la suspensión de procedimientos no es jurídicamente aplicable cuando el recurso de inaplicabilidad se dirige contra un auto acordado.
Los últimos en beneficiarse de esta medida cautelar de suspensión fueron las juezas Erna Fuentes y Macarena Bobadilla, junto a los jueces Juan Manuel Gatica y Eduardo Fritz, todos ellos representados ante la magistratura constitucional por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.
Estas cuatro suspensiones se sumaron a la obtenida previamente por el juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra —patrocinado por el abogado Carlos Quezada—, cuyo requerimiento de inaplicabilidad fue admitido a trámite y posteriormente declarado admisible de forma parcial respecto del artículo 41 del auto acordado contenido en el Acta N° 108-2020 de la Corte Suprema, norma que regula los sumarios administrativos en el Poder Judicial.
El segundo intento de Urrutia y la recusación contra tres supremos
Una realidad procesal distinta ha enfrentado el titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El magistrado, indagado administrativamente por haber viajado a Costa Rica y Ecuador haciendo uso de permisos médicos de carácter psiquiátrico, recurrió por primera vez ante el TC el pasado 5 de agosto con el objetivo de declarar inconstitucionales los artículos 40 y 41 del Acta N° 108-2020.
Sin embargo, el 26 de agosto, la Primera Sala del TC declaró unánimemente su requerimiento como no admitido a trámite. El dictamen —firmado por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht, y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery— fustigó que la presentación de la defensa se limitó a aludir en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema, “sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación”.
Ante el revés, Urrutia no se dio por vencido y el 31 de agosto ingresó un segundo requerimiento de inaplicabilidad impugnando exactamente las mismas disposiciones. La nueva acción volvió a quedar radicada ante la Primera Sala del TC, por lo que serán los mismos ministros que desecharon su primer intento los encargados de evaluar su admisibilidad.
De forma paralela al frente constitucional, la defensa de Urrutia abrió una disputa directa en el pleno de la Corte Suprema al presentar una recusación amistosa en contra de tres ministros del máximo tribunal: Arturo Prado, Jean Pierre Matus y María Cristina Gajardo. El abogado Carlos Quezada fundamentó la recusación invocando la garantía constitucional de contar con un tribunal imparcial, consagrada en el artículo 19 número 3 de la Carta Fundamental, buscando inhabilitar a los tres supremos del debate sobre su remoción.
Estrategia en cadena: Cerca de 20 jueces recurren al TC
La estrategia de insistir con “segundos requerimientos” tras sufrir un rechazo inicial comenzó a ser replicada activamente en los pasillos de los tribunales. El juez Gustavo Benavente y la jueza María Verónica Arancibia —también representados por el abogado Carlos Quezada— presentaron nuevas acciones ante el TC luego de que la Primera Sala no admitiera a trámite sus presentaciones originales. A diferencia del caso de Urrutia, los nuevos intentos de Benavente y Arancibia quedaron radicados ante la Segunda Sala, la misma que ha otorgado las suspensiones vigentes.
A este complejo mapa judicial se sumaron recientemente las presentaciones de los jueces Óscar Pacheco y Carlos Jeria, elevando a casi 20 el número de magistrados que han intentado trasladar la disputa administrativa al Tribunal Constitucional para frenar los sumarios originados tras la denuncia de la Contraloría General de la República por el uso de licencias médicas. Mientras la Corte Suprema avanza reservadamente en la maratónica vista de las 53 causas que restan en tabla, el TC mantendrá la llave procesal para definir cuántos de estos cuadernos podrán ser votados de fondo por el pleno supremo.
